Falta de competencia internacional al haber sido declarado el concurso de la sociedad en Liechtenstein (AAP Barcelona 15ª 25 febrero 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 25 de febrero de 2021 confirma la decisión de instancia  que inadmitió la solicitud de declaración de concurso de L.I.H., S.L. por dos motivos, uno procesal por falta de competencia internacional al haber sido declarado el concurso de la sociedad en otro país y otro de fondo por no concurrir el presupuesto de insolvencia actual, tal y como se desprende de las cuentas anuales acompañadas, del balance de situación así como de los propios actos de la instante (como es de ver de la propia demanda y del recurso interpuesto frente al Juzgado de Vaduz (Liechtenstein) en el que se asevera su estado de no insolvencia. El Auto razona del siguiente modo:

“(…) En el caso que nos ocupa se ha dictado resolución extranjera de concurso respecto de la sociedad Litexco Internacional Holding, S.L. por parte del Juzgado de Vaduz (Liechtenstein). Al ser un estado que no forma parte de la Unión Europea no resulta de aplicación el Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (…). A diferencia del principio de eficacia inmediata que está reconocido en el art. 19 del Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, en el caso de la declaración de concurso del juzgado de Vaduz se requerirá una declaración expresa de reconocimiento en España a través del procedimiento de exequatur regulado en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, estableciendo el art. 220 de la Ley Concursal (actual art. 742 TRLC) los requisitos que deben cumplir tales resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento de insolvencia : 1º Que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la insolvencia del deudor, en virtud del cual sus bienes y actividades queden sujetos al control o a la supervisión de un tribunal o una autoridad extranjera a los efectos de su reorganización o liquidación. 2º Que la resolución sea definitiva según la ley del Estado de apertura. 3º Que la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el procedimiento de insolvencia esté basada en alguno de los criterios contenidos en el art. 10 de esta ley o en una conexión razonable de naturaleza equivalente. 4º Que la resolución no haya sido pronunciada en rebeldía del deudor o, en otro caso, que haya sido precedida de entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente, en forma y con tiempo suficiente para oponerse. 5º Que la resolución no sea contraria al orden público español (…). Afirma el recurrente que la declaración de concurso efectuada por el Juzgado de Vaduz carece de validez en España puesto que la resolución no era firme al tiempo de la solicitud de concurso voluntario ante los juzgados de Barcelona y se dictó por un juez incompetente, puesto que la concursada tiene su centro principal de intereses en España, por lo que al no respetar lo dispuesto en el art. 10 LC no reuniría los requisitos 2º y 3º del art. 220.1 LC por lo que no podría ser reconocida en nuestro país. Al carecer de efectos la resolución extranjera, es por lo que debe declararse en España el procedimiento principal de insolvencia (…). De la documentación aportada consta que la resolución extranjera ya ha adquirido firmeza, puesto que el tribunal de apelación de Liechtenstein ha resuelto el recurso de apelación interpuesto por la aquí instante del concurso en fecha 24 de octubre de 2019. Solicitada la traducción de esta resolución por esta Sala, puesto que se aportó sin traducir, consta que el tribunal de apelación anula la decisión del tribunal de instancia por falta de motivación manteniendo la declaración de concurso hasta que el citado juzgado dicte una resolución pronunciándose sobre la admisión o inadmisión motivada del concurso. Debemos entender que el juez de Vaduz debe haber dictado una nueva resolución admitiendo o no el concurso, la cual desconocemos al no haber sido aportada a las actuaciones (…). En todo caso, al no haberse solicitado en España el reconocimiento de la resolución extranjera, ésta no ha desplegado efectos, por lo que el juez español es competente para analizar su competencia y abrir el procedimiento principal en España, si procede (…).En cuanto a la competencia de los tribunales españoles, el art. 45 del TRLC (antes art. 10 LC) atribuye el conocimiento para declarar y tramitar el concurso al juez en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. En el caso de que el deudor sea una persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social, siendo ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio inscrito en el Registro mercantil dentro de los seis meses anteriores a la solicitud del concurso, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera acordado o decidido (…).Es el mismo criterio utilizado en el art. 3 Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia, con la única precisión que el cambio de domicilio social a otro Estado miembro es ineficaz si se hubiera realizado en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia (…). La jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otros, ATS 27 noviembre 2012 (Conflicto 210/2012), ha entendido que el centro de intereses principales parte de la presunción de que coincide con el lugar en el que se halla el domicilio social del deudor, exigiendo, en caso contrario, que el centro de intereses principales pueda ser claramente percibido y comprobado por los terceros ajenos a la sociedad. Por tanto, únicamente aquellos elementos que sean verificables por personas ajenas a la sociedad pueden ser tenidos en cuenta para valorar el lugar en que se encuentra el centro de intereses principales, lo que conducirá, en cada caso concreto, a la necesidad de alegar y acreditar una serie de indicios lógicos que permitan concluir lo anterior. En la STJUE 20 octubre 2011, asunto Interdil, se definen en la misma línea los elementos a valorar para analizar donde se encuentra el centro principal de intereses del deudor (“…”). 12. En el presente caso, valorando los datos y documentos acompañados al escrito de solicitud, cabe concluir que concurren indicios suficientes para afirmar que la competencia corresponde a los Juzgados Mercantiles situados en Barcelona, toda vez que no solo el domicilio sino también el centro principal de intereses radica en Barcelona. Así: a) La compañía tiene desde el año 2016 su domicilio social en España, en Barcelona, a pesar de que no consta inscrito en el Registro Mercantil, lo que únicamente tendría efectos para terceros (art. 10 LSC). El art. 45.2º del TRLC presume que el centro de intereses se halla en el lugar del domicilio social. b) Se trata de una sociedad que gestiona las empresas patrimoniales del grupo que tienen sus inmuebles en territorio Español, especialmente en Catalunya. c) La sociedad lleva a cabo sus actos de gestión y decisión en Barcelona, tal y como resulta de las actas de junta general que constan en las actuaciones. Igualmente sus sociedades participadas, que también tienen en Barcelona su domicilio social y su activo principal. d) El poder para pleitos se otorga en Madrid, domicilio de la persona física designada por el administrador social persona jurídica Litexco VR Management, S.L. e) Si analizamos el activo, está integrado por la participación en las sociedades vinculadas L.H., S.L., L.I., S.L.U, y L.O.I., S.A.U., estando domiciliadas dichas sociedades en Barcelona, y encontrándose la mayoría de las fincas que suponen el principal activo del grupo en Cataluña y ninguno en Liechtenstein. f) De la lista de acreedores se observa que está compuesta en un 21,28% por acreedores domiciliados en Liechtenstein, en un 49,10% por acreedores domiciliados en Panamá, en un 21% por acreedores domiciliados en Barcelona y en un 8,62% por acreedores domiciliados en Estados Unidos de América. Debemos recordar que el REI, art. 2.g), prevé que los derechos de crédito han de considerarse ubicados en “ el estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de intereses principales de su deudor” (…).A la vista de las pruebas practicadas se observa cómo la gestión y administración efectiva de la empresa se centra en el domicilio de Barcelona. Todos los datos revelan que los acreedores y clientes que mantienen relaciones con el deudor perciben de forma objetiva en el mercado que el centro de intereses principales se halla en Barcelona, donde se llevan a cabo los actos de gestión y administración y se desarrolla la mayor actividad de la empresa, centrada fundamentalmente en la gestión de las participaciones de sus sociedades filiales las cuales tienen su domicilio en Barcelona, donde celebran las juntas generales de socios y donde radican sus principales activos y acreedores (…).Por lo expuesto, procede declarar la competencia territorial de los juzgados Mercantiles de Barcelona (art. 45 TRLC y art. 3 Reglamento de Insolvencia) y debemos analizar la concurrencia de los presupuestos para la declaración de concurso en España”.

“(…) Los presupuestos para la declaración de concurso voluntario: situación de insolvencia. El art. 2 de la Ley Concursal (LC), que se corresponde con el art. 2 del Texto Refundido, “…”. A la vista del precepto (…), el concepto de insolvencia se vincula a la imposibilidad de cumplimiento ordenado de las obligaciones exigibles, es decir, el deudor no puede atender a las deudas comunes vencidas que le reclaman (…). En el supuesto de concurso voluntario se permite al deudor solicitar el concurso cuando no se hayan producido aún reclamaciones de deuda vencida pero haya una previsión evidente de que llegarán. En cuanto a la insolvencia inminente debemos destacar la reciente resolución de la sección donde reflexionábamos sobre tal presupuesto del concurso voluntario, así en el Auto de 25 de noviembre de 2020 “…”. En el supuesto enjuiciado estimamos que no concurría esa situación de inminencia de la insolvencia al tiempo de la solicitud de concurso, tanto a la vista de la documentación que el propio deudor aporta a la solicitud de concurso como de los actos propios llevados a cabo por el deudor ante el tribunal extranjero (…). En la memoria acompañada en la solicitud de concurso voluntario presentada el 28 de octubre de 2019 se argumentaba que la inminencia de la insolvencia se produce a la vista del embargo trabado respecto de las fincas de la sociedad participada L.I., S.L. y de la posibilidad de que en breve se ejecuten, al devenir definitiva la condena pendiente de recurso de infracción procesal ante el Tribunal Supremo. Esta ejecución, mantiene la solicitante del concurso, supondría una reducción de los ingresos que obtiene de la sociedad participada L.I., S.L. y una imposibilidad de atender sus obligaciones (…). Tal y como concluye la magistrada de instancia, de las cuentas anuales que se acompañaron a la solicitud de concurso no resulta que la sociedad estuviera incursa en insolvencia ni actual ni inminente. Constan las cuentas del ejercicio 2018 donde la sociedad cuenta con unos fondos propios de 15 millones de euros, pérdidas arrastradas del ejercicio anterior que no alcanzan los 4.000 euros y un pasivo corriente de 22.623 euros prácticamente todo con empresas del grupo. En el impreso de solicitud de concurso indica que tiene un pasivo de 16,6 millones de euros frente a un activo de 18,5 millones de euros. Resulta igualmente de la documentación contable que L.I., S.L.U, presenta a 31 de diciembre de 2018 una situación financiera excelente, con beneficios, siendo esta sociedad respecto de la que se ha trabado embargo. En la memoria, tras explicar el origen del conflicto con A.T., acreedor instante del concurso en Liechtenstein, el recurrente indica que el crédito que ostenta no es exigible puesto que está pendiente de sentencia y está suficientemente garantizado (…). En cuanto a los créditos que se incorporan en la lista de acreedores sorprenden por su íntima relación con el deudor, como despacho de abogados o asesores, o los procedentes del mismo grupo empresarial, además de que el único que consta como vencido al tiempo de la solicitud de concurso es el de A.T., instante del concurso necesario en Veduz, mientras que la fecha de vencimiento del resto de créditos, al parecer todos ellos vinculados al deudor, es posterior a la solicitud de concurso. Además se indica que la sociedad carece de gastos fijos que atender al estar en precario en una finca del grupo, no tiene gastos de suministros ni de trabajadores. Por lo que al tiempo de la solicitud de concurso no había obligaciones exigibles pendientes de pago, sin perjuicio del eventual vencimiento de los créditos (…). De la solicitud de concurso no resulta que la sociedad no pueda entender el pago regular de las obligaciones exigibles, de las que al parecer carece, pero tampoco resulta que no vaya a poder hacerlo en el futuro. De hecho ha transcurrido más de 1 año desde la resolución recurrida y no se ha puesto de manifiesto como hecho nuevo la insolvencia actual de la sociedad, que ya debería haber acontecido, ni los vencimientos de los créditos o su reclamación judicial o extrajudicial. De momento, el único crédito sería el del acreedor instante del concurso de Liechtenstein, que es el que se menciona tanto en la demanda como en el recurso (…). Lo cierto que es en el presente procedimiento vislumbramos ausencia de elementos esenciales de prueba que nos permitan afirmar que la instante se encuentra en situación de insolvencia, además de ocultación de información y contradicciones evidentes. Así parece que la sociedad participada tendría patrimonio suficiente para asumir el pago de la deuda de A.T., habiéndose embargado dos fincas que podrían cubrir el crédito, y no se explica qué ingresos percibe L.I.H. de su participada L.I. que para el caso de dejarlos de percibir le impidiera hacer frente a sus obligaciones y la situara en insolvencia inminente -recordemos que este es el argumento de la recurrente-, tampoco se detalla si las obligaciones exigibles de L.I. se podrían atender con los rendimientos obtenidos por las otras tres sociedades del grupo que la nutren y que son titulares de otras fincas (…). Por ello, no contamos con datos objetivos e inequívocos que nos lleven a la conclusión de que la evolución lógica de los acontecimientos generará una situación de bloqueo financiero en las cuentas del deudor que le llevarían en un futuro próximo a no poder atender de forma regular sus obligaciones (…). Pero además concurren actos propios del deudor que desvirtúan alegaciones y pretensiones defendidas en este procedimiento. Así consta que L.I.H. en el propio recurso que interpone el 17 de septiembre de 2019 frente a la decisión del tribunal de Veduz de declaración de concurso defiende su solvencia como argumento defensivo frente al concurso, es decir, niega que concurra el presupuesto para la declaración, argumentando y acreditando la inexistencia de sobreendeudamiento contable y que la sociedad disfruta de una activo superior al pasivo. Tales argumentos chocan con la solicitud de concurso voluntario presentada en España poco más de un mes después, el 28 de octubre de 2019, al ser uno de los presupuestos para la declaración de concurso la situación de insolvencia (…). Ya hemos señalado las omisiones de información relevante y las contradicciones pero se deben de advertir ciertas inexactitudes en los documentos presentados junto con la solicitud de concurso, como es el caso de la memoria. En ésta se indica que L.I.H. no tiene ningún procedimiento judicial pendiente pero lo cierto es que esta afirmación no es exacta, habiendo omitido la entidad información más que relevante. Así tras solicitar la traducción de la resolución del Tribunal de Apelación de Liechtenstein y de la lectura de la misma se observa que L.I.H., antes del 2018, fue demandada en aquel país por el acreedor A.T. en reclamación de la misma deuda que en España se estaba reclamando a la sociedad participada. Así consta, dentro de las alegaciones del solicitante del concurso en Liechtenstein, que el Tribunal de 1ª Instancia del Principado dictó el 29 de enero de 2018 auto de supresión judicial de la excepción de derecho contra apremio condenando al L.I.H. al pago de la suma de 1.259.072,33 CHF más intereses desde 11 de noviembre de 2016, más las costas del procedimiento monitorio y las costas del proceso de supresión judicial de la excepción de derecho contra apremio. De ello deducimos que tras un primer procedimiento monitorio y tras la oposición se siguió un segundo procedimiento del que L.I.H. fue condenada, como responsable solidaria sin beneficio de excusión de la deuda de A.T., con posterioridad se despachó ejecución forzosa sobre bienes muebles en fecha 25 de abril de 2018 procediéndose al embargo de las participaciones sociales de las que es titular la matriz. Estos datos se omiten en la solicitud de concurso, es cierto que en el recurso se habla de la existencia de un embargo de bienes por parte de A. pero sin explicar el origen del conflicto que existe entre las partes y que se remonta al año 2016 (…).La falta de información ha seguido durante el procedimiento, por un lado ha sido la Sala que ha tenido que pedir la traducción de la resolución del Tribunal de Apelación de Liechtenstein frente al auto de declaración de concurso del juez de Vaduz, pero se desconoce igualmente la decisión que tras la anulación de su resolución debió dictar el juez del concurso del Principado, si ha admitido o no el concurso (…). La falta de acreditación de la situación de insolvencia inminente por el solicitante del concurso al tiempo de la solicitud de concurso y sus propios actos defendiendo su solvencia ante los tribunales de Liechtenstein en la misma fecha nos debe llevar a confirmar la resolución de instancia, además de la evidente falta de información que impide conocer la real situación de la mercantil. Todo ello sin perjuicio de que la sociedad ante una nueva situación de insolvencia pueda instar una nueva solicitud de concurso voluntario, puesto que la presente resolución no produce efectos de cosa juzgada”.

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