No se ha justificado la firmeza de la resolución de divorcio dictada por un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos sobre la que debería versar el execuátur (AAP Cádiz 6ª 17 junio 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección Sexta, de 17 de junio de 2021 desestima el recurso de apelación interpuesto contra un auto que inadmitió la demanda de reconocimiento de una sentencia  dictada por un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, con el siguiente razonamiento:

«(…)  se formuló en el caso que nos ocupa una demanda de reconocimiento judicial de una sentencia dictada por un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos, que se afirmó que era de divorcio, pero que, en realidad, lo que hacía era adoptar una serie de medidas definitivas en el ámbito familiar, al modo de las previstas en el 774 LEC. Ello encontraría amparo en el art. 54 Leey de cooperación jurídica internacional en materia civil. Conforme a dicho precepto, dentro del procedimiento establecido a tal fin, denominado execuátur, puede distinguirse una primera fase de admisión, una posterior de audiencia de aquéllos frente a los que quisiera ‘ …hacer valer la resolución judicial extranjera…’ y al Ministerio Fiscal y una última de decisión sobre la solicitud. Si se vuelve sobre el antecedente de hecho segundo a sexto se apreciará que tras requerirse a la solicitante para que aportase una documentación que se entendió que sería necesaria y oír después al Ministerio Fiscal, aunque no fuera preceptivo, se dictó un auto de inadmisión, en aplicación del apartado sexto de dicho precepto. Dicha resolución ha sido recurrida en apelación por la demandante al objeto de que se revoque y se dé curso a su petición»

«(…) Deber de motivación del auto recurrido, incumplimiento del mismo e irrelevancia de su alegación en el presente caso: La inadmisión de la demanda de execuátur debía adoptarse en una resolución con forma de auto conforme con el art. 206.1.2ª LEC, tal como ocurrió en el supuesto que nos ocupa. Ello determina que tal pronunciamiento habría de ser motivado. Así lo impone el artículo 208.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el art. 248.2º LOPJ. En el recurso se cuestionó que se cumpliera tal exigencia, que implicaba que se expusieran los argumentos de hecho y de derecho que justifican tal decisión, de forma que pudiera saberse que se fundó en una concreta aplicación del ordenamiento jurídico y no en el capricho o arbitrariedad del juzgador, posibilitando además de manera indirecta que pudiera arbitrarse una adecuada línea de ataque a través de los recursos establecidos legalmente. Partiendo de lo expuesto, tienen que hacerse las tres consideraciones siguientes: a) En el recurso de apelación podía hacerse valer la infracción de normas y garantías procesales, como es el deber de motivación de determinadas resoluciones judiciales, conforme con el art. 459 LEC. b) Del tenor del auto atacado no se desprende con certeza en qué se basó la inadmisión de la demanda. En primer lugar, se hizo una alusión genérica a un requerimiento de subsanación documental que no queda claro si lo que se afirmaba era que no se había evacuado, lo que sí había ocurrido, o no se había justificado al hacerlo aquello para lo que se instó. De otro lado, al aludirse a que ‘ … igualmente…’ no se cumplirían los requisitos del art. 54.4º.c) LCJIMC poco más se aportó. Dicha norma establece que con la demanda de reconocimiento de resolución extranjera habría de aportarse ‘Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado  de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley aplicada por el tribunal de origen’, lo que implica que existen varias posibilidades de cumplir con tal exigencia. En definitiva, aunque el auto atacado contiene una motivación, la misma es meramente formal. Todo parece apuntar a que se reutilizó un modelo informático inadecuado para las circunstancias de este caso en el que, además, no se tuvo en cuenta la existencia del previo informe del Ministerio Fiscal, aunque se tomó parte de sus alegaciones, por lo que ni por remisión podría conocerse cuál fue la verdadera razón de la inadmisión. c) A pesar de que el auto recurrido puede considerase inmotivado ninguna consecuencia puede extraerse de ello. La carencia de tal exigencia no lleva aparejado automáticamente que se conceda a la apelante la tutela solicitada en el recurso. Todas las alegaciones a este respecto fueron un añadido con el que realmente no se pretendió esgrimir una infracción procesal que pudiera provocar la revocación que con efectos más bien anulatorios prevé en el art. 465.3º LEC, y que, por lo demás, impondría que este Tribunal acabara decidiendo si procede o no admitir la petición de reconocimiento a la que se aspira sin posibilidad de remitir las actuaciones para que se dictase una nueva resolución motivada».

«(…) Incumplimiento de los requisitos para admitir la demanda. Desestimación del recurso: La demanda en la que se solicitó el denominado execuátur de la sentencia extranjera fue presentada por una persona interesada en ella, representada por una procuradora y asistida por letrado, y se dirigió frente a quien habría de hacerse valer su reconocimiento, que era quien sostuvo que fue su esposo, como exigía el art. 54.1º y 3º LCJIMC. En virtud de su apartado cuarto, a la misma habría de acompañarse lo siguiente: ‘ … a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados. b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente. c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley aplicada por el tribunal de origen. d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil … ‘. En este caso concreto se aportó una sentencia dictada el día 23 septiembre 2018, que consta legalizada vía diplomática a través de la embajada de España en Abu Dhabi y con su correspondiente copia en español realizada por una traductora jurada. De esta última se deduce, además, que el esposo de la recurrente intervino durante toda la tramitación del procedimiento seguido en Emiratos Árabes Unidos, por lo que no habría estado en una situación equivalente a la de rebeldía procesal del art. 496 LEC. Ahora bien, no se ha acreditado la firmeza de dicha resolución. De la misma no se desprende tal circunstancia y, a fin de justificarlo, se hizo por la Letrada de la Administración de Justicia del órgano de procedencia el requerimiento para que aportase el documento que lo pusiera de relieve al que se ha hecho referencia en el antecedente de hecho segundo de la presente resolución aplicando lo dispuesto en el art. 54.6º LCJIMC. Al evacuarse tampoco se logró. Se aportó una certificación traducida del mismo tribunal extranjero, pero que, además de no estar legalizada, lo que indicaba era que no constaba que se hubiera interpuesto ‘ … recurso o demanda que cancele…’ una sentencia de divorcio de 10 junio 2018, que no era la que se acompañó con la demanda, aunque se le diese tal denominación erróneamente, como ya se indicó en el fundamento de derecho primero. A tenor de todo ello nos encontramos con que no se ha justificado la firmeza de la resolución de la que se aportó una copia auténtica y sobre la que habría de versar el execuátur, que, además, no es en la que se habría adoptado la decisión sobre la ruptura del vínculo matrimonial, aunque partiera de la misma. El recurso debe ser desestimado, en consecuencia. No tendría razón de ser un nuevo requerimiento de subsanación, como se sugería en la apelación. Nada obstará, sin embargo, a que pueda volver a solicitarse en el futuro el reconocimiento o incluso la ejecución de alguna de esas dos sentencias o, en su caso, su inscripción directa en el Registro Civil español conforme con el art. 96 de la Ley 20/2011 del Registro Civil, acreditando, si fuera necesario, cualquier aspecto del derecho extranjero que pudiera influir en la decisión final a adoptar o, simplemente, de cara a la admisión de la petición».

Deja un comentario