La documentación es coincidente con la declaración del menor por lo que se refiere a su edad y no es razonable considerarlo como indocumentado y que prevalezcan unas dudas que son despejadas por dicha documentación (STS Civ 1ª 18 junio 2021)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, Sección Primera, de 18 de junio de 2021 estimar el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada con fecha 28 de mayo de 2020 por la Audiencia Provincial de Madrid que declaró la nulidad de la sentencia de instancia que había declarado la validez del pasaporte y Carta de Identidad Nacional, expedidos por el Consulado de Marruecos en España de Cayetano reconociendo por tanto la minoría de edad del interesado. De acuerdo con la presente decisión:

“(…) La peculiaridad del supuesto que da lugar al presente recurso es que el demandante, lo que pretende, contra el decreto del Ministerio Fiscal que determinó su mayoría de edad, es que se le tenga por menor de acuerdo con la documentación oficial de su país. Y lo hace solicitando la tutela judicial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los derechos del niño que, a su juicio, se habrían visto vulnerados por el decreto del Ministerio Fiscal que determinó su mayoría de edad. La posibilidad de formular oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y ante la jurisdicción civil está expresamente reconocida en los arts. 779 y 778 LEC. Cuando la resolución administrativa de cese de la tutela de un menor se dicta con apoyo en un decreto de la Fiscalía de mayoría de edad, la oposición a la resolución administrativa permite a los tribunales pronunciarse sobre el mismo decreto, al hilo de un procedimiento iniciado para impugnar uno de los efectos derivados de su aplicación. Pero en un caso como el presente, en el que se dice que al menor se le ha privado de la protección a la que tiene derecho como tal, pero no consta la existencia de una resolución de la entidad pública que deniegue la declaración de desamparo (no la aporta ninguna de las partes), es razonable que el demandante impugne directamente el decreto de la Fiscalía. Esta sala entiende que la admisibilidad de la impugnación del decreto es una exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva y de la protección del menor puesto que, al declarar su mayoría de edad, el decreto de la Fiscalía excluye al demandante del sistema de protección reforzada constitucionalmente garantizado a los menores y le niega el reconocimiento de los derechos del niño conforme a la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España por instrumento de 30 de noviembre de 1990. La vía de los derechos fundamentales no es inadecuada porque lo que se planteó en la demanda y ahora en el recurso versa sobre la determinación de la edad del menor, lo que tiene trascendencia a la hora de fijar su identidad y estado civil -vinculados a la fecha de nacimiento- y considerados como un derecho básico de los niños de acuerdo con el art. 8 de la Convención de los derechos del niño, vinculante para España (arts. 96.1º y 10.2º CE). Al mismo tiempo, no considerar fiables el pasaporte y la carta de identidad expedidos por el Consulado de Marruecos en España, de los que ni se acredita ni se afirma que sean falsos, irregulares o estén manipulados, y que no han sido impugnados, comporta una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación ante la ley basada en el origen nacional del menor. Ello está vedado por el principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE) y es incompatible con el compromiso de respetar los derechos enunciados en la Convención de los derechos del niño y asegurar su aplicación sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma o el origen nacional, étnico o social (art. 2.1 de la Convención). Contra lo que sostiene la Audiencia, la jurisdicción civil es competente para conocer de la pretensión ejercitada en atención al contenido de los derechos invocados que, como ha quedado dicho, están vinculados a la determinación de la edad y permiten fijar el estado civil y la identidad del menor. Se trata de cuestiones propias de esta jurisdicción a la que, en última instancia, por otra parte, le corresponde conocer, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional (art. 9.2º LOPJ). En el caso, tal conclusión en modo alguno puede verse desvirtuada por dirigirse la impugnación del demandante contra el decreto de mayoría, dada la autonomía funcional que el art. 2.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reconoce a este órgano. Por todos los razonamientos anteriores procede estimar los recursos por infracción procesal y de casación contra la sentencia recurrida pues, ante la falta de impugnación de una documentación que es coincidente con la declaración del menor por lo que se refiere a su edad, ni es razonable considerarlo como indocumentado ni es razonable que prevalezcan unas dudas que son despejadas por dicha documentación. La estimación del recurso determina que, al asumirla instancia, anulemos la sentencia recurrida y confirmemos la del juzgado que declaró que al demandante se le debió tener por menor de edad de acuerdo con su documentación y que le correspondía la atención que dispensa la legislación al menor de edad extranjero no acompañado”.

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