La Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección quinta, de 18 de mayo de 2018,  anula unos estatutos sociales, en la redacción que se le dio en la Junta , dejando a salvo las modificaciones que se realizaron por acuerdos singulares en la citada junta, al ser puntos concretos del orden del día, como son los referidos al arbitraje y el régimen de transmisión de las participaciones sociales. Respecto a la cuestión del arbitraje la Audiencia considera «en cuanto a qué se haya fijado como medio para solventar las controversias ente las partes, la de acudir al arbitraje no es un acto, que en sí, perjudique al actor, cuestión que parece que también consiente, aunque realice esa impugnación genérica que realiza de la junta. Es incuestionable que en el proceso se pretende el reconocimiento de un interés controvertido, que se considera jurídica y socialmente prevalente, de ahí el derecho al proceso que se contempla en el art. 24.1º de la Constitución . Ante los defectos que aquejan al sistema jurisdiccional, se ha considerado necesaria la búsqueda y establecimiento de medios alternativos o sustitutivos del proceso, y entre ellos se puede destacar la conciliación, la mediación y especialmente el arbitraje, que tienen plena virtualidad, pero no absoluta, para el acuerdo, eludiendo el proceso. El acceso al arbitraje siempre será voluntario por cuanto afecta al derecho a la jurisdicción, pero una vez sometido, vinculará a las partes su resolución y desde luego a los Tribunales a los que se podrán acudir, una vez que ha adquirido firmeza el laudo, para su ejecución coactiva cuando no se cumple voluntariamente. Las partes expresamente pueden aceptar someterse a arbitraje por aplicación del principio de autonomía de la voluntad que consagra el art. 1.255 Cc, y en esos términos se expresa el art. 9 de la vigente LA, pero nunca pueden imponerlo con carácter imperativo una norma. Este carácter voluntario del arbitraje se reitera por el Tribunal Constitucional, entre otras en la Sentencia de 11 de noviembre de 1996 (…)».