Posibilidad del organismo público subrogado legalmente en los derechos de un acreedor de alimentos de invocar por sí mismo la condición de “acreedor” para que se declare la existencia de una obligación de alimentos (STJ 3ª 17 septiembre 2020, as. 540/19)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera de 17 de septiembre de 2020 (Asunto C‑540/19: WV y Landkreis Harburg) declara que un organismo público que reclama, mediante una acción de repetición, el reembolso de cantidades abonadas en concepto de alimentos a un acreedor de alimentos, en cuyos derechos se ha subrogado frente al deudor de alimentos, está facultado para invocar la competencia del órgano jurisdiccional del lugar de la residencia habitual de dicho acreedor, prevista en el art. 3, letra b), del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

La madre de WV, que está alojada en un centro de asistencia para personas mayores en Colonia (Alemania), es titular de una pensión alimenticia a título de ascendiente en línea recta, en virtud del art. 1601 del Código Civil alemán, a cuyo pago está obligado WV, que reside en Viena (Austria). No obstante, la madre de WV percibe regularmente del organismo demandante una ayuda social con arreglo al SGB XII. Este organismo alega que, conforme a lo dispuesto en el art. 94, ap. 1, primera frase, del SGB XII, se ha subrogado en el derecho de la beneficiaria de la ayuda social respecto a WV, por las prestaciones de alimentos que abonó en beneficio de la madre de WV desde abril de 2017. El Amtsgericht Köln (Tribunal de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania), ante el que el organismo demandante había ejercitado una acción de repetición contra WV en materia de alimentos, consideró en primera instancia que los órganos jurisdiccionales alemanes no tenían competencia internacional para conocer de dicha acción. Según este órgano jurisdiccional, la competencia basada en el art. 3, letra b), del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos solo puede ser invocada por la persona física a la que se adeudan alimentos. En el procedimiento de apelación, el Oberlandesgericht Köln (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania) anuló la sentencia de primera instancia. Dicho órgano jurisdiccional consideró que la opción que el art. 3, letras a) y b), del Reglamento nº 4/2009 concede al acreedor de alimentos también podía ser ejercida por el organismo demandante en su condición de cesionario de los derechos de alimentos. En el marco de un recurso de casación interpuesto por WV contra la resolución del Oberlandesgericht Köln (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Colonia), el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia que se dilucide, en esencia, si un organismo público que, mediante una acción de repetición, reclama el cobro de cantidades abonadas en concepto de alimentos a un acreedor de alimentos, en cuyo derecho se subroga frente al deudor de alimentos, puede invocar la competencia del órgano jurisdiccional del lugar de la residencia habitual de dicho acreedor, prevista en el art. 3, letra b), del Reglamento nº 4/2009.

En la presente decisión el Tribunal de Justicia considera que en la medida en que el art. 3, letra a), del Reglamento nº 4/2009 no supedita la aplicabilidad de sus reglas en materia de competencia judicial internacional al requisito del domicilio del demandado en un Estado miembro, inadmitir la demanda del organismo público subrogado en los derechos del acreedor ante el órgano jurisdiccional del lugar de la residencia habitual de este último, cuando el deudor de alimentos esté domiciliado en un Estado tercero, supondría, con un alto grado de probabilidad, obligar a este organismo público a reclamar fuera de la Unión. Esta situación, así como las dificultades jurídicas y prácticas que resultan de ello, pueden comprometer el cobro eficaz de los créditos de alimentos. Admitir que el organismo público subrogado en los derechos del acreedor de alimentos pueda recurrir válidamente al órgano jurisdiccional designado en el art. 3, letra b), del Reglamento nº 4/2009 no altera en modo alguno el objetivo de buena administración de la justicia, perseguido también por dicho Reglamento.

Considera el Tribunal de Justicia que la transmisión de los derechos del acreedor de alimentos a un organismo público no afecta a los intereses del deudor de alimentos ni a la previsibilidad de las reglas de competencia aplicables, ya que este último debe contar, en cualquier caso, con ser demandado o bien ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que tiene su residencia habitual, o bien ante el órgano jurisdiccional del lugar de la residencia habitual del acreedor. Y añade que el hecho de que el organismo público subrogado legalmente en los derechos del acreedor de alimentos esté autorizado a recurrir ante el órgano jurisdiccional del lugar de la residencia habitual de este último es también coherente con el sistema del Reglamento nº 4/2009 y con su estructura, tal como se refleja, en particular, en su considerando 14. Precisamente el art. 64 del Reglamento nº 4/2009 contempla precisamente la intervención de un organismo público, como demandante, que actúe en lugar de una persona a la que se deban alimentos o al que se adeude el reembolso de las prestaciones efectuadas en concepto de alimentos. Así, según el art. 64, ap. 1, del Reglamento nº 4/2009, este organismo está incluido en la definición del término “acreedor” a efectos de una solicitud de reconocimiento y de otorgamiento de ejecución, o a efectos de la ejecución de resoluciones, término que, en virtud del art. 2, ap. 1, punto 10, de dicho Reglamento, designa, en principio, únicamente a una persona física a quien se deban o se alegue que se deben alimentos. Además, y sobre todo, el art. 64, ap. 3, letra a), del mismo Reglamento precisa que dicho organismo público tiene derecho a solicitar el reconocimiento y el otorgamiento de ejecución o a solicitar la ejecución de una resolución dictada contra un deudor a petición de un organismo público que reclame el pago de prestaciones concedidas a título de alimentos. Considera el Tribunal de Justicia que esta disposición implica que dicho organismo público haya podido recurrir previamente ante el órgano jurisdiccional designado con arreglo al art. 3, letra b), del Reglamento nº 4/2009 para que este pudiera adoptar una resolución en materia de obligaciones de alimentos, en el sentido del art. 2, ap. 1, punto 1, de dicho Reglamento.

Por consiguiente, si bien un organismo público subrogado legalmente en los derechos de un acreedor de alimentos no puede invocar por sí mismo la condición de «acreedor» para que se declare la existencia de una obligación de alimentos, debe, sin embargo, tener la posibilidad de recurrir, a tal efecto, ante el órgano jurisdiccional competente de la residencia habitual del acreedor de alimentos, en virtud del art. 3, letra b), del Reglamento nº 4/2009. Una vez dictada la resolución por dicho órgano jurisdiccional en el Estado de origen, dicho organismo público tendrá derecho a que se le reconozca la condición de acreedor a efectos, en su caso, de una solicitud de reconocimiento y de otorgamiento de ejecución, o a efectos de la ejecución de resoluciones en el Estado requerido, en aplicación de lo dispuesto en el art. 64 de dicho Reglamento.

Y añade el Tribunal de Justicia que el organismo público subrogado en los derechos del acreedor de alimentos tenga la posibilidad de invocar el foro previsto en el art. 3, letra b), del Reglamento nº 4/2009 es también coherente con el Protocolo de La Haya, al que se hace referencia en el art. 15 de dicho Reglamento, a propósito de la determinación de la ley aplicable en materia de obligaciones de alimentos. En efecto, en la medida en que, por una parte, el art. 3, ap. 1, de este Protocolo establece que, en principio, la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor regula las obligaciones de alimentos y, por otra parte, el art. 10 de dicho Protocolo, que ha sido recogido en el art. 64, ap. 2, del citado Reglamento, establece que el derecho a la devolución del organismo público que haya abonado una prestación al acreedor a título de alimentos está sujeto a la ley que rige dicho organismo, tal posibilidad permite garantizar, en la mayor parte de los casos, que son aquellos en que la sede del organismo público y la residencia habitual del acreedor se encuentran en el mismo Estado miembro, un paralelismo entre las reglas de designación del foro y las relativas al Derecho material aplicable que favorece la resolución de los litigios en materia de obligaciones de alimentos.

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