La declaración de ejecutividad acordada por un Tribunal de Viena fue posterior al Decreto  en el procedimiento monitorio pronunciado por el Juzgado de Primera Instancia de Tolosa

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El Auto de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Sección Segundo, de 9 de marzo de 2018 declara a partir de lo dispuesto en el art. 523 LEC en el art. 22 del Reglamento 1896/2006, de 12 de diciembre , por el que se regula el proceso monitorio europeo (‘A instancia del demandado, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución si el requerimiento europeo de pago es incompatible con una resolución o requerimiento dictados con anterioridad en cualquier otro Estado miembro o en un tercer país, siempre que: a) la resolución o requerimiento anterior tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas partes, y b) la resolución o requerimiento anterior cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución, y c) la incompatibilidad no haya podido alegarse durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen’) y “dado que, con anterioridad a verificarse la declaración de ejecutividad acordada por el Tribunal Bezirksgericht für Handelssachen Wien de Viena en fecha 10 de junio de 2016, tras el requerimiento europeo de pago acordado en fecha 22 de Octubre de 2015, que ha dado lugar al inicio de este procedimiento, había sido dictado el Decreto  en el procedimiento monitorio incoado en el Juzgado de Primera Instancia de Tolosa nº 4, tramitado entre las mismas partes y pretendiendo la ejecución por el mismo importe, siendo así que en él se acordó dar por finalizado tal proceso y el archivo de las actuaciones, remitiendo a las partes al procedimiento oportuno y en la vía jurisdiccional pertinente, no puede por menos que concluirse que dicho acuerdo en él adoptado hacía inviable la continuación de este procedimiento, al resultar absolutamente incompatible con el mismo la ejecución pretendida, por lo que ha de estimarse de todo punto correcta y procedente la decisión adoptada por el Juez a quo en la resolución controvertida”.

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