De las estipulaciones del convenio se deduce, sin ningún género de dudas, que las controversias que surgieran entre las partes por la asistencia prestada a un lesionado en un accidente de tráfico, deben ser sometidas a arbitraje (AAP León 2ª 28 octubre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de 28 de octubre de 2020 confirma la decisión de instancia que estimó una declinatoria  arbitral declarándose la falta de jurisdicción por sometimiento de la cuestión a arbitraje, debiendo este órgano de abstenerse de conocer del presente asunto, sobreseyéndose el procedimiento; sin imposición de costas. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) – No discutida la vinculación de las partes a lo dispuesto en el Convenio Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico, según su Estipulación 2.2.B, al intervenir en el siniestro más de un vehículo, la obligada al abono de la asistencia sanitaria no era la aseguradora del vehículo causante del siniestro (CASER), sino la aseguradora del vehículo ocupado por la víctima. Según su Estipulación Cuarta, las partes suscriptoras del Convenio, más los representantes de la Sanidad Pública, constituirán una Comisión de Vigilancia y Arbitraje de carácter nacional, «como órgano para resolver cuantas situaciones puedan suscitarse en el seguimiento o interpretación de este Convenio, otorgando a dicha Comisión plena competencia sobre toda cuestión que se someta a su conocimiento por cualquiera de las partes adheridas al Convenio». Asimismo, se constituirán Subcomisiones del ámbito territorial correspondiente a cada servicio de salud firmante, siendo de obligado cumplimiento para las partes tanto las resoluciones de la Comisión como las de las Subcomisiones. Encontrándose entre las funciones de aquélla y de éstas, éstas por delegación de la Comisión, el dirimir los desacuerdos surgidos entre las entidades aseguradoras y los centros sanitarios. Según el apartado 3 de dicha Estipulación, «las partes firmantes de este Convenio y sus respectivos representados se obligan a someter las diferencias que en el ámbito del mismo puedan surgir, la falta de acuerdo sobre el contenido e importe de las facturas, así como la negativas o demoras en el pago de las mismas, a la Subcomisión Territorial, la cual resolverá o dará traslado del asunto a la Comisión Nacional para que resuelva…» Añadiendo en el párrafo siguiente del mismo apartado que «No se podrá acudir a procedimientos administrativos o judiciales de ejecución hasta que no exista un pronunciamiento expreso de la Comisión o Subcomisión correspondiente; las cuales adoptarán los acuerdos pertinentes en un plazo de seis meses desde la fecha en que fueron recepcionados los asuntos que se les sometan. Transcurrido este plazo sin el citado pronunciamiento expreso, las partes representadas quedarán liberadas de la prohibición expresada al principio de este párrafo, al objeto de que se inicien cuantas acciones consideren oportunas en defensa de sus derechos». Por último, «las resoluciones serán de obligado cumplimiento en el plazo de treinta días naturales desde su comunicación, tendrán la consideración de laudo y serán finalizadoras del procedimiento a los efectos de la legislación vigente» (…). Como ya hemos anticipado, sostiene la recurrente que, en realidad, no existe controversia en la aplicación del Convenio, puesto que la aseguradora rechazó su aplicación, no existiendo por tanto controversia que someter a arbitraje. El argumento impugnatorio de la resolución recurrida no puede ser más desacertado. Rechazado el pago de las facturas del Hospital por la aseguradora en principio obligada a su pago, entra en juego el apartado 3 de la Estipulación del Convenio antes transcrito, puesto que estamos ante un supuesto de negativa al pago con independencia de las causas a que obedezca la misma. Sostiene también la recurrente, para defender la competencia de los tribunales civiles para conocer de su reclamación, que la misma no se basa en un derecho propio, sino que actúa en virtud de la cesión que de su derecho le realizó el paciente al que prestó asistencia sanitaria, lo cual constituye un verdadero subterfugio para eludir la aplicación del Convenio y la sumisión al arbitraje en el mismo estipulada, proscrito por nuestro Derecho ( art. 6.4º y 7 Cc). Por último, denuncia la infracción de las normas ( arts. 1281 y ss) que nuestro Código Civil contiene en materia de interpretación de los contratos, infracción que no se da, puesto que de las estipulaciones del Convenio a que nos referimos y que en algún caso transcribimos en el Fundamento de Derecho Segundo se deduce, sin ningún género de dudas, que las controversias que surgieran entre las partes que los suscribieron (Centros Asistenciales, Entidades Aseguradoras y Consorcio de Compensación de Seguros) sobre la aplicación e interpretación del mismo, incluido por supuesto la negativa de una aseguradora hacerse cargo del pago de una factura a un hospital por la asistencia prestada a un lesionado en un accidente de tráfico, deben ser sometidas a arbitraje»

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