Determinación de la fecha en que tuvo entrada en el Ministerio de Justicia la solicitud de cooperación remitida por la Autoridad Central Polaca a los efectos de apreciar la prescripción de la acción (AAP Lleida 2ª 13 octubre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda de 13 de octubre de 2020, resuelve le presente asunto: Presentada demanda de ejecución referida al incumplimiento de las obligaciones alimenticias establecidas en sentencia firme y planteada oposición por el ejecutado y por el ministerio Fiscal, la resolución recurrida estima parcialmente la oposición al apreciar la prescripción respecto de las pensiones devengadas con anterioridad al 19 de abril de 2015, por aplicación del plazo trienal previsto en el art. 121-21 del CCCat, por lo que sólo admite la ejecución de las pensiones alimenticias devengadas en los tres años anteriores a la presentación de la demanda de ejecución (19-4-2018), esto es, desde el 19 de abril de 2015, rechazando la alegación de la parte ejecutada que invocaba el plazo de cinco años. El Abogado del Estado interpuso recurso de apelación alegando que no procede aplicar el plazo de prescripción de tres años del art. 121-21 CCCat sino el plazo de caducidad del art. 518 de la LEC, añadiendo que estamos ante un procedimiento de ejecución de resolución extranjera firme (sentencia de 24 mayo 2012 de un Tribunal polaco) y que al tratarse de acción ejecutiva hay que estar al plazo de caducidad de cinco años del art. 518 LEC. La Audiencia estima el referido recurso con las siguientes consideraciones jurídicas:

“(…) (…) situándonos en la alegada prescripción de la acción de reclamación hay que incidir en que estamos ejecutando una sentencia extranjera, volviendo nuevamente a lo previsto en el art. 523 de la LEC y al Reglamento CE 4/2009, cuyo art. 41 se refiere al «Procedimiento y condiciones de la ejecución», estableciendo que, a reserva de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro de ejecución. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución serán ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en dicho Estado miembro de ejecución. Y el art. 21,2º antes mencionado dispone que, a instancia del deudor, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución total o parcial de la resolución del órgano jurisdiccional de origen cuando el derecho a obtener la ejecución de dicha resolución haya prescrito ya sea en virtud del Derecho del Estado miembro de origen o en virtud del Derecho del Estado miembro de ejecución, si este estableciera un plazo de prescripción más largo. No se ha alegado en este caso la prescripción conforme al Derecho polaco sino conforme al Estado miembro de ejecución. De acuerdo con lo anterior la normativa aplicable a efectos de prescripción no es el CCCat sino el Código Civil, esto es, el Derecho común del Estado miembro de ejecución, lo que nos remite al plazo de prescripción de cinco años previsto en el art. 1.966.1º Cc para exigir el cumplimiento de la obligación de pago de pensiones alimenticias. La demanda se presentó el 19 abril 2018 por lo que atendiendo a ese plazo de prescripción nos situaríamos en la petición que el apelante plantea de forma subsidiaria, cuando solicita que, en caso de entender que la reclamación extrajudicial no suspendió el plazo de caducidad, se acuerde el abono de las pensiones según solicitó la parte ejecutada en su escrito de oposición a la ejecución, desde mayo de 2013, esto es en los cinco años anteriores a la fecha de interposición de la demanda ejecutiva. Sin embargo, aunque al inadmitir la prueba documental que se pretende aportar en esta alzada hemos descartado la interrupción de la prescripción, no puede obviarse, nuevamente, que estamos ejecutando una sentencia extranjera, por lo que también resultan de especial interés los criterios recogidos en la STS 16 de octubre de 2014 (nº 573/2014) que se refiere, entre otras cuestiones, al plazo para solicitar la ejecución de un pronunciamiento de una sentencia extranjera en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, argumentando que “… 2.- El régimen establecido por el Reglamento (CE) nº 44/2001 para la ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro es, efectivamente, de otorgamiento inmediato y casi automático de la ejecución, puesto que las formalidades cuyo cumplimiento ha de verificar el Juez ante el que se solicita la ejecución son muy elementales (aportación de copia auténtica de la resolución y de la certificación prevista en el art. 54 en relación al anexo V del Reglamento), y el examen de objeciones a la ejecución, de carácter limitado y excepcional (las previstas en los arts. 34 y 35 del Reglamento), es eventual, pues solo se produce en caso de que la parte contra la que se solicitare la ejecución interponga el recurso previsto en el art. 43 del Reglamento. 3.- Lo anteriormente expuesto debe llevar a la conclusión de que, a los efectos de determinar si la acción de ejecución de una resolución dictada por otro Estado miembro ha sido ejercitada a tiempo, la solicitud regulada en los arts. 38 ss Reglamento (CE) 44/2001 deba considerarse integrada en el proceso de ejecución de la sentencia”. Este pronunciamiento se está refiriendo a la declaración de fuerza ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro requerido (arts. 38 ss Reglamento CE 44/2001), declaración que se suprime en el posterior Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre. En el Reglamento CE 4/2009 -que es el aquí aplicable- no se exige ese trámite puesto que la sentencia extranjera goza de fuerza ejecutiva y será ejecutada en las mismas condiciones que si se hubiera dictado en el Estado miembro de ejecución ( arts. 17 y 41), superando así aquél requisito previsto con carácter general en el Reglamento CE 44/2001, siendo precisamente éste una de las finalidades del Reglamento CE 4/2009 tal como indica su considerando 44) «El presente Reglamento debería modificar el Reglamento (CE) nº 44/2001 sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de alimentos…», estableciendo, como dice el considerando 4) «normas comunes de procedimiento especiales para simplificar y acelerar la solución de los litigios transfronterizos relativos, entre otras cosas, a las demandas de pensión alimenticia», suprimiendo las medidas intermedias exigidas para permitir el reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una resolución dictada en otro Estado miembro, en particular en el caso de las resoluciones relativas a pensiones alimentarias. Precisamente por ello el criterio seguido en la citada STS 16 octubre 2014 resulta de interés en el presente caso habida cuenta que los documentos aportados con la demanda acreditan que la solicitud se presentó inicialmente por la acreedora de la pensión (la madre del menor, como representante legal del hijo común) en el mes de mayo de 2015, teniendo entrada en el Ministerio de Justicia de España, en fecha 10 julio 2015 y 29-noviembre 2015, la solicitud de ejecución cursada por la autoridad central polaca, constando igualmente, por los documentos que integran el documento nº 3 de la demanda de ejecución, parte de las actuaciones desplegadas con carácter previo a la interposición de la demanda ejecutiva, que se enmarcan en las funciones específicas de las autoridades centrales previstas en el art. 51-1 y 2, y en el art. 58, referido a la transmisión, recepción y tramitación de solicitudes y asuntos a través de las autoridades centrales. En consecuencia, de acuerdo con el referido criterio de la sentencia del Tribunal Supremo de 26 octubre 2014 y atendiendo a la finalidad y objetivos que persigue el Reglamento CE 4/2009 -preservar los intereses de los acreedores de alimentos y favorecer una buena administración de justicia en la Unión Europea, estableciendo medidas para garantizar el cobro efectivo de los créditos alimenticios en casos transfronterizos-, debemos situarnos en la fecha en que tuvo entrada en el Ministerio de Justicia la solicitud de cooperación remitida por la autoridad central polaca, el 10 de julio de 2015 y posteriormente el 26 noviembre 2015 (poder y listado de pagos pendientes) según consta en los sellos de entrada (documento nº 1 de la demanda), habiendo cursado la acreedora su solicitud de reclamación de cobro de los alimentos conforme a lo previsto en los art. 55 y 56 del Reglamento, por lo que en ningún caso puede verse perjudicada por la realización de los trámites intermedios hasta la interposición de la demanda de ejecución o por las dilaciones que no le son imputables. Por tanto, dado que en la referida solicitud se reclaman las pensiones impagadas desde el mes de enero de 2013 hasta el mes de septiembre de 2015, no cabe apreciar la prescripción de la acción, lo que determina, en suma, la estimación del recurso de apelación, con revocación de la resolución recurrida y desestimación de la oposición planteada por el ejecutado Sr. Benito , debiendo continuar con la ejecución despachada en su día”.

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