Madrid – 16 ENE 2026 – 05:30 CET
La decisión de la Comisión Europea de no impulsar, al menos por ahora, una regulación específica sobre la financiación de litigios por terceros (Third-Party Litigation Funding, TPLF) ha pasado relativamente desapercibida en el debate público. Sin embargo, se trata de una opción institucional de notable calado, cuyas implicaciones van mucho más allá de un sector jurídico especializado y conectan directamente con una de las grandes preocupaciones estratégicas de la Unión Europea, la de reforzar su competitividad económica sin erosionar el acceso a la justicia.
