Bruselas propone sustituir las tres directivas de 2014 por un reglamento único, directamente aplicable en los Estados miembros, que reuniría contratos públicos, sectores especiales y concesiones. Las empresas que trabajan en varios mercados podrían dedicar menos recursos a adaptarse a sus exigencias y prever mejor sus obligaciones. Comparto esa orientación, consciente de que un texto idéntico puede recibir interpretaciones distintas en administraciones con medios y prioridades diferentes. Sin formación y criterios accesibles, las divergencias reaparecerán en formularios, instrucciones y decisiones difíciles de anticipar.

En la tramitación digital, aportar una sola vez información reutilizable en licitaciones ahorraría tiempo y costes. Su aprovechamiento exige plataformas nacionales compatibles y acreditaciones actualizadas, además de responsabilidades claras por los datos erróneos. De otro modo, cada órgano de contratación volverá a solicitar documentos para protegerse. El beneficio llegará a las empresas cuando puedan licitar fuera de su país, incluso sin experiencia internacional, sin necesitar asistencia técnica desproporcionada.

Respecto del precio, la reforma pretende dar mayor peso a la calidad. El proyecto contempla un mínimo del 30% para criterios cualitativos, elevado al 50% en contratos intensivos en mano de obra, con excepciones justificadas. Una adquisición barata puede acabar siendo cara por mantenimiento, deterioro o deficiencias del servicio. La puntuación exige explicar qué mejora se compra y cómo se comprobará, porque, sin esa precisión, se premiarán memorias convincentes y compromisos que nadie verifica durante la ejecución.

Me preocupa, sin embargo, que cada expediente cargue con demasiados objetivos. Sostenibilidad, condiciones laborales, innovación y seguridad pueden mejorar el rendimiento del gasto cuando responden a necesidades concretas. El ahorro de las empresas al reutilizar documentos podría desaparecer si después deben acreditar nuevas exigencias sobre origen, calidad o suministro. Cuenta, por tanto, el esfuerzo total necesario para participar y cumplir el contrato. Una reducción inicial de papeles ofrece escaso alivio cuando reaparecen obligaciones difíciles de demostrar.

En cuanto a las pymes, dividir contratos en lotes y aceptar acreditaciones proporcionadas puede ensanchar el mercado, aunque los pagos tardíos frustrarán esa apertura si obligan a financiar prestaciones ya realizadas. La confianza para participar requiere comprender los requisitos para licitar y saber dónde reclamar una exclusión o un incumplimiento. Durante la ejecución, la mediación y el arbitraje pueden ayudar a resolver desacuerdos cuando el Derecho aplicable lo admita, preservando los controles y las garantías de los participantes.

El balance de la reforma exigirá seguir la participación empresarial, la duración de los procedimientos y la calidad de los resultados. Una licitación con una sola oferta merece examen, aunque ese dato no demuestra por sí mismo una irregularidad. Publicar información útil ayudará a corregir barreras y distinguir los ahorros efectivos de las cargas que cambian de destinatario o de momento del contrato.

España, por su parte, debería aprovechar el período previo a la aplicación para revisar su legislación, preparar modelos y reforzar equipos. La adaptación exige aclarar qué disposiciones subsisten y quién verifica las nuevas obligaciones, sin confundirla con una transposición ni dar por desaparecida toda la normativa nacional. Sin personal cualificado, la ambición europea acabará produciendo documentos estandarizados. Mi juicio definitivo dependerá de que la propuesta facilite la participación empresarial y mejore la ejecución de los contratos, preservando la posibilidad de explicar y revisar las decisiones. El valor de unas reglas uniformes habrá de acreditarse en el empleo eficaz y responsable del dinero público.