Las causas de oposición alegadas no entran dentro de los márgenes admitidos para la oposición al despacho de ejecución de un laudo arbitral (AAP Madrid 10ª 6 marzo 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de 6 de marzo de 2021 (ponente: Fernando Delgado Rodríguez confirma la decisión de instancia que declaró procedente el despacho de ejecución de un laudo arbitral, con las siguientes consideraciones:

«(…) es acertado el criterio judicial de la primera instancia al razonarse que no es preciso determinar si el título se encuentra o no protocolizado, sino si es auténtico, sobre cuya falta de autenticidad no se ofrece prueba alguna. Y atendiendo a la doctrina de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 19ª en su resolución de 16 de enero del 2007 dictada en el recurso de apelación 800/2006, y Sección 25ª, fijada en Auto nº 221/2009, de 13-11, cuando el procedimiento arbitral se siguió bajo la vigencia de la actual Ley de Arbitraje 60/2003, en cuyo artículo 37.8 se contempla la protocolización como una formalidad que puede ser exigida por cualquiera de las partes antes de la notificación, pero no se le atribuye carácter obligatorio, ni tampoco la Ley de Enjuiciamiento Civil impone el cumplimiento de esta formalidad para dotarla de eficacia ejecutiva, pues a tal fin sólo obliga a acompañar al Laudo los documentos acreditativos de la notificación a las partes ( art. 550.1,1º LEC). El régimen legal vigente introdujo un cambio claro en la formalización del Laudo arbitral , pues ciertamente el art. 33.2º de la anterior Ley 36/1988  obligaba a protocolizar el Laudo y el artículo 54 a presentar copia autorizada para su ejecución forzosa, pero en la actualidad la protocolización no es una exigencia, sino una formalidad exigible por cualquiera de las partes por conveniencia a sus intereses, y cuya única relevancia en el ámbito formal es que el laudo protocolizado impide al ejecutado oponerse alegando la falta de autenticidad, pues el archivo notarial da fe de la naturaleza verdadera del título y no permite discutirla. Es en esos términos como se ha de entender lo dispuesto por el artículo 559.1.4º, cuando permite al ejecutado oponerse a la ejecución por defectos procesales alegando la falta de autenticidad si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado. Es decir, el laudo arbitral no protocolizado permite al ejecutado alegar la falta de autenticidad, pero eso no implica que por el hecho de no estar protocolizado el título no sea auténtico. Tal interpretación la hizo, con carácter de auténtica, la exposición de motivos de la Ley 60/2003 diciendo: ‘Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo. Esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acción de anulación transcurre desde su notificación, sin que sea necesario que la protocolización, cuando haya sido pedida, preceda a la notificación. Y tampoco la fuerza ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de oposición la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional’. Por lo tanto, la ausencia de protocolización no es equivalente, ni produce la falta de autenticidad. Y, no habiéndose acreditado la falta de autenticidad, la apelación en lo que concierne a dicha causa de oposición debe ser desestimada. También se alegó la nulidad del título ejecutivo al no haberse abonado la tasa correspondiente a la entidad bancaria colaboradora y, que el convenio fue impuesto al ejecutado en un contrato de adhesión en el que no tuvo auténtica capacidad negociadora. A cuyo efecto es acertada la tesis de la resolución judicial recurrida, cuando en la misma se concluyó que debemos partir de la naturaleza jurídica del procedimiento en que nos encontramos, basada en un título de naturaleza ejecutiva en el art. 517.2.2º de la LEC, por cuanto la resolución arbitral es firme. En el ámbito del anterior título ejecutivo el artículo 556 de la LEC, determinó como únicas posibles causas de oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución de cuya ejecución de que se trata, caducidad de la acción ejecutiva, y pactos o transacciones consten en documento público y que se hubieran convenido para evitar la ejecución a la que la ley atribuye fuerza ejecutiva. Según el artículo 136 de la LEC, «transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate». En consecuencia, las causas de oposición alegadas no entran dentro de los márgenes admitidos para la oposición en un procedimiento de la naturaleza jurídica del actual, siendo lo cierto que ha precedido al presente un procedimiento arbitral, aceptado expresamente por ambas partes en pacto de alquiler de fecha 1 de septiembre de 2012, y durante cuyo procedimiento el ejecutado fue oído, plasmándose sus alegaciones en el antecedente de hecho sexto y se ha practicado prueba, sin que contra el mismo se hubiera ejercitado por ninguna de las partes dentro del plazo de dos meses legalmente establecidos la acción de anulación de la que expresamente se informaba de conformidad con el art. 41 de la L.A, y para cuyo trámite, a seguir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid el ejecutado hubiera podido interesar, si a su derecho conviniera, el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, cosa que no consta haber formalizado, por cuya causa la resolución judicial ejecutada ha quedado firme. Por lo tanto debemos confirmar el Auto recurrido al estar ajustado a Derecho, también en cuanto a la pluspetición que no puede prosperar porque la frágil situación económica del deudor habría de ser tenida en cuenta para el embargo de bienes, pero no para el actual trámite procesal, y en cuanto a la compensación con la fianza entregada en su momento, procederá únicamente una vez restituida la posesión de la finca y una vez comprobado que no ha de destinarse a ninguna de las finalidades para las que fue constituida. Las alegaciones que no fueron formuladas en tiempo y forma, dentro de la primera instancia no son valorables en la apelación, como es el tema del lanzamiento».

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