Circular 2/2021, de 30 de abril de 2021, de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento de la competencia territorial en el orden jurisdiccional civil

Circular 2/2021, de 30 de abril de 2021, de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento de la competencia territorial en el orden jurisdiccional civil

1. Introducción y delimitación metodológica

Ha sido tradicional atribuir al Ministerio Fiscal la función de vigilancia del cumplimiento de las normas que delimitan la competencia en los distintos órdenes jurisdiccionales. Esta asignación funcional tiene remotos antecedentes, contemplándose ya en la el art. 838.3 de la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 1870.

El art. 3.8 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante EOMF), dispone que “corresponde al Ministerio Fiscal (… ] mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros”.

En una aproximación general puede decirse que en la necesidad de respetar las normas de competencia subyacen intereses públicos y sociales entroncados con el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley.

La regulación de la competencia territorial se contiene en el Libro 1, Título 11, Capítulo 11, Sección 11, arts. 50 a 60 de la LEC de 2000.

En principio, según se desprende del art. 54 LEC, las normas sobre competencia territorial tienen naturaleza dispositiva. La LEC reconoce, siguiendo sus precedentes, un ámbito de operatividad a la autonomía de la voluntad mediante la atribución de efectos a la sumisión de las partes (expresa o tácita) al configurarla como criterio preferente en la determinación de la competencia territorial.

Este reconocimiento hunde sus raíces en la concepción de que siempre que se respeten las normas de competencia objetiva y funcional, el interés público queda salvaguardado, siendo indiferente que conozca uno u otro órgano del mismo orden y rango, por lo que debe partirse de una norma general que la considera prorrogable.

Sin embargo, en el ámbito de la competencia territorial, el campo aparentemente amplio de la autonomía de la voluntad se ve limitado al incorporar la Ley fueros imperativos en numerosas materias que pueden sintetizarse en los siguientes: en procesos relativos a acciones reales sobre bienes inmuebles; en procesos sobre cuestiones hereditarias; en procesos de protección de derechos fundamentales; en procedimientos sobre arrendamientos de inmuebles; sobre propiedad horizontal; sobre daños ocasionados por la circulación de vehículos de motor; en procedimientos sobre impugnación de acuerdos sociales; en propiedad industrial; competencia desleal; patentes y marcas; en procedimientos sobre condiciones generales de contratación; en tercerías de dominio o mejor derecho; en seguros; en venta a plazos de bienes muebles, contratos destinados a su financiación y los contratos sobre prestación de servicios o bienes muebles cuando la celebración de los mismos haya sido precedida de oferta pública y en procedimientos relativos a consumidores y usuarios y asimilados.

Además, se excluye la prorrogatio fori con carácter general para el juicio verbal —uno de los dos procesos declarativos ordinarios instaurados por la LEC— así como para los procedimientos especiales, en los términos que se expondrán en la presente Circular.

El art. 54.1 LEC introduce igualmente una cláusula genérica en la que se remite a las demás previsiones que las Leyes pudieran introducir estableciendo otros supuestos de imperatividad de la competencia territorial. Dentro de esta cláusula se comprendería el fuero privilegiado del Estado y asimilados, el fuero para el ejercicio del derecho de rectificación y el fuero previsto para el concurso de acreedores.

En realidad, la imperatividad del fuero en los procesos de familia, verbales, monitorio, ejecución ordinaria y cambiaria, hacen que desde un punto de vista cuantitativo, la gran mayoría de los procedimientos se sometan a lo que en teoría es la excepción. Puede decirse que en la práctica la competencia territorial en el proceso civil es mucho más imperativa que dispositiva.

Esta publificación de los fueros territoriales obedece a distintas justificaciones: la naturaleza pública de los intereses en conflicto, la conveniencia de promover la distribución equitativa de asuntos entre los juzgados, la necesidad de promover la economía procesal y procurar evitar las dilaciones indebidas, la necesidad de especialización, la seguridad del tráfico mercantil o la finalidad de facilitar la inmediación judicial o la protección del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte más débil de la relación jurídica debatida. Común denominador a todas las justificaciones es que subyace un interés público que exige preservar en estos casos el respeto a las normas de competencia territorial.

La Circular 1/2001, de 5 de abril, relativa a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del fiscal en los procesos civiles abordó de forma periférica la competencia territorial, de forma meritoria, teniendo en cuenta que se carecía de experiencia práctica. Transcurridos más de 20 años de la publicación de la LEC, se hace necesario revisar sus postulados y completarlos, pues se han mostrado insuficientes para solventar las dudas interpretativas que la práctica ha puesto de manifiesto.

La finalidad del presente documento es servir de ayuda a las/os Sras./es. Fiscales a la hora de dictaminar sobre competencia, teniendo en cuenta que deben intervenir en todos los procedimientos en los que el juez plantee de oficio la cuestión. La dispersión de criterios y la casuística hace muy compleja la labor de encontrar la solución correcta a cada conflicto.

Si el/la fiscal, ante las dudas del juzgado sobre su competencia, emite un dictamen fundado y riguroso, las posibilidades de que llegue a plantearse indebidamente una cuestión de competencia disminuirán exponencialmente, y con ello, las dilaciones que necesariamente generan estos incidentes.

Como refiere el ATS de 29 de noviembre de 2016 (rec. 1001/2016), los conflictos de competencia “dilatan la resolución de la solicitud formulada, con grave perjuicio para los interesados”.

Las cifras de conflictos de competencia territorial que anualmente se alcanzan, de acuerdo con las estadísticas del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado son extraordinariamente altas, habiéndose calculado el promedio de duración añadida del proceso en estos casos en diez meses y medio, cuando deben ser resueltos por el TS.

Un elevado número de conflictos que se plantean en la práctica son perfectamente evitables, pues la cuestión que se debate ha sido ya resuelta por el tribunal Supremo, que ha ido generando una amplísima doctrina sobre los fueros territoriales.

No se pretende con la presente Circular estudiar todos los supuestos —pues ello llevaría a una extensión desmesurada— sino exponer los ámbitos que generan mayores problemas y las soluciones claramente asentadas, dando respuesta a supuestos dudosos, sistematizando las materias, ordenando los criterios y facilitando un índice detallado, de forma que la consulta para los Fiscales que deban dictaminar sea lo más sencilla posible.

[…]

4. Reglas específicas sobre competencia territorial

4.1 Procesos en los que el/la fiscal tiene la cualidad de parte o de interviniente

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4.1.4 Procedimientos sobre menores

[…]

4.1.4.2 Procedimientos sobre sustracción internacional de menores

Conforme al apartado segundo del art. 778 quáter LEC, “en estos procesos, será competente el juzgado de Primera Instancia de la capital de la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias en materia de derecho de familia, en cuya circunscripción se halle el menor que haya sido objeto de un traslado o retención ilícitos, si lo hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto corresponda. El tribunal examinará de oficio su competencia”.

La interpretación de este fuero es analizada en el epígrafe 8.4.2 de la Circular 6/2015, de 17 de noviembre, sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, cuyo contenido debe ahora darse por reproducido.

[…]

4.2 Procesos en los que el/la fiscal no tiene la cualidad de parte o de interviniente

[…]

4.2.6 Procedimientos de ejecución

[…]

4.2.6.4 Ejecución de título judicial extranjero

La competencia corresponde, atendido el trámite procesal en que se encuentran las actuaciones, al Juzgado de Primera Instancia que dictó la resolución judicial de reconocimiento de ejecutividad de un título extranjero, como trámite previo a la orden de general de ejecución, pendiente de notificación y recurrible ante la Audiencia Provincial (ATS de 12 de febrero de 2013, rec. 189/2012).

4.2.6.5 Ejecución de laudo arbitral

Conforme al Acuerdo de 16 de diciembre de 2008, el fuero competente es el del lugar en que se dictó el laudo arbitral, por aplicación de lo dispuesto en el art. 545.2 LEC, en relación con el art. 8.4 de la Ley 60/2003, de Arbitraje.

Este criterio ha sido seguido, entre otros, en el ATS de 24 de julio de 2008 (rec. 54/2008): “la cuestión de competencia negativa suscitada debe ser resuelta en favor del juzgado de 1ª Instancia núm. 47 de Madrid que es el lugar en que se dictó el laudo, de conformidad con los arts. 545.2 LEC y 8.4 de la Ley de Arbitraje 60/2003, y sin que sean de aplicación las normas citadas en el auto de dicho juzgado porque las mismas no rigen para el proceso de ejecución, cuya regulación excluye la prevista para el proceso de declaración salvo cuando hay laguna en aquél o exista norma de remisión”.

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6.4 Fuero para cuestiones hereditarias

6.4.1 Disposición general

Será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante (art. 52.1.4º LEC).

La alternativa “donde estuviere la mayor parte de sus bienes” es aplicable tanto a los supuestos de que el finado hubiere tenido su última residencia en España como en país extranjero. La regla imperativa del citado art. 52.1.4º LEC es compatible con un margen de elección de la parte demandante entre las dos posibilidades que la ley contempla (AATS de 4 de febrero de 2020, rec. 304/2019; de 26 de marzo de 2019, rec. 31/2019; y de 16 de noviembre de 2010, rec. 514/2010).

Se trata igualmente de un fuero imperativo (ATS de 17 de septiembre de 2013, rec. 122/2013).

[…]

6.4.2 Nombramiento de administrador a herencia yacente

En el ATS de 8 de julio de 2014 (rec. 91/2014) se analiza la competencia para conocer de una demanda de jurisdicción voluntaria para el nombramiento de administrador judicial a favor de una herencia yacente, el cual trae causa, a su vez, de un juicio ordinario precedente cuya finalidad es la elevación a escritura pública de un contrato de compraventa en su día celebrado con el fallecido y cuyo objeto es una vivienda situada en Madrid, juicio ordinario del que conocen los juzgados de Madrid. El TS declara que el art. 52.1.4º LEC establece que “en los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiera tenido en un país extranjero el lugar de su último domicilio en España, o donde estuviera la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante En el presente caso, elegida por la parte actora la localidad de Madrid para interponer la demanda de jurisdicción voluntaria, lugar donde se encuentra el bien respecto del cual trae causa el presente expediente de jurisdicción voluntaria, corresponde a los juzgados de Madrid la competencia para su conocimiento”.

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6.4.6 Autorización para aceptar y renunciar herencia

El criterio que venía aplicando el TS era considerar como norma aplicable el art. 62 LJV atribuyendo la competencia al juzgado del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (AATS de 25 de junio de 2019, rec. 78/2019; de 4 de julio de 2018, rec.102/2018). También para renunciar a la herencia se consideraba aplicable el art. 62 LJV (AATS de 25 de junio de 2019, rec. 78/2019; de 11 de junio de 2019, rec. 130/2019; de 4 de julio de 2018, rec. 102/2018).

Sin embargo, recientemente se ha modificado este criterio y, así, en el ATS de 14 de enero de 2020 (rec. 293/2019) se declara que “estamos ante una solicitud de autorización judicial para renunciar a los derechos hereditarios que pudieran corresponder a un menor, por lo que será competente el juzgado de Primera Instancia del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante”.

En el mismo sentido se ha declarado que “si la petición tiene por objeto solicitar la autorización judicial necesaria para repudiar la herencia o legado a favor de un menor o de una persona con capacidad modificada judicialmente, o cuando únicamente tiene por objeto la autorización para aceptar sin beneficio de inventario, será competente el juzgado de Primera Instancia del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante” (AATS Pleno de 1O de diciembre de 2019, rec. 187/201;9 y de 10 de diciembre de 2019, rec. 203/2019).

[…]

6.21 Exequatur

Conforme al art. 52.1 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, “la competencia para conocer de las solicitudes de exequatur corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solícita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur».

El apartado 4 dispone que el órgano jurisdiccional español controlará de oficio la competencia objetiva para conocer de estos procesos.

La norma contempla un fuero principal y dos fueros subsidiarios (AATS de 25 de junio de 2019, rec. 51/2019; y de 17 de julio de 2018, rec. 121/2018).

En relación con una sentencia de divorcio, el TS declara que “esta Sala, bajo la vigencia del expresado artículo 955 LEC 1881 ya se había pronunciado sobre la competencia para el reconocimiento de las sentencias de divorcio extranjeras […] en el sentido de mantener la competencia del juzgado del domicilio de la demandante como persona a la que se refieren los efectos de solicitud de reconocimiento de la sentencia de su divorcio […] El fuero de competencia territorial del artículo 955 de la LEC es electivo para el actor, pudiendo plantear por tanto la solicitud de reconocimiento de la sentencia de divorcio ante el juzgado del domicilio del otro cónyuge, frente al que solicita el reconocimiento, o del domicilio de la persona a la que se refieren los efectos de dicha solicitud. Pretendiéndose el reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal argentino en la que se acordaba el divorcio de la actora, los efectos de esta resolución judicial han de recaer sobre cualquiera de las dos partes unidas con anterioridad por un vínculo matrimonial, por lo que al haberse interpuesto la demanda ante los juzgados del domicilio de la actora, en uso del fuero electivo permitido por el artículo citado, debe conocer de la solicitud de reconocimiento el juzgado ante el que correctamente se planteó la demanda de exequatur […] Criterio, que no ha de verse alterado por la nueva regulación contenida en el artículo 52.1 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, que en términos similares fija como fuero principal electivo el domicilio de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera de forma que tratándose de una sentencia de divorcio que produce efectos en cualquiera de las dos partes unidas con anterioridad por un vínculo matrimonial, resulta competente el juzgado correspondiente al domicilio en España de la demandante para conocer de la solicitud de reconocimiento de la sentencia que declara su divorcio “la doctrina de esta sala mantiene que la sentencia de divorcio produce efectos para ambos ex cónyuges, por lo que es posible la presentación de la demanda de exequatur en el lugar donde el solicitante tenga su domicilio o residencia en España al tiempo de interposición de la demanda”. No resulta necesario entrar en los fueros subsidiarios que recoge el citado art. 52.1 de la Ley 29/2015, que en último caso fija además la competencia del Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequatur (AATS de 17 de julio de 2018, rec. 121/2018; y de 1 de marzo de 2017, rec. 12/2017).

Por tanto, en estos casos la solicitud de exequatur de sentencia de divorcio puede presentarse tanto en el lugar de domicilio del propio demandante como en el del demandado (vid. ATS de 25 de mayo de 2016, rec. 408/2016).

En un supuesto en el que ni demandante ni demandado tienen domicilio en España y se pretende el reconocimiento de una sentencia de divorcio se opta por considerar competentes a los juzgados de Madrid, por constituir en definitiva la pretensión la de lograr su inscripción en el Registro Civil Central (AATS de 21 de enero de 2020, rec. 255/2019; de 2 de abril de 2019, rec. 35/2019; y de 17 de julio de 2018, rec. 121/2018).

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