Imperatividad de las disposiciones de la Ley de arbitraje que imponen la imparidad de los árbitros, en un arbitraje de transportes (STSJ Madrid 26 noviembre 2019)

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 26 de noviembre de 2019 declara la nulidad de un laudo arbitral dictado por la Junta de Arbitraje del Transporte de Madrid, que desestimó la demanda arbitral interpuesta contra «Avis Alquile un Coche S.A.» al concurrir infracción de las normas imperativas que establecen la composición del colegio arbitral. La presente decisión declara que: «podemos anticipar ya en este momento una conclusión declarativa de la nulidad del laudo controvertido, sin entrar en el fondo del asunto en absoluto. Dicho laudo, cuya copia aparece aportada con el escrito de demanda, figura encabezado por la Presidenta de la Junta, y seguido en su identificación personal por el nombre y representación de una Vocal. Expresa sencillamente y sin matices que el tercer árbitro (Vocal representante del sector de Usuarios) ‘No comparece’. Se trataba de un arbitraje de derecho que por tanto, de conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley de Arbitraje debe ser resuelto por un número de árbitros impar. Ninguna duda puede albergarse sobre la naturaleza imperativa de las disposiciones de la Ley de Arbitraje cuando de disciplinar esta forma de resolución de controversias se trata. Es una obviedad. Por lo tanto, el incumplimiento ya de la composición del colegio arbitral, al haberse constituido con dos árbitros, que son los que emiten el laudo, in valida por completo la decisión alcanzada. No podemos acoger ninguna de las alegaciones de las partes, emitidas en el trámite de audiencia (…) Por la parte demandante se sostienen tres razones: 1. Que hubiese sido bastante con un árbitro único, con condición de jurista, por lo cual no procede la declaración de nulidad. 2.- Aun reconociendo la claridad con que se expresa la Ley de Arbitraje en este punto, declarar la nulidad del laudo por motivo de la defectuosa composición del colegio arbitral ocasionaría indefensión a la parte, al obligarla a iniciar de nuevo el procedimiento. 3.- «Lo que esta parte pretende es no solo la nulidad del laudo sino un pronunciamiento sobre el fondo del asunto» (sic). Atender esta tercera pretensión sería contravenir todos los límites que configuran la acción de nulidad de laudos arbitrales establecidos sobradamente en una constante jurisprudencial que no es preciso reproducir. Pero «salvar» una contradicción tan patente con las normas que establecen la composición impar de los colegios arbitrales cuando se trata de decidir en Derecho tampoco se puede exigir si no es a costa de negar todo valor a la ley que regula en nuestro sistema jurídico la forma alternativa de resolución de conflictos en que consiste el arbitraje. No resulta de recibo abandonar en cuestión tan esencial cuanto define la ley como norma sustancial. Así lo entendió esta misma Sala en su Sentencia de 8 de marzo de 2019, en la que se expuso -con cita de otras sentencias anteriores- que: «es inconcusa la procedencia de declarar la nulidad de un Laudo dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. Lo hemos dicho en la Sentencia 4/2015, de 13 de enero (FJ 3 in fine) : » no cabe un colegio arbitral que actúe y eventualmente resuelva con un número par de miembros». Y es que, como veremos con algún detalle, la previsión legal de que el número de árbitros haya de ser impar («Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar, dice el art. 12.1º LA), según criterio prácticamente unánime de jurisprudencia y doctrina, constituye un mandato legal de orden público, que, por consiguiente – pese a lo que en ocasiones aún se pretende-, no puede ser dispensado ni por la voluntad de quienes pactan el arbitraje, ni mucho menos por quien ostenta la potestad reglamentaria pero la ejerce contra legem. Cumple recordar, en este sentido, cómo la posibilidad de un colegio integrado por un número par de árbitros se prohibió radicalmente desde la LEC de 1881, habiéndose mantenido dicha prohibición en nuestra LEC y en las Leyes de Arbitraje de 1953, 1988 y 2003, sin excepciones, hasta nuestros días. Sobre el particular, es muy significativa la doctrina sentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de julio de 1982, dada la sustancial identidad de la legislación interpretada y aplicada por esa sentencia con la hoy vigente -nos referimos, obvio es, al mandato legal de número impar de árbitros-. Decía entonces el TS algo que sigue teniendo plena actualidad (cdo. 1º): ‘dado que el art. 21 LA de 1953 determina imperativamente que «los árbitros serán siempre en números 1, 3 o 5″ y que el auto de 17 de julio de 1979, que formalizó judicialmente el compromiso, precisó que los árbitros de equidad ‘actuarán colegiadamente en número de 3’, no cabe otorgar validez al laudo arbitral en cuya elaboración y dictado se infringió un precepto legal de tanta relevancia como el que afecta a la composición del órgano colegiado que lo emitió, toda vez que, aun cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, baste la mayoría de votos para dictar el laudo, es obvio que se requiere la concurrencia de la totalidad de los nombrados o, en su caso, de los designados para sustituirlos, para que el órgano colegiado cumpla legalmente la función arbitral que se le encomendó, y que, cuando, como sucede en el presente supuesto, la renuncia anticipada de uno de los miembros reduce a solo dos el órgano colegiado no puede reputarse válidamente dictado el laudo arbitral, habiendo de entenderse, por ello, transcurrido el plazo, sin que durante el mismo haya recaído un auténtico laudo arbitral de equidad y procediendo, por tanto, la estimación del recurso interpuesto». Por otra parte, ‘convalidar’ el laudo dictado por número de árbitros prohibido por la Ley simplemente tomando en consideración el perjuicio que para la parte demandante supondría tener que iniciar de nuevo su reclamación sería abandonar el mínimo respeto que merece el cumplimiento de las normas por razones prácticas. Evidentemente, no tiene cabida esta tesis en lo que debe ser una aplicación del Derecho mínimamente ortodoxa (…). Más escuetas son las razones que se alegan por la parte demandada (AVIS). Dice con brevedad que si bien en las comunicaciones aparecen solamente dos árbitros por incomparecencia del tercero, ello no implica que el laudo haya sido dictado por los dos que constan. Añade que no es posible saber si ha sido dictado por ambos o solo por el Presidente, lo que sería compatible con el número impar de árbitros que se exigen en «el reglamento de arbitraje». El grado de incertidumbre que esta parte está dispuesta a tolerar no resulta admisible. Parece que resulta intrascendente ya no solo cuántos árbitros hayan dictado la resolución, sino incluso quien la haya elaborado. Semejante abandono de las reglas a las que debe ajustarse la resolución arbitral de conflictos se sitúa en un plano inasumible del respeto debido a la regulación jurídica de las instituciones. Y no olvidemos que el arbitraje es una de ellas, cuya credibilidad depende, en primer lugar, del cumplimiento de las propias normas que en Derecho le resultan aplicables».

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