El menor de edad extranjero no acompañado estaba documentado y le correspondía la atención que dispensa la legislación española e internacional asumida por España (STS Civ 1ª 21 junio 2021)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 21 de junio de 2021 estima el recurso interpuesto por contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2020 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, razonando del siguiente modo:  

“(…) Como advierte el Ministerio Fiscal en su escrito de apoyo a los recursos, el contenido de este recurso ya se ha planteado en varias ocasiones, si bien no por la vía de la vulneración de derechos fundamentales, pero con identidad de objeto. En ocasiones anteriores, el procedimiento se iniciaba con una demanda de oposición a la resolución de la entidad pública que denegaba la declaración de desamparo y la asunción de la tutela automática del demandante tras ser decretada su mayoría de edad por la Fiscalía (sentencias 453/2014, 452/2014, de 24 de septiembre, 11/2015, de 16 de enero, 13/2015, de 16 de enero, 318/2015, de 22 de mayo, 319/2015, de 23 de mayo, 320/2015, de 22 de mayo 329/2015, de 8 de junio, 368/2015, de 18 de junio, 411/2015, de 3 de julio, 507/2015, de 22 de septiembre, 720/2016, de 1 de diciembre, 307/2020, de 16 de junio, y 357/2021, de 24 de mayo). Resumidamente, es doctrina de la Sala: ‘El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte válido. Por tanto, procede realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad. En cualquier caso, ya se trate de personas documentadas como indocumentadas, las técnicas médicas, especialmente si son invasivas, no podrán aplicarse indiscriminadamente para la determinación de la edad’. También hemos dicho: ‘Aunque en los procesos que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores el tribunal no está vinculado por las disposiciones generales en materia de fuerza probatoria de los documentos (arts. 748.7º y 752.2º LEC), ello no significa que pueda prescindirse del valor acreditativo de la menor edad que resulta de la documentación oficial expedida por las autoridades competentes’. En el caso, ante la falta de impugnación de una documentación que es coincidente con la declaración del menor por lo que se refiere a su edad, ni es razonable considerarlo como indocumentado ni es razonable que prevalezcan unas dudas que son despejadas por dicha documentación. (…). ‘En las circunstancias del caso, las dudas suscitadas en la Fiscalía acerca de la fiabilidad de la edad que consta en una documentación oficial que no ha sido invalidada ni desacreditada por las autoridades que la expidieron, y que tampoco presenta indicios de manipulación, no pueden prevalecer frente a lo que resulta de la propia documentación aportada por el menor para hacer valer su condición de tal a efectos de obtener la protección de menores’”. “(…)En el presente caso, la demanda no se dirige contra una resolución administrativa de protección de menores (que no es citada por ninguna de las partes y no consta haya sido dictada), sino que denuncia la vulneración de los derechos fundamentales, como consecuencia de que, al ser considerado mayor de edad en virtud del decreto de la Fiscalía, a pesar de estar documentado y no haber impugnado su documentación, fue discriminado y quedó fuera del sistema de protección que le correspondía como menor. Esta es la cuestión que se reitera en los recursos por infracción procesal y casación. Aunque en primera y en segunda instancia se siguió el procedimiento de tutela civil de derechos fundamentales (art. 249.1.2 LEC), el recurrente invoca el interés casacional con apoyo en la doctrina de la sala sobre la determinación de la edad de los menores que portan una documentación de su país de origen que no ha sido impugnada. Como recuerda la sentencia 620/2018, de 8 de noviembre, en los procesos sobre tutela judicial civil de los derechos fundamentales, la jurisprudencia citada para la justificación del interés casacional ‘habrá de entenderse aludida a mayor abundamiento’ (sentencias 488/2017, de 11 de septiembre, 297/2018, de 13 de mayo, y 130/2020, de 27 de febrero). De ahí que no sea inoportuno, aunque el recurso invoque la tutela de los derechos fundamentales, la cita de la doctrina de la sala sobre la determinación de edad de los menores no acompañados (…). La aplicación al caso de la doctrina de la sala determina, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, la estimación de los recursos, pues ante la falta de impugnación efectiva de la inscripción de nacimiento según la legislación del país y del pasaporte que presenta D. Fructuoso no puede negarse su eficacia, y habrá que convenir que el menor estaba documentado y que le correspondía la atención que dispensa la legislación española e internacional asumida por España, como un menor de edad extranjero no acompañado”.

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