La Sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 12 de septiembre de 2018 se pronuncia en torno a la existencia del convenio arbitral y la condición de los árbitros a los efectos de la formalización judicial afirmando que: «El art. 8.1º de la Ley de Arbitraje 60/2003, tras la reforma operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo (en adelante LA), establece una reasignación de las funciones judiciales en relación con el arbitraje, correspondiendo el nombramiento judicial de árbitros a la Sala Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. El art. 15.2 a) LA dispone que en el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes (…). El art. 15.5º LA dispone que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulte la existencia de convenio arbitral, aunque hemos de añadir, igualmente, que también podrá ser rechazada cuando la cuestión no sea materia susceptible de arbitraje conforme lo dispuesto en el art. 2 LA. En el presente caso, la cláusula arbitral obra incorporada al contrato suscrito entre las partes de fecha 12 de octubre de 2014, cuyo tenor literal dice: Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o el cumplimiento del presente contrato será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las normas que regulan este tipo de procedimiento. Por lo expuesto parece clara la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, procediendo, por ende, el nombramiento judicial de árbitro, conforme la vigente LA. Nótese que conforme al principio de conservación del negocio jurídico arbitral, el favor arbitri resultara determinante cuando aparece clara la voluntad de sometimiento al arbitraje. De conformidad con el citado art. 15. 2º a) LA, se procedió a la insaculación de los árbitros entre la terna inicialmente designada con el siguiente resultado…».