Habida cuenta del domicilio fuera de España y no ser consumidor, la cláusula de sumisión expresa que se integra en el contrato y que resulta pactada libremente entre las partes es válida (AAP Málaga 5ª 30 octubre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 30 de octubre de 2020 desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha once de julio de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia, que estimó una declinatoria por falta de competencia judicial internacional de los Tribunales españoles para conocer de la demanda interpuesta por la parte actora al considerar  competentes los Juzgados de Luxemburgo. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) Considerando que el Juez a quo’, con cita del art. 21 de la LOPJ y teniendo en cuenta el Reglamento (UE) 1215/2012 de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, examina el contenido de la demanda, el escrito de declinatoria de la parte demandada y el informe del Ministerio Fiscal, y acuerda estimar la declinatoria formulada entendiendo que carece de competencia internacional o jurisdicción para el conocimiento del presente proceso, y ello en base a los siguientes argumentos: la parte demandante entiende que este Juzgado es competente invocando el carácter de consumidor, entendiendo por ello que no opera la cláusula de sumisión, la cual no es válida. Frente a ello, la parte demandada defiende la validez de la cláusula de sumisión al no tener condición de consumidora la parte demandante y, aun cuando no operara la cláusula de sumisión, entiende que concurre falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles. Por su parte, el Ministerio Fiscal se ha adherido a la declinatoria entendiendo que este Juzgado carece de competencia internacional por los motivos esgrimidos en su escrito. Pues bien, en primer lugar, analiza el Juez la cláusula de sumisión recogida en el préstamo, en virtud de la cual las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Luxemburgo, tal y como resulta de la cláusula 29 de las Condiciones Particulares de los préstamos (documento 3). En este sentido, el art. 25 del Reglamento antes referido establece que ‘un acuerdo atributivo de competencia que forme parte de un contrato será considerado como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato. La validez del acuerdo atributivo de competencia no podrá ser impugnada por la sola razón de la invalidez del contrato’. Dicho lo anterior, tiene en cuenta el Juez que la cláusula de sumisión no opera cuando hay foro de competencia exclusiva, lo que ocurre en materia de consumidores, por lo que analiza seguidamente la condición de consumidor de la parte demandante. El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, prevé en su art. 3º que, ‘A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional’. Y razona el juzgador que, en el presente caso, pese a que el demandante es una persona física, y a priori pudiera inferirse en un primer momento el carácter de consumidor, sin embargo, de la documental aportada resulta que el mismo actúa en su propio nombre y como administrador de las dos mercantiles también demandantes. Consta expresamente que el mismo es empresario y que el préstamo tiene como destino en parte la amortización del préstamo existente con ‘Cajamar, Caja Rural S. C. de Crédito en España’, con el fin de cancelar la hipoteca vigente sobre el inmueble. El prestatario tiene su residencia en Miami (Florida), tal y como resulta de los poderes aportados como documentos 1 y 3, y documento 7; al tiempo de la firma del préstamo, el prestatario estaba domiciliado en Brasil (documento 4 y documento 5). En este sentido, el art. 18 determina que ‘la acción entablada por un consumidor contra la otra parte podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor’. En el presente caso no hay prueba de que el demandante (para el caso de que se admitiera su carácter de consumidor) tenga su domicilio en España, puesto que de la documental aportada no resulta acreditado tal extremo, y de la misma no resulta tampoco que las dos mercantiles actúen con carácter ajeno a su actividad profesional. Por otro lado, el préstamo cuya nulidad se invoca ha sido celebrado en Luxemburgo; el prestatario tiene su domicilio en Miami (Florida) y la entidad prestamista (ahora demandada) tiene su domicilio en Luxemburgo. No apreciando la condición de consumidor de la parte demandante, no resulta de aplicación el fuero exclusivo por razón de la materia previsto en los arts. 17 a 19 del Reglamento. Por otro lado, no resulta de la prueba documental dato alguno que determine que la cláusula de sumisión es nula, puesto que ha sido pactada por las partes en virtud del principio de libertad de pacto, y voluntariamente aceptada por las partes. Dicho lo anterior, teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 17 ss del Reglamento 1215/2012 antes referidos y la cláusula de sumisión, al amparo del art. 25, ha de concluirse que los tribunales de España no tienen jurisdicción, pues de la documental que obra en autos no resulta que el domicilio de la parte demandante se encuentre en España. Así, la demandada tiene su domicilio fuera de España, en concreto en Luxemburgo. El Sr. José Miguel demanda en su propio nombre y derecho, y como administrador de ‘Explotaciones Agrícolas y Urbanas El Rocío S.L.’ y de ‘Norseman Properties Limited’. No hay una sola referencia en la demanda que indique que el domicilio del demandante se encuentre en España. Además, figura como prestatario tan solo el Sr. José Miguel y no las dos mercantiles antes mencionadas, y el préstamo ha sido firmado en Luxemburgo el 23 de marzo de 2011, no siendo Marbella el lugar donde ha nacido o deba de surtir efecto la relación jurídica, y ello atendiendo al derecho interno, de conformidad con lo previsto en el art. 51 de la LEC. A la vista de tal documentación y entendiendo que las alegaciones efectuadas por la parte demandante no resultan acreditadas con la documental aportada a tal efecto, aplicando los fueros competenciales recogidos en el Reglamento, los Juzgados de Marbella carecen de jurisdicción (competencia internacional) para conocer de la presente demanda, tal y como se dijo en los párrafos anteriores. Por todo lo expuesto, estima el Juez la declinatoria formulada por la parte demandada, declara la falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles (competencia internacional) y, por ende, de este Juzgado de Marbella para conocer de la demanda interpuesta por la parte actora, resultando en aplicación del Reglamento (CE) 1215/2012 la competencia de los Juzgados de Luxemburgo para conocer del presente proceso. En materia de costas, las originadas en el presente procedimiento se imponen a la parte actora en aplicación del art. 394.1º LEC”.

“(…) Considerando que, reitera la parte recurrente en la apelación los argumentos que el auto recurrido viene a analizar y desestimar; invoca la infracción del art. 18 del Reglamento (UE) 1215/12, de 12 de diciembre, y de la jurisprudencia europea que consagra un criterio realista del concepto de domicilio para integrar la norma de competencia judicial internacional. En segundo lugar, la infracción del art. 2, letra b, de la Directiva 93/13 y de la doctrina jurisprudencial del TJUE sobre la determinación de la condición de consumidor como concepto objetivo y no subjetivo. En tercer lugar, el carácter abusivo de la sumisión expresa unilateralmente impuesta al consumidor, y la infracción de la jurisprudencia europea al conceder el Juez validez a la cláusula contractual de sumisión, a todas luces asimétrica pues se permite libertad absoluta a la prestamista a la hora de elegir el país ante cuyos tribunales ejercitar acciones contra el cliente, que es la parte débil del contrato. Y, en cuarto lugar, la infracción del art. 35 del Reglamento ‘Bruselas I bis», y la incongruencia omisiva flagrante del auto recurrido que viene a vulnerar la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24 de la Constitución. Por sistemática procesal comenzará la Sala analizando este último argumento del recurso. Como señala la ya clásica sentencia del TC de 2 junio de 1998, ‘conviene destacar, en primer lugar, cómo el deber de motivación, en principio, no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla. En particular, hemos afirmado que es motivación suficiente la remisión hecha por el Tribunal Superior a la sentencia de instancia que era impugnada’. Y ello es así porque, tras la aplicación de la jurisprudencia de pertinente aplicación al supuesto que nos ocupa, y realizando la valoración conjunta de la prueba practicada, se constata, en primer lugar, que los recurrentes pretenden, pura y simplemente, sustituir la argumentación y conclusiones jurídicas del auto recurrido por otras más convenientes a sus propios intereses, cuando resulta que dicha resolución se encuentra plenamente ajustada a derecho en los términos que la doctrina jurisprudencial viene aplicando para supuestos análogos al que nos ocupa. Y llega la Sala a esta conclusión tras la interpretación lógica de la normativa aplicable, así como de la jurisprudencia del TJUE que se trae a colación, recordando que una resolución puede ser confirmada por remisión a la misma cuando, examinados en la alzada los autos, el Tribunal comparte los argumentos que se exponen en los fundamentos de derecho de la resolución apelada a los fines de sustentar su parte dispositiva; motivación que se reputa bastante para confirmar tal resolución, puesto que no queda desvirtuada en esta alzada por las alegaciones vertidas en el escrito de interposición de recurso; y en consecuencia puede y debe este Tribunal de segundo grado remitirse a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación que a Juzgados y Tribunales impone el art. 120.3 de la Constitución Española, que no es otra cosa que el dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, obligación que está inmersa de la misma manera en el art. 218 LEC”.

“(…) (C)omo bien indica la parte apelada al oponerse al recurso deducido de contrario, constituye requisito sine qua non’ para poder invocar la competencia jurisdiccional de los tribunales españoles por razón de la materia, en el marco de los arts. 17 a 19 del Reglamento invocado – ‘competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores’ –, que, además de estar domiciliado en España quien lo alega, se trate de un consumidor; y así lo indica claramente el art. 18 del Reglamento. Y es lo cierto que la demanda se formaliza por los demandantes, ahora recurrentes, contra la entidad bancaria demandada, solicitando la declaración de nulidad de un contrato de préstamo – también de los contratos de garantía relacionados – celebrado entre el prestatario, que aparece en la documentación domiciliado en Brasil y residente en Estados Unidos; y ello se desprende del propio contrato, de los poderes para pleitos presentados por la parte demandante y de la restante documentación que se aporta, y la entidad bancaria prestamista, domiciliada en Luxemburgo, que es el lugar de celebración de dicho contrato de préstamo. Siendo también cierto que, junto a las demás cláusulas contractuales, existe un pacto de sumisión expresa a los tribunales de Luxemburgo, que aparece libremente consentido y aceptado por las partes, siendo por ello válido, ante la falta de condición de consumidor del Sr. José Miguel y de las empresas también demandantes y recurrentes. Respecto del domicilio, a pesar de las alegaciones de la parte recurrente, es evidente, como señala el Juez en el auto recurrido, que la falta de prueba respecto del domicilio alegado en España del prestatario impide aplicar el foro de competencia por razón de la materia de los arts. 7 a 19 del Reglamento. Y es que la prueba documental aportada por la entidad demandada junto a su escrito en que formula la declinatoria acreditado que el prestatario, Sr. José Miguel , tiene su residencia, al tiempo de firmar los poderes para pleitos acompañados a la demanda, en la localidad de Miami, en el Estado de Florida, en los Estados Unidos de América; y así se desprende también de los documentos aportados con la declinatoria, sin que ninguna prueba se aporte por los demandantes para tratar de rebatir tal extremo. Es más, de forma subsidiaria, como apunta la apelada en su escrito de oposición al recurso, el prestatario Sr. José Miguel , estaría domiciliado, en el concreto momento de la firma del préstamo, en Río de Janeiro (Brasil), según obra en el contrato y en la escritura de hipoteca formalizada en garantía del préstamo, sin que frente a este otro hecho ninguna prueba se aporte para tratar de rebatir tal extremo. Y como bien concluyen el juzgador y la entidad apelada, ‘en cualquier caso, el prestatario no tiene su residencia habitual, ni su vivienda familiar, ni su domicilio, en España… en la finca hipotecada sita en San Pedro de Alcántara, como parecen sostener los recurrentes, sin aportar siquiera indiciariamente prueba al respecto (como podrían ser recibos, censos electorales, declaraciones fiscales, etc.)’. Analizando ahora la condición de consumidor que esgrime el Sr. José Miguel , y que debe rechazarse de plano para las dos empresas que lo acompañan como demandantes en este proceso, es de ver que la cláusula de sumisión no opera cuando hay un foro de competencia exclusiva, lo que ocurre en materia de consumidores, por lo que acierta el juzgador cuando analiza seguidamente si concurre la condición de consumidor en el citado codemandante. La norma a tener en cuenta es el art. 3º del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, que define tal concepto jurídico: ‘A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional’. Y, partiendo efectivamente de que el Sr. José Miguel es una persona física – cualidad que podría hacer presumir su carácter de consumidor –, entiende al analizar la documental aportada que actúa en el contrato, no solo en su propio nombre, sino también como administrador de las dos mercantiles que son también demandantes. ‘Consta expresamente que el mismo es empresario y que el préstamo tiene como destino en parte la amortización del préstamo existente con ‘Cajamar, Caja Rural S. C. de Crédito en España’, con el fin de cancelar la hipoteca vigente sobre el inmueble’. Cierto es que el inmueble era suyo al tiempo del negocio inicial y que quedó, a través de la hipoteca, como garantía inmobiliaria de lo debido por la actividad industrial o comercial del Sr. José Miguel y sus empresas; y por ello no es de recibo para sustentar la cualidad de consumidor que con el préstamo ahora en cuestión se pretenda ‘solo’ levantar la garantía hipotecaria, ya que ésta deriva de los negocios precedentes y no del consumo del prestatario. Por ello debe denegarse el argumento de la infracción del art. 2.b de la Directiva 93/13/CEE en tanto no se puede incardinar a la parte prestataria en el concepto de ‘consumidor’ de dicho artículo, porque ha quedado debidamente acreditado en los autos, y en el Proceso de Ejecución Hipotecaria 222/2017 del Juzgado de Primera Instancia número Siete de Marbella, que la parte prestataria no ostenta la condición de consumidora, y en concreto el Sr. José Miguel actúa en el marco de su actividad profesional como administrador único de la sociedad cuya actividad es la compraventa de bienes inmuebles, y que el destino del crédito inicial era ajeno al consumo pues se obtuvo en el marco de la actividad negocial de compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles. Bajo este prisma – domicilio fuera de España y no consumidor – la cláusula de sumisión expresa que se integra en el contrato y que resulta pactada libremente entre las partes es válida, conforme a reiterada jurisprudencia del TJUE, en tanto que el contrato firmado ha sido negociado por los contratantes, sin que se acompañe un mero indicio de la afirmación del apelante sobre la asimetría, mientras resulta ciertamente ilógico decir que no ha sido redactado conforme al fruto de las negociaciones entre las partes. En cuanto a la normativa aplicable a las acciones derivadas de las obligaciones contratadas, está claro que serán las partes las que podrán elegir la ley aplicable y que en este caso, como dice el auto recurrido y partiendo de la interpretación que el juzgador realiza de la cláusula controvertida, resulta cierto que se eligió la ley de Luxemburgo y los tribunales de ese Estado, sin que podamos olvidar que nos encontramos ante dos estados miembros de la UE y por ende ante un conflicto denominado transfronterizo en que no concurre un tercer estado no perteneciente a la UE. El actual Reglamento admite, como el anterior, la validez de las cláusulas de sumisión expresa y en este sentido se razona jurisprudencialmente que ‘la resolución del conflicto debe partir de que en nuestro derecho vigente en virtud del art. 21 LOPJ la competencia de la jurisdicción civil española viene determinada por lo dispuesto tanto en dicha ley como en los tratados internacionales en que España es parte. Así el art. 25 del Reglamento (UE) 1215/2012 admite la validez y eficacia del pacto o acuerdo contractual en virtud del cual se somete a determinados tribunales nacionales el conocimiento de los litigios ya surgidos como los que puedan surgir con posterioridad, en relación a una determinada relación jurídica. Se establece así la competencia exclusiva de los Órganos a que se hubieran sometido salvo pacto en contrario, y se sienta el principio de admisión de la sumisión, salvo en determinadas materias y supuestos que se denominan de ‘competencia exclusiva’ y que no vienen al caso. La sumisión puede celebrarse por escrito o verbalmente con confirmación escrita, ‘en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas’ o ‘en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado’, como ya indicaba el art. 17 del anterior Convenio de Bruselas. En el caso que nos ocupa, es evidente la realidad y suscripción de tal cláusula de sumisión que esta Audiencia ha de considerar necesariamente como válida y eficaz al así haberlo establecido las partes por escrito, de una manera clara y perfectamente comprensible derivándose de su sola lectura la sumisión exclusiva a los Tribunales de Luxemburgo, donde se celebró el contrato, para cualquier litigio, dificultad de ejecución o interpretación ligadas al contrato citado y sus enmiendas. No hay ninguna oscuridad ni ninguna dificultad interpretativa y es por tanto plenamente válida conforme a las normas jurídicas citadas tanto el Convenio como el actual Reglamento. Por otra parte, es doctrina común que la validez de dicha sumisión precisa: de la presencia de acuerdo de voluntades, bien incorporado a la relación jurídica principal, contrato de préstamo en nuestro caso o formalizado de modo separado; de tal modo que de surgir controversia sobre la validez del acuerdo y vinculación de las partes por error o vicio en el consentimiento al negar el demandante eficacia a la cláusula que atribuye competencia a los órganos de un Estado miembro, la competencia para conocer de dicha disputa sobre el consentimiento corresponde a dicho Estado miembro, aplicando su normativa nacional: en nuestro caso, los tribunales de Luxemburgo. También la presencia de un litigio ya surgido o que pueda surgir con ocasión de determinada relación jurídica, evitando cláusulas genéricas o globales de atribución competencial. Que dicha relación litigiosa, ya surgida o que pueda surgir, presente bien elementos subjetivos, bien elementos objetivos o territoriales de carácter internacional, no siendo necesario que alguna de las partes esté domiciliada en el territorio de un Estado miembro, por lo que el art. 25 del Reglamento (UE) 1215/2012 desplaza la aplicación del art. 22–bis de la LOPJ, bastando que una de las partes cumpla esta exigencia. Que dicho acuerdo de sumisión esté redactado por escrito, o que siendo verbal sea confirmado por escrito, resultando tal acuerdo independiente en su validez y eficacia del negocio principal al que acompaña o se une posteriormente; validez y eficacia del acuerdo de atribución competencial cuyo conocimiento corresponde al tribunal de dicho Estado miembro, como se ha dicho. Y que, tratándose de pactos o acuerdos atributivos propios del comercio internacional, aquellos se adopten en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o puedan conocer, y que en dicho comercio sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en contratos del mismo tipo. Haciendo aplicación de tal doctrina y presupuestos legales al presente supuesto resulta que en el mismo concurren los requisitos exigidos para su validez, en cuanto: aparece redactado por escrito y unido al negocio principal, siendo asumido expresamente por el prestatario; dicha cláusula de sumisión a los tribunales de Luxemburgo es habitual en la contratación celebrada en dicha capital; dicha cláusula de sumisión era conocida por el prestatario en cuanto consta que fue informado de la misma como lo fue su equipo jurídico; tanto los elementos subjetivos como objetivos presentan elementos internacionales, por lo que la sumisión a un Estado miembro resulta admisible en base a aspectos internacionales del proceso. Y no impide tal conclusión la alegada existencia de desconocimiento por el prestatario del contenido de dicha cláusula, así como que esté redactada en el seno del contrato, pues se trata de una estipulación que, aunque responda a un formulario, ello es debido a que en el contrato de préstamo mercantil resulta muy habitual la utilización de las condiciones generales de contratación con lo que el ahora actor no puede alegar desconocimiento o imposición de dicha cláusula. Y no puede aducir desconocimiento porque nuestra jurisprudencia ya tiene señalado que, al tratarse de empresarios acostumbrados a intervenir en el tráfico jurídico y comercial internacional – donde es usual y comúnmente aceptado sujetar las relaciones negociales a contratos–tipo, de adhesión o con condiciones generales (que habitualmente recogen usos comerciales) –, no cabe predicar de una parte contratante una posición negocial inferior o más débil de la que pueda abusar o aprovecharse el otro contratante. El simple hecho de que el contrato sea de adhesión no lo convierte en nulo de modo automático, pues determinadas formas de contratación, bien porque se realizan en masa, o bien porque responden a un número constante o elevado de transacciones, requieren uniformidad en su estructura y en sus cláusulas, lo que no quita para que las partes puedan negociar individualmente la aceptación, modificación o rechazo de algunas cláusulas o de aquellas esenciales que definen el contenido de la prestación. Por ello resulta sumamente difícil afirmar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en las pólizas–tipo respecto de quien no es consumidor en el sentido de la indicada Directiva 93/13 CE o la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación. A ello hemos de añadir que, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2007, ‘para que el uso al que se acomoda la forma de inclusión del acuerdo de elección del foro tenga virtualidad para atribuir validez y eficacia a éste es preciso que, desde luego, sea conocido o deba serlo por las partes en la relación jurídica concreta, pero, al tiempo, es necesario que sea ampliamente conocido por los operadores en el sector comercial considerado y regularmente observado por éstos, y no necesariamente por las partes de la relación jurídica, en los contratos del mismo tipo en dicho sector comercial’. Señala la citada resolución que la expresión ‘sector comercial considerado’ no puede ser interpretada en el sentido de atender al específico tráfico o a la concreta actividad que constituye el objeto de la relación jurídica litigiosa, sino que ha de estarse al género en donde se incluye ese específico tráfico o actividad. En definitiva, tanto el Juez de la primera instancia, como el de Primera Instancia número Siete de Marbella, como el Ministerio Fiscal, y como esta propia Sala, han concluido que los ahora recurrentes no son consumidores; que el Sr. José Miguel no tiene domicilio al tiempo de la celebración del contrato en España; que es válida la cláusula sita en el contrato de sumisión expresa a los Tribunales de Luxemburgo, donde se celebró; y que el auto recurrido motiva suficientemente su conclusión favorable al éxito de la declinatoria planteada; por lo que, en definitiva, el recurso de apelación debe desestimarse ya que insiste en el carácter de consumidor de uno de los recurrentes y en que pretendidamente ese recurrente tiene su domicilio en España, sin aportar ninguna prueba que confirme su alegado domicilio en San Pedro de Alcántara al tiempo del contrato, ni la condición de consumidor, y tampoco acredita que la cláusula de sumisión expresa sea nula. Todo ello ‘a pesar de la mayor facilidad probatoria que le asiste, y de la carga probatoria que, en virtud del art. 217 LEC, recae sobre la parte demandante, ahora apelante. Procede, en consecuencia, la confirmación íntegra del auto recurrido, incluso en el pronunciamiento sobre las costas devengadas en la primera instancia del incidente de competencia internacional sobre el que ahora se resuelve en apelación”.

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