Ley aplicable a un accidente de circulación partiendo de que el único elemento de conexión con la Ley española es el lugar del accidente (AP Tarragona 1ª 9 septiembre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 9 de septiembre de 2020 desestima un recurso fundado en que la resolución recurrida vulnera la cosa juzgada al contradecir un aspecto, el de la Ley aplicable, que ya había sido fijado con firmeza en el previo incidente de defectos procesales, razonando que aun siendo aplicable la Ley francesa al no haber sido probada deviene aplicable la Ley española. Los hechos del asunto son los siguientes: el 9 agosto 2014 el Sr. Rubén conducía un turismo matriculado en Francia y asegurado por la entidad de nacionalidad francesa Sogessur por la AP–7, dirección La Junquera. Después de adelantar a una motocicleta, al regresar al carril derecho, por distracción y/o cansancio, se sale la carretera y recorre más de 80 metros fuera de la calzada, hasta impactar sucesivamente con tres arboles, siendo la colisión con el primero de ellos muy violenta y grave, con afectación estructural del turismo. Resultado de ello fue su fallecimiento (con cinturón) mientras la persona que iba a su lado el Sr. Valentín tuvo lesiones (con cinturón). Ocupaba el asiento lateral izquierdo trasero el Sr. Narciso también fallecido (con cinturón), en la parte central el Sr. Obdulio (sin cinturón) igualmente fallecido, y en la parte lateral derecha el Sr. Luis Alberto (sin cinturón) que tuvo lesiones. Todos residentes en Francia y de nacionalidad francesa o, al menos no española, aunque pudiera ser marroquí o argelina. La Audiencia razona del siguiente modo:

“(…) Ley aplicable al accidente de circulación ocurrido el 9 agosto 2014. Partiendo de que el único elemento de conexión con la Ley española es el lugar del accidente, pues tanto el turismo, como su aseguradora y los ocupantes son extranjeros, presumiblemente de nacionalidad francesa, residentes en Francia, se plantea el problema de la Ley aplicable a este accidente de circulación y los derechos de los perjudicados, pues no se cuestiona la competencia de la Jurisdicción de España para su enjuiciamiento, conforme a los arts. 21 a 25 LOPJ y el Reglamento CE nº 44/2001, del Consejo, de 22 diciembre de 2000, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (art. 11.2º). El Código Civil español en los arts. 8 al 12 regula el sistema de normas de conflicto de derecho internacional privado. Dentro de este marco normativo, las obligaciones no contractuales se rigen, a falta de Convenio que establezca un régimen específico, por lo dispuesto en el Código Civil. Así, el art. 10.9º establece que: ‘ Las obligaciones extracontractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiera ocurrido el hecho del que deriven’. En materia de accidentes de circulación, España es, además, parte del Convenio de La Haya de 4 de Mayo de 1971, sobre la ley material aplicable a los accidentes de circulación. También Francia. Por lo tanto, no es aplicable el Reglamento CE 864/2007 (Roma II) dado que su art. 28 establece expresamente que la citada norma no afecta a los Convenio internacionales suscritos a la fecha de adopción del citado Reglamento Volviendo a La Haya 1971, el art. 3, fija, como regla general, como ley aplicable la ley interna del Estado en donde el accidente haya ocurrido (Lex Loci). Si bien, en el siguiente art. 4 se introducen una serie de excepciones a favor de la ley interna del Estado en donde el vehículo esté matriculado, que afectan a los casos de intervención en el siniestro de un único vehículo o de varios, cuando están matriculados en el mismo Estado, diferente al del lugar de ocurrencia del accidente y frente a víctimas con residencia en el mismo Estado de matriculación del vehículo. Son supuestos en los que la ley del lugar de ocurrencia difiere de la ley aplicable a la de matriculación del vehículo o incluso a la ley de la residencia de las víctimas, mientras que ambas coinciden con la ley aplicable a la del contrato de seguro del vehículo. Aquí prevalece lex personae sobre la lex loci. Por su parte, el art. 31 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de vehículos a motor (LRSCVM) se refiere al problema de la ley aplicable, indicando: ‘ Sin perjuicio de lo dispuesto por las normas de derecho internacional privado, a los siniestros a los que se refiere este Título les será de aplicación la legislación del Estado en cuyo territorio haya ocurrido el accidente, y serán competentes los jueces y tribunales de dicho Estado’. Esta norma no hace sino reproducir el sistema general de normas de derecho internacional privado que rigen los accidentes de circulación, y es acorde con lo dispuesto por el propio Código Civil en el art. 10.9º y coincide con la regla general contenida en el art. 3 del Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971. Al margen de la norma interna, no podemos olvidar que una de las fuentes de creación normativa nos viene dada por el sistema de las Directivas Europeas, prolijas en materia del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor, en su tarea de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en la materia. A lo ya apuntado, una segunda excepción, además de las contenidas en el art. 4 del Convenio de La Haya, la impone y deriva de la Tercera (90/232/CE) y Cuarta Directiva (2009/103/CE) cuando ordena a todos los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para que todas las pólizas de seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos, cubran todo el territorio de la Comunidad mediante una prima única, y garanticen la cobertura a que obligue la legislación de cada uno de ellos (lex loci) o la cobertura exigida por la legislación del Estado miembro por el cual el vehículo tenga su estacionamiento habitual (lex personae), cuando esta última sea superior (Considerando 26). En consecuencia, el art. 4.4 LRCSCVM (Ley 21/2007, de 11 julio) obliga, dentro del ámbito territorial de aplicación de la Directiva, irremediablemente a aplicar la legislación cuyos límites de cobertura resulten más favorables a la víctima del accidente. ‘ Cuando el siniestro sea ocasionado en un Estado adherido al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, distinto de España, por un vehículo que tenga su estacionamiento habitual enEspaña, se aplicarán los límites de cobertura fijados por el Estado miembro en el que tenga lugar el siniestro. No obstante, si el siniestro se produce en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, se aplicarán los límites de cobertura previstos en el apartado 2, siempre que estos sean superiores a los establecidos en el Estado donde se haya producido el siniestro’. Dado que la norma Europea obliga a todos los Estados miembros a funcionar con idénticos criterios, la consecuencia que se deriva es la de que cualquier accidente causado en España por un vehículo habitualmente estacionado en un Estado miembro firmante de las normas comunitarias, debe tener garantizado automáticamente los límites de cobertura españoles, incluso debería cubrir los límites con arreglo al país de estacionamiento habitual de ser estos más elevados que los españoles. No obstante, la Ley 21/2007 de 11 de julio ha introducido una limitación al disponer en el apartado 3 del este art. 4.  La cuantía de la indemnización cubierta por el seguro obligatorio en los daños causados a las personas se determinará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del art. 1 de esta Ley ‘. Si la cuantía de las indemnizaciones resultase superior al importe de la cobertura del seguro obligatorio, se satisfará, con cargo a éste, dicho importe máximo, y el resto hasta el montante total de la indemnización quedará a cargo del seguro voluntario o del responsable del siniestro, según proceda’. Es decir que se cuantificarán, en todo caso, con arreglo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la Ley. De ahí que toda indemnización fijada por un tribunal español ya sea con arreglo a los límites de cobertura españoles o no, deberá pasar por el filtro del sistema de baremización español tanto cuando beneficien como cuando perjudiquen derechos de víctimas con residencia en España o fuera de ella. Los Tribunales españoles tienen competencia para conocer y aplicar tanto en el proceso ordinario, como en el ejecutivo y en el penal una norma de derecho extranjero en aplicación del criterio del estacionamiento habitual del vehículo, siempre que esta sea más favorable que la española pero a la hora de cuantificar los daños deberán ajustarse al baremo español. Máxime si como dice la aseguradora ejecutada es más favorable para las víctimas. Con todo lo que acabamos de exponer, hay un problema insalvable, además del que acabamos de señalar. No es otro que la falta de prueba de ese derecho extranjero, el francés, que defiende la asegurada ejecutada y el propio Convenio de la Haya 1971 como aplicable al caso, conforme exige el art. 281.2º LEC y numerosa jurisprudencia ( STS 198/2015, de 17 abril, por ejemplo), de manera que al no acreditarlo D.C.S.S., S.A. el debate es estéril porque en nuestro caso no hay otra salida que la aplicación de la Ley española, con lo que procede entrar en el examen de las excepciones de fondo alegadas”.

Deja un comentario