Competencia de la jurisdicción social española en una demanda basada en que la prestación de servicios se realizaba habitualmente en «su base», dónde comienza y termina el vuelo, esto es, Tenerife Sur (STSJ Canarias 2 septiembre 2019)

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección Primera, de 2 de septiembre de 2019  estima parcialmente un recurso de suplicación interpuesto por Ryanair DAC contra una Sentencia del  Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife que, a su vez, estimó parcialmente la demanda de don Onésimo frente a las empresas Ryanair, DAC, y Brookfield Aviation Internacional, declarando relación laboral entre don Onésimo y Raynair, DAC, y condenando solidariamente a las demandadas a abonar el importe de 26.584 euros brutos en concepto de salarios. Entre las amplias consideraciones de la presente sentencia cabe reseñar las siguientes:

«En el presente caso que nos ocupa, y según se desprende de los datos fácticos contenidos en la sentencia recurrida y que con anterioridad se detallaron, el trabajador demandante, español con domicilio en España y residencia habitual en Oslo (Noruega), donde desarrollaba de forma habitual y últimamente su relación laboral, formula su demanda de despido en Madrid (España) contra dos empresas cuyos domicilios están en Dublín (Irlanda), figurando en la resolución judicial impugnada que una de ellas tiene oficina o base en el Aeropuerto de Madrid y existiendo en el contrato de trabajo una cláusula de sumisión expresa a los tribunales de Irlanda (…).

Con respecto a la eficacia a efectos competenciales de la citada cláusula de sumisión expresa, –la que, en su caso, que sería prioritaria a la regla del domicilio –, resulta que, primero, no es posterior al nacimiento del litigio, y además, no proporciona fueros distintos de los generados por el art. 19 Reglamento CE (domicilio de las empresas y lugar de prestación de servicios) puesto que la cláusula de sumisión remite a los tribunales de Irlanda, que es el Estado miembro de la Unión Europea del domicilio de las dos codemandadas, por lo que sigue siendo prioritario el fuero del domicilio de las demandadas. Como se dispone en el antes trascrito art. 21 Reglamento CE y ha interpretado la jurisprudencia del TJUE, entre otras, en la (…) sentencia 19 julio 2012 (C-154/11), «…». En consecuencia, el pacto de sumisión expresa a los tribunales de Irlanda que figura en el contrato de trabajo del demandante no tiene eficacia en el presente litigio para alterar las reglas generales competenciales establecidas en el Reglamento CE 44/2001, ya que, en definitiva, la citada cláusula remite a los tribunales de Irlanda, domicilio de las dos codemandadas, y en virtud de lo previsto en el art. 19 del Reglamento Bruselas I el trabajador podía elegir entre los tribunales del Estado donde las empresas codemandadas tenían su domicilio (Irlanda), o los del Tribunal donde hubiese prestado habitualmente sus servicios o ante los tribunales donde últimamente hubiere prestado sus servicios (en ambos casos Noruega, pues desde marzo de 2010 prestó servicios en las aeronaves de Ryanair con base en Oslo) (…).

Con relación a la regla competencial de determinación relativa a la habitualidad en el Estado de prestación de servicios o del último lugar en que lo hubiere desempeñado o donde hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador, en el presente caso no cabe entender que lo haya sido en España; debiendo interpretarse el art. 5.1 Reglamento (CE ) n° 44/2001 del Consejo, conforme a la antes citada STJCE 10-abril-2003 (Pugliese, C-437/00 ), en el sentido de que, en materia de contratos de trabajo, el lugar en que el trabajador desempeña su trabajo es el único lugar de cumplimiento de una obligación que puede tomarse en consideración para determinar el tribunal competente. En efecto, no puede sostenerse que se trata de trabajador que no ha prestado sus servicios ‘habitualmente’ en un único Estado, –con pretendido apoyo en que al comienzo de su prestación, en un inicial contrato entre junio de 2007 y marzo de 2010, la base de operaciones fue Madrid –, pues es lo cierto que la condición de habitualidad, interpretada como servicios prestados en el último periodo continuado de prestación de servicios, concurre en el Estado de Noruega, que es donde el trabajador prestó sus servicios desde el 03-03-2010 hasta su despido el día 17 enero 2011 y donde en palabras del TJUE tenía lugar el cumplimiento de sus » obligaciones características «, esto es, el lugar de ejecución de la prestación de servicios ( STJCE 6/10/1976, asunto De Bloos 14/76 ). Sólo en el caso de que los servicios habitualmente se hubieren prestado en diversos Estados, podría articularse unas conexión competencial con España, con base en que en nuestro país estuvo, durante un tiempo, la base de operaciones de la empresa donde prestaba sus servicios (el lugar donde ‘estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador’, en palabras del art. 19 Reglamento) pero no estamos en ese supuesto. Al respecto del concepto de habitualidad, es conveniente recordar que según la jurisprudencia del TJUE, dicha habitualidad concurre en aquel lugar en el que se concentra la parte más importante del quantum total del contrato ( STJCE 27/02/2002, Asunto Herbert Weber, C-37/2000 ), o el lugar donde tenga el trabajador su centro de operaciones o el lugar en el que el trabajador ‘cumpla principalmente sus obligaciones con respecto a la empresa’ (STJCE 13/07/93, Asunto Mulox, C-152/92 , para un caso en el que el trabajador tenía un despacho desde el que actuaba). Así pues, el actor pudo elegir entre los tribunales del Estado donde las codemandadas tienen su domicilio, o el del lugar habitual de su prestación de servicios, o el del último lugar donde lo hizo (‘ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado’), y en ningún caso es España, como ratificaremos al analizar lo que debe entenderse por domicilio (…).

Finalmente en lo que se refiere a las reglas competenciales contenidas en el aplicable Reglamento CE 44/2001 relativas al domicilio de la empresa o empresas demandadas, sostiene el trabajador demandante en su escrito de impugnación de los recursos de casación unificadora que al tener Ryanair unas oficinas, establecimiento abierto o base (‘oficina abierta’ dice la sentencia de instancia en su fundamentación jurídica) en España, en el Aeropuerto de Madrid- Barajas, ello le habilita para presentar la demanda en los tribunales españoles, como ha efectuado. Tal interpretación no puede acogerse. Si partimos del concepto de domicilio, que se establece en el art. 60 Reglamento CE 44/2001 cuando el demandado sea una sociedad o una persona jurídica, como el del lugar en que se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal, resulta patente ninguno de esos lugares con relación a ninguna de las dos codemandadas radica en España según se desprende de los hechos probados. Si se pretendiera que acudiéramos, por su pretendida especificidad, a las reglas establecidas en materia de contrato de trabajo que asimilan al ‘domicilio’ la sucursal, agencia, o cualquier otro establecimiento, por así contemplarlo el art. 18 Reglamento CE 44/2001, –que establece que «…», resulta, también, pero como claramente el propio precepto se encarga de aclarar, que tal concepto de domicilio es solamente aplicable para los casos en los que se demande a empresas que no tengan su domicilio en un Estado miembro, lo que no es el caso que nos ocupa, y además tampoco, conforme a los hechos probados, consta que la oficina referida ubicada en el Aeropuerto de Madrid-Barajes quepa configurarla como ‘sucursal, agencia o establecimiento’ tal como lo ha interpretado la jurisprudencia del TJUE, en especial en la ya referida STJUE 19 julio 2012 (C-154/11 ) ‘…’. El art. 21 del Reglamento 1215/2012 refiere como competentes para demandar a los empresarios domiciliados en un Estado miembros a) los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados, o b) en otro Estado miembro: i) ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo o ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado. Así la aplicación de la doctrina expuesta y del Reglamento vigente a la fecha de la demanda, determinan la competencia de la jurisdicción social española y los juzgados de Tenerife, para conocer de la demanda en materia laboral del actor, por cuanto su prestación de servicios se realizaba habitualmente en ‘su base’, dónde comienza y termina el vuelo, esto es, Tenerife Sur».

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