Aplicación del Reglamento de obtención de pruebas el deudor que reside en un domicilio desconocido en un Estado miembro distinto (STJ 6ª 9 septiembre 2021, as. C-208/20)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Sexta, de 9 de septiembre de 2021 (asuntos acumulados C‑208/20 y C‑256/20: Toplofikatsia Sofia y otros). declara que el Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una situación en la que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro indaga el domicilio, en otro Estado miembro, de una persona a la que debe notificarse una resolución judicial.

Asunto C‑208/20

El órgano jurisdiccional remitente, el Sofiyski Rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), conoce de tres litigios.

El primer litigio versa sobre un recurso interpuesto por Toplofikatsia Sofia con objeto de que se declare la existencia de un crédito relativo al suministro de energía térmica a un inmueble sito en Sofía (Bulgaria) frente a una persona física, después de que, en el marco de un procedimiento de expedición de un requerimiento de pago dirigido a dicha persona, esta no se encontrara en el domicilio indicado en la demanda. Las averiguaciones llevadas a cabo por el citado órgano jurisdiccional confirmaron que el domicilio indicado era su domicilio permanente y actual, tal como está inscrito en el registro nacional de habitantes. Sin embargo, según un vecino, esta persona vive en Francia desde hace siete años.

En el segundo litigio, el referido órgano jurisdiccional, a petición de CHEZ Elektro Bulgaria, un proveedor de electricidad, expidió un requerimiento de pago dirigido a una persona física por facturas impagadas relativas al suministro de electricidad a un edificio sito en Sofía y ordenó su notificación en el domicilio indicado por CHEZ Elektro Bulgaria, que coincide con el domicilio permanente y actual de esa persona, tal como figura en el registro nacional de habitantes. No obstante, fue imposible encontrar en él a dicha persona, que, según la información facilitada por un vecino, vive en Alemania desde hace un año.

En el tercer litigio, a petición de una agencia de gestión de cobro de créditos, la Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia, el órgano jurisdiccional remitente expidió un requerimiento de pago dirigido a una persona física, que no había devuelto un préstamo a una entidad de crédito establecida en Sofía, y decretó su notificación en la dirección indicada por la mencionada agencia, que corresponde a la dirección permanente y actual de esa persona, tal como figura en el registro nacional de habitantes. Sin embargo, fue imposible encontrar en ella a dicha persona, que, según la información facilitada por su madre, vive en Alemania desde hace tres años.

El órgano jurisdiccional remitente se plantea la cuestión de si, del mismo modo que en virtud del Derecho búlgaro está obligado a efectuar comprobaciones de oficio en relación con la dirección en Bulgaria de las personas a las que debe notificarse un acto judicial, también está obligado a efectuar tales comprobaciones ante las autoridades competentes de otro Estado miembro cuando resulte que el destinatario de una resolución judicial como las controvertidas en el litigio principal vive en este último Estado miembro.

Asunto C‑256/20

En este asunto, el órgano jurisdiccional remitente, el Sofiyski Rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía), expidió, a petición de Toplofikatsia Sofia, un requerimiento de pago dirigido a una persona física por facturas impagadas relativas al suministro de energía térmica a un inmueble situado en Sofía y ordenó que se le notificara en su domicilio permanente y actual. Sin embargo, tras dos intentos, no fue posible encontrar en él a esa persona, que, según la información facilitada por el administrador del inmueble, vive en Alemania y se encuentra rara vez en dicho domicilio. En estas circunstancias, el Sofiyski Rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos a los de las cuestiones segunda a cuarta planteadas en el asunto C‑208/20.

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

Por lo que respecta a la interpretación del art. 1, ap. 1, letra a), del Reglamento nº. 1206/2001, procede recordar que, según esta disposición, este Reglamento es aplicable en materia civil o mercantil cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, de conformidad con su Derecho interno, solicita al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro que proceda a la práctica de diligencias de obtención de pruebas. Pues bien, la indagación de la dirección de una persona a la que debe notificarse una resolución judicial no constituye una “diligencia de obtención de pruebas”, en el sentido de la citada disposición, comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. A este respecto, procede señalar que, en virtud del art. 4, ap. 1, letra b), de este mismo Reglamento, tal solicitud debe indicar, en particular, el nombre y la dirección de las partes. De ello se deduce que la solicitud de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga por objeto la indagación, en otro Estado miembro, de la dirección de una persona a la que debe notificarse una resolución judicial no está regulada por el Reglamento nº 1206/2001, de modo que este último no es aplicable a una situación como la controvertida en este caso. Por consiguiente, el art. 1, ap. 1, letra a), del Reglamento nº 1206/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una situación en la que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro indaga el domicilio, en otro Estado miembro, de una persona a la que debe notificarse una resolución judicial.

Por lo que respecta a la cuestión de si, en circunstancias como las de los litigios principales, el art. 5, ap. 1, del Reglamento nº. 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que los requerimientos de pago expedidos por un órgano jurisdiccional adquieran fuerza ejecutiva o que obligue a dicho órgano jurisdiccional a revocar tales requerimientos, basta con señalar que esta disposición no guarda relación alguna con las normas procesales de los Estados miembros que regulan, por un lado, las condiciones en las que las resoluciones judiciales adquieren fuerza ejecutiva y, por otro lado, la validez de tales resoluciones. A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento nº 1215/2012 no tiene por objeto unificar todas las normas de procedimiento de los Estados miembros, sino regular las competencias judiciales para la solución de los litigios en materia civil y mercantil en las relaciones entre dichos Estados y facilitar la ejecución de las resoluciones judiciales). Como este Reglamento no determina ni las condiciones en las cuales las resoluciones judiciales adquieren fuerza ejecutiva ni aquellas que regulan la validez de dichas resoluciones, tales condiciones pertenecen al ámbito de la autonomía procesal de los Estados miembros. Y añade el Tribunal de Justicia que dado que el art. 5, ap. 1, del Reglamento nº 1215/2012 no es aplicable a una situación como la controvertida en los litigios principales, no puede considerarse que la solución que adopte el órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la adquisición de fuerza ejecutiva de una orden conminatoria de hacer o en cuanto a la validez de tal orden en dicha situación pueda privar de toda efectividad a la aplicación de la mencionada disposición.

A partir de aquí el Tribunal de Justicia declara que el art. 5, ap. 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una orden conminatoria de hacer dirigida a un deudor adquiera fuerza ejecutiva y no obliga a revocar tal orden.

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