Publicación de la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón (2020/2621(RSP))

El DO C 371 de 15.9.2021 publica la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón

Antecedentes

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatió en su reunión del 19 de febrero de 2020 las peticiones nos 0594/2019, 0841/2019, 0842/2019 y 0843/2019 sobre la sustracción de menores por sus progenitores y los derechos de visita en los casos de parejas de nacionalidad mixta en los que uno de los progenitores es ciudadano de la Unión y el otro es ciudadano japonés. Estas peticiones mostraron preocupación por el deficiente historial de Japón a la hora de ejecutar las resoluciones judiciales sobre restitución de menores en el marco del Convenio de La Haya de 1980 y por la falta de medios para hacer cumplir los derechos de acceso y de visita, lo que impedía a los padres de la Unión mantener una verdadera relación con sus hijos residentes en Japón. Se puso de relieve la existencia de un número significativo de casos de sustracción de menores por sus progenitores sin resolver en los que uno de los progenitores es ciudadano de la Unión y el otro es ciudadano japonés era alarmante denunciándose que la legislación japonesa no contemplaba la posibilidad de obtener la custodia compartida; que distintas fuentes han demostrado que la sustracción de menores es una forma grave de maltrato infantil y que los derechos de acceso o de visita de los progenitores privados de sus hijos en Japón son muy limitados o inexistentes.

Carta a la Misión de Japón ante la Unión Europea

Tras las conclusiones de su reunión de los días 19 y 20 de febrero de 2020, la Comisión de Peticiones envió una carta a la Misión de Japón ante la Unión Europea en la que instaba a las autoridades japonesas a respetar la legislación nacional e internacional relativa a los derechos de los menores y los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores;

En dicha carta se expresaba la preocupación por la situación de los menores que sufren como consecuencia de una sustracción por uno de los progenitores en Japón y por el hecho de que las leyes y resoluciones judiciales pertinentes no se ejecuten en todo el mundo; recuerda que los menores de la Unión en Japón deben disfrutar de la protección prevista en los acuerdos internacionales que protegen sus derechos. También lamentaba dejar constancia que Japón, como socio estratégico de la Unión, no parece cumplir las normas internacionales en los casos de sustracción de menores; recordando que debía mejorarse el marco jurídico del país para que, por ejemplo, se ejecutasen efectivamente en Japón las decisiones adoptadas por los tribunales japoneses y otros tribunales de los países pertinentes en procedimientos sobre la restitución del menor con arreglo al Convenio de La Haya de 1980.

Subrayaba la carta que los casos de sustracción de menores requieren una gestión rápida, ya que el paso del tiempo puede tener consecuencias negativas a largo plazo para los menores y para las futuras relaciones entre los menores y los progenitores privados de sus hijos y que la sustracción de menores por sus progenitores podía perjudicar al bienestar del menor y acarrear efectos nocivos a largo plazo; haciendo hincapié en que la sustracción de menores puede provocar problemas de salud mental tanto a los menores como a los padres privados de ellos;

Como vías de solución la carta proponía la creación de una plataforma europea informativa de apoyo, de uso fácil para los ciudadanos, para asistir a los progenitores en los litigios familiares transfronterizos, en colaboración con la Conferencia de La Haya (por ejemplo, completando el portal e-Justicia con información sobre la sustracción de menores a terceros países por sus progenitores y sobre otros derechos de los menores).

Pero también manifestaba que, de conformidad con el Convenio de La Haya de 1980, las autoridades japonesas están obligadas a garantizar que las autoridades centrales cumplan las obligaciones establecidas en los arts. 6 y 7 de dicho Convenio, incluida la de ayudar a los padres privados de los menores a mantener contactos con sus hijos pidiendo en tal sentido, a las autoridades japonesas que sigan las recomendaciones internacionales de realizar los cambios necesarios en el ordenamiento jurídico nacional e introducir la posibilidad de la custodia compartida tras la disolución de la relación de los progenitores con el fin de adecuar su legislación nacional a sus compromisos internacionales y garantizar que los derechos de visita y acceso reflejen las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo pedía a las autoridades japonesas que cumpliesen sus compromisos en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por el país.

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