Este incidente se relata en el prólogo del libro de M. Atienza, E. Díaz, J.C. Fernández Rozas, J.D. González Campos y G. Peces-Barba, Política y derechos humanos, Valencia, Torres, 1976, p. 11-13:

“El curso 1974-75 estaba ya para terminar. Se habían alcanzado los últimos días del mes de mayo y el país vivía momentos muy difíciles. No cabe duda de que la ocasión no era la más adecuada para lanzarse a una ‘inconsciente’ apología de los derechos humanos. No obstante, dos profesores no numerarios de la Facultad de Derecho, adscritos a los dos Departamentos antes mencionados (J. Carlos Fernández Rozas, profesor de Derecho Internacional, y Manuel Atienza, de Filosofía del Derecho) recibieron una invitación para participar en una conferencia (seguida de coloquio) organizada en la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo, sobre el tema, precisamente, de los derechos humanos. Cumpliendo, una vez más, con el mandato de la Declaración Universal de Derechos del Hombre aceptaron de buen grado el pronunciar la conferencia, y con bastante menos entusiasmo las consecuencias que, como veremos, de allí se derivaron.

El acto estaba organizado por los profesores no numerarios de la Facultad de Filosofía y Letras y contaba con la autorización de su decano. Pero la ‘autorización’ (pieza maestra de un sistema de ‘democracia orgánica’) fue posteriormente desautorizada y considerada ‘insuficiente’ por el rector de la Universidad, y a los pocos días de su celebración, los dos profesores fueron llamados a declarar a la Jefatura Superior de Policía de Oviedo. Poco después, el gobernador civil de la provincia decidió imponerles una sanción económica como consecuencia de su participación en el acto referido, sanción que se hizo extensiva a otros profesores no numerarios de la Facultad de Filosofía y Letras.

El final, por cierto, todavía estaba bastante lejos de producirse. Unas semanas más tarde, a finales de junio, el Tribunal de Orden Público incoaba un sumario sobre estos hechos en el que se decretaba auto de procesamiento contra los profesores Fernández Rozas y Atienza por el delito de ‘propagandas ilegales’ tipificado en el artículo 251 del Código Penal. Con el pago de la fianza señalada al efecto, el juez decretaba la libertad provisional para ambos.

A finales del mes de septiembre del 75 (no hará falta recordar que el país estaba ya en su fase más crítica), la Dirección General de Universidades e Investigación determinó prohibir a estos dos profesores (como consecuencia del procesamiento) la entrada y permanencia en los centros docentes, orden que el rector se encargó de hacer cumplir sin notificación previa alguna a los directores de los Departamentos afectados.

Nada de lo relatado parecía resultar sorprendente, pues a juicio del rector de la Universidad (en declaraciones a la prensa) se trataba de ‘dos profesores multados gubernativamente y pendientes de juicio ante el T. O. P. a raíz de ciertos hechos ocurridos en el transcurso de una conferencia que sobre derechos humanos tuvo lugar la primavera pasada en la Facultad de Filosofía. La orden a que usted alude —se refiere al periodista— viene del director general de Universidades, a mandato del subsecretario, y es normal en estos casos, ya que siempre que un funcionario está procesado cesa de empleo y sueldo, aunque sea a título provisional’.

La historia general del país en el último trimestre de 1975 hizo cambiar la situación de estos dos profesores, quienes se incorporaron de nuevo a su situación verdaderamente normal: la de las tareas universitarias. En estas circunstancias surgió la idea de preparar y publicar este libro….”.

Vid. R. García Manrique, La filosofía de los derechos humanos durante el franquismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pp. 485-486.