Ante la propuesta de sustituir las tres directivas europeas de contratación de 2014 por un reglamento único, el estudio sostiene una valoración favorable, aunque condicionada a los resultados de su aplicación. La reducción de las divergencias nacionales, la simplificación de los procedimientos y la reutilización de acreditaciones pueden facilitar la participación empresarial y mejorar el empleo de los fondos públicos. Su utilidad dependerá, sin embargo, de que las disposiciones del reglamento se acompañen de medios administrativos suficientes, criterios comprensibles y garantías efectivas de recurso. A juicio del autor, la mayor atención a la calidad y a los objetivos sociales, ambientales y de seguridad merece respaldo cuando responde a necesidades identificables, permite comprobar los compromisos asumidos y mantiene cargas proporcionadas. También la preferencia europea requiere una justificación cuidadosa, respetuosa con los compromisos internacionales de la Unión y con la competencia. En conjunto, la iniciativa ofrece una oportunidad valiosa para renovar la contratación pública europea; su alcance deberá medirse por las posibilidades reales de concurrir, la calidad de las prestaciones y la capacidad de explicar y revisar las decisiones de compra.

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