Se anula un laudo por haber sido dictado por un colegio arbitral compuesto por el presidente y uno de los vocales representante de uno de los dos sectores, y en ausencia del otro vocal representante del otro sector (STSJ Extremadura CP 1ª 21 octubre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª de 21 de octubre de 2020 (ponente: Maria Felix Tena Aragón) estima una acción de anulación formulada por N.E,, SA, frente al Laudo de fecha 19 de diciembre de 2019, dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura, con los siguientes argumentos:

“(…) La necesidad de garantizar que el laudo arbitral sea expresión de una cabal interpretación del derecho aplicable para la solución de la controversia planteada ante el colegio arbitral, pasa ineludiblemente por que la composición del mismo respete, no solo el principio de ser impar el número de árbitros, sino, en el caso concreto de las Juntas de Transporte Terrestre, que formen parte del mismo los sectores afectados, ya indicados. En tal sentido lo ha venido recogiendo el TSJ de Madrid (SS nos 47/2014, 52/2014, 61/2014, 57/2015 y 65/2015) desde la perspectiva de la necesidad de preservar el principio de igualdad en la designación de árbitros (art. 15.2º LA),que, a fortiori, exige ese mismo respeto en su actuación como integrantes del colegio arbitral una vez designados . La propia regulación legal y reglamentaria de las Juntas Arbitrales del Transporte evidencia, con claridad meridiana, que su composición responde precisamente a esa necesidad de preservar la defensa real y efectiva de los distintos intereses en juego, y con mayor razón cuando tampoco es requerida la intervención de Letrado que asista a las partes en el procedimiento arbitral (art. 9.6º ROTT). De nada sirve preservar de forma escrupulosa las exigencias del principio de igualdad en el procedimiento de designación de árbitros -que claramente resultarían contradichas si, por ejemplo, se previese la designación de un colegio arbitral donde una de las partes hubiese designado un árbitro, y no la otra-, si, acto seguido, se permite que esa impecable designación para actuar se vea contradicha por la posibilidad de que la decisión se adopte por un Presidente y por un árbitro que representa los intereses de uno solo de los sectores implicados). En parecidos términos, STSJ de Madrid de 11 de julio de 2017. Ante ello podría decirse, como dice la parte demandada, que el art 9.7º RD 1211/90 que recoge el Reglamento de desarrollo de la LOTT señala: «El laudo se acordará por mayoría simple de los miembros de la Junta, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. La inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del Presidente, no impedirá que se dicte el laudo», lo que implica que en el presente supuesto, y dado que la junta arbitral que adopta el acuerdo impugnado en la presente demanda se adoptó por el presidente de la Junta Arbitral de trasporte terrestre de Extremadura y por uno de los vocales, no asistiendo el otro de los vocales designado, se ajusta a esa previsión del Rto. Sin embargo, y aunque podría entenderse incluido dentro de la letra de ese precepto, no podemos considerar su acomodo con esta composición de la junta arbitral a la LOTT. Ese precepto reglamentario se dictó bajo el paraguas de la remisión «a las normas de desarrollo» que efectúa el art. 37.1º LOTT, y en el reenvío al ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento arbitral, según dispone el art. 38.1º LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, de la que pudiera inferirse una norma como el art. 9.7º ROTT, deben constituir límite del ejercicio de la potestad reglamentaria los contenidos en las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la Ley de Arbitraje. Y máxime cuando el propio art. 38.1º LOTT atribuye a los Laudos dictados por las Juntas Arbitrales “los efectos previstos en la legislación general de arbitraje”: ninguna duda cabe de que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA -cosa juzgada y vis ejecutiva-, pero, en lógica consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la no concurrencia de los motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece expresamente el art. 9.8º ROTT. Esto es, no cabe inferir de la LOTT una habilitación al titular de la potestad reglamentaria para ordenar el procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición de la Junta en abierta contradicción con el art. 12.1 de la vigente Ley de Arbitraje, que sigue lo dispuesto en su inmediato precedente, el art. 13 LA/1988, el cual también preveía, con carácter inequívocamente obligatorio, que el número de árbitros fuera impar (su tenor no dejaba lugar a dudas: «El número de árbitros, que será siempre impar …»). A igual conclusión tenemos que llegar si partimos del Decreto de creación de las juntas arbitrales de transporte en Extremadura, (decreto nº 48/1991 de 30 de abril), en este decreto no se recoge la posibilidad de que las juntas se constituyan de una forma distinta a la expresamente prevista, y por consiguiente, que adopten acuerdos válidos en derecho con la eficacia de cosa juzgada cuando su composición no es paritaria entre los dos sectores litigantes. En los art 6 y 7 de citada norma autonómica se describe la necesaria composición y participación, siempre de las dos partes implicadas, recogiendo la posibilidad de que se nombren suplentes de los vocales titulares, (también del presidente), para evitar que la composición de esa junta no sea paritaria. Esta razón sobrepasa la cuestión meramente formal de que los componentes sean impares, y traspasa el mero formalismo en el número al afectar al principio de igualdad de los sectores implicados, como ya se ha apuntado. En la Junta Arbitral tienen que ser oídas las partes implicadas, ya empresas, ya empresa y cargadores, ya empresa y usuarios; en todo caso, no puede adoptarse un laudo arbitral sin haber oído a los representantes correspondientes de los sectores o ámbitos implicados, no a las partes en concreto y específicas de un asunto sometido a arbitraje, que pueden declinar la posibilidad de intervención, aquí estamos ante la composición como tal de la junta arbitral, de quien tiene que decidir, y no solo de un partícipe en un asunto concreto del que, efectivamente, se puede prescindir. Ante todo ello, procede decretar la anulación íntegra del Laudo impugnado por infracción del orden público -art. 41.1º.f) LA-, puesto que, dictado por un colegio arbitral como el reseñado, compuesto por el presidente y uno de los vocales representante de uno de los dos sectores, y en ausencia del otro vocal representante del otro sector, vulnera un mandato legal de orden público -el previsto en el art. 12.1.LA- y dos preceptos constitucionales, cuya lesión sin duda es subsumible en el citado art. 41.1º.f) LA: los arts. 9.3 -principio de jerarquía normativa y 14 -principio de igualdad”.

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