El Gobierno de España reitera su pleno apoyo a la Corte Penal Internacional. Su creación y puesta en marcha, hace ya 20 años, como el principal órgano con plena legitimidad para enjuiciar los crímenes más atroces constituye un triunfo de la Comunidad Internacional y del multilateralismo. España está firmemente comprometida con la lucha contra la impunidad y con la Corte Penal Internacional como piedra angular de un sistema universal destinado a imponer justicia frente a los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el genocidio, la limpieza étnica y el crimen de agresión. Este compromiso parte de la certeza de que es necesario un orden basado en el derecho y el imperio de la ley, en el que la lucha contra la impunidad debe ser garantizada a nivel nacional, y en su defecto, a nivel internacional, sobre la base del principio de complementariedad, y en el que las víctimas, sea cual sea su nacionalidad, vean reconocido su derecho a ser resarcidas. Partiendo de esta convicción, España se compromete a seguir colaborando con la labor de la Corte y realiza un llamamiento a todos los Estados a seguir haciéndolo a fin de garantizar su acción eficaz y la universalidad del Estatuto de Roma.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación hecho público el 13 de septiembre de 2018, el Gobierno de España reitera su pleno apoyo a la Corte Penal Internacional. Su creación y puesta en marcha, hace ya 20 años, como el principal órgano con plena legitimidad para enjuiciar los crímenes más atroces constituye un triunfo de la Comunidad Internacional y del multilateralismo. España está firmemente comprometida con la lucha contra la impunidad y con la Corte Penal Internacional como piedra angular de un sistema universal destinado a imponer justicia frente a los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el genocidio, la limpieza étnica y el crimen de agresión. Este compromiso parte de la certeza de que es necesario un orden basado en el derecho y el imperio de la ley, en el que la lucha contra la impunidad debe ser garantizada a nivel nacional, y en su defecto, a nivel internacional, sobre la base del principio de complementariedad, y en el que las víctimas, sea cual sea su nacionalidad, vean reconocido su derecho a ser resarcidas. Partiendo de esta convicción, España se compromete a seguir colaborando con la labor de la Corte y realiza un llamamiento a todos los Estados a seguir haciéndolo a fin de garantizar su acción eficaz y la universalidad del Estatuto de Roma.