El Reglamento Roma II reconoce al perjudicado acción directa contra la entidad aseguradora si así lo dispone la ley aplicable al contrato de seguro (SAP Salamanca 1ª 21 junio 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección Primera, de 21 de junio de 2021 confirma la decisión de instancia razonando del siguiente modo:

«(…) Como primer motivo del recurso de apelación se alega la errónea interpretación del Convenio Roma II, y de la póliza seguros suscritos entre la parte apelante, y su asegurada, Reglamento 864/2007, pues si bien la parte apelante entiende que el régimen jurídico al que se somete la responsabilidad civil derivada del presunto producto defectuoso suministrado por la entidad A., es la legislación española, la acción directa deberá integrase por las clausulas y contenido del contrato de seguro entre el causante de daño y su aseguradora, entendiendo la parte apelante, que al estar sometido el contrato de seguro al derecho alemán, en base a la cláusula recogida en el contrato de seguro, en cuanto que delimita el objeto del contrato, y por lo tanto, de acuerdo con la interpretación que hace la parte apelante, y de la cláusula 32 de las condiciones generales, por la remisión al derecho alemán, el perjudicado no tiene acción directa contra la entidad aseguradora , en tanto no exista un reconocimiento de deuda por el asegurado, o un título ejecutivo.  Es un hecho que no se discute por las partes en esta alzada, que dado que el perjudicado tiene su residencia habitual en España, y que la entidad aseguradora tiene su domicilio en Alemania, de acuerdo con el Reglamento 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, el régimen jurídico aplicable de acuerdo con el art. 5 de dicha norma comunitaria, es la normativa española sobre responsabilidad de productos defectuosos por ser la residencia habitual de la persona perjudicada en el momento de producirse el daño, y dado que el producto, hecho tampoco discutido por las partes, se comercializó en España y el perjudicado tiene su residencia habitual en España, tal como se establece en la sentencia de instancia, la legislación a tener en cuenta en esta materia es la ley española. Lo que si se discute en el recurso de apelación es que el perjudicado tenga acción directa contra la entidad aseguradora, pues a juicio de la parte apelante no existe tal acción directa en el Derecho alemán, de acuerdo con alegaciones y pruebas aportadas por la parte apelante. Sobre esta cuestión debe tenerse en cuenta tanto lo establecido en el Reglamento 864/2007 sobre esta cuestión, como lo establecido en la propia directiva 85/374 relativa a la aproximación de la legislación de los estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. En cuanto a la acción directa frente a la entidad aseguradora debe tenerse en cuenta que el propio Reglamento 864/2007, sobre esta cuestión en el artículo 18 establece «La persona perjudicada podrá actuar directamente contra el asegurador de la persona responsable para reclamarle resarcimiento si así lo dispone la ley aplicable a la obligación extracontractual o la ley aplicable al contrato de seguro». Por lo tanto el propio reglamento reconoce al perjudicado acción directa contra la entidad aseguradora en dos supuestos, si así lo dispone la ley aplicable, o bien la ley aplicable al contrato de seguro, en el presente caso dado que el derecho español reconoce la acción directa contra el asegurador, que es la ley aplicable de acuerdo con el propio reglamento, el hecho de que el asegurador y asegurado en el contrato pactaran que el contrato de seguro quedaba sujeto al derecho alemán, en modo alguno tal cláusula puede limitar los derechos del perjudicado en España, por un producto comercializado por la empresa alemana en España, pues de acuerdo con el artículo 18 del reglamento comunitario, la norma aplicable reconoce la acción directa al perjudicado, por lo que existiendo una norma expresa en el derecho español que reconoce esa acción directa, no cabe entender aplicable las condiciones generales, que solo pueden tener efecto entre el asegurador y asegurado, pero que en modo alguno puede tener efectos frente a terceros, en cuanto supone una limitación del perjudicado, contraria al régimen jurídico aplicable de acuerdo con el propio reglamento. Por su parte la propia directiva 85/374 relativa a la aproximación de la legislación de los estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, también viene a establecer que las normas de dicha directiva, como es toda la normativa de protección de consumidores y usuarios es una legislación de mínimos, a fin de conseguir una protección efectiva de los consumidores y usuarios, y por lo tanto la normativa de los Estados miembros no deberían verse afectados por dicha directiva, y expresamente se hace referencia a la protección respecto a los productos farmacéuticos, cuando se haya conseguido la protección eficaz del consumidor en el sector de los productos farmacéuticos a través de un régimen especial de responsabilidad, deberían seguir siendo igualmente posibles las reclamaciones basadas en dicho régimen. Dado que en el Derecho español y en concreto ,en el artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguros, reconoce al perjudicado acción directa contra la entidad aseguradora, y dado que el régimen de responsabilidad por productos defectuosos según en el Reglamento 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, deben prevaler dichas disposiciones del derecho español, frente a las cláusulas del contrato de seguro, respecto a la limitación de responsabilidad de la entidad aseguradora por la remisión al derecho alemán, toda vez que la protección del consumidor, como ocurre en el presente caso debe llevar a entender que por la remisión que se hace por el Reglamento al derecho aplicable, lo debe ser en su totalidad, en este caso el Derecho español, debe aplicarse a todos los aspectos de dicha responsabilidad, y de los sujetos responsables, tanto en virtud de la responsabilidad directa, como por la que se pueda haber asumido en virtud del correspondiente seguro de responsabilidad civil».

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