Declaración institucional del Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 marzo 2021)

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960).

La ministra de Igualdad, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Educación y Formación Profesional, la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han promovido la adopción de la siguiente declaración institucional:

«Desde la aprobación de la Constitución Española se han producido importantes avances jurídicos y sociales en materia de inclusión, igualdad de trato, no discriminación y respeto de la diversidad. La lucha contra la discriminación racial o étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior como exterior. Por este motivo, se viene impulsando una serie de acciones que contribuye a la eliminación de cualquier forma de discriminación racial, racismo, xenofobia u otras formas conexas de intolerancia.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la que España es parte desde 1968, constituye la base de los esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar el racismo. Sin embargo, como refleja el trabajo del Comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU (CERD), que supervisa su aplicación, la discriminación racial persiste como una preocupación en el mundo actual. Es más, asistimos a un aumento de los discursos de odio y de los actos racistas, que han dado origen a movimientos de repulsa y resistencia como el de «Black Lives Matter».

Por su parte, la Unión Europea, que tiene por lema «unidos en la diversidad», ha aprobado recientemente un nuevo plan anti-racista para el período 2020 a 2025 que pretende abordar el racismo estructural, revisar la legislación, promover y mejorar la recogida de datos desagregados por origen racial o étnico y hacer que el principio de no discriminación llegue a la vida cotidiana de las personas.

Desde otras instancias internacionales, además de la Unión Europea, recomiendan a España mejorar la identificación y publicación de indicadores socioeconómicos y de incidentes racistas, para conocer con mayor nivel de detalle la realidad del racismo en nuestro país, y ese es uno de los principales desafíos en los que el Gobierno está trabajando. Necesitamos un diagnóstico más preciso, más estadísticas, encuestas y estudios, cuyos datos se recojan teniendo en cuenta los principios de voluntariedad, anonimato, protección de la privacidad y autoidentificación, que nos permitan realizar un análisis más detallado y completo del grado de acceso de las personas migrantes, las personas del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes, asiáticas, árabes y demás grupos poblacionales y étnicos a derechos económicos y sociales, tales como la vivienda, la educación y formación, el empleo y la atención a la salud.

El Gobierno reconoce la labor de la sociedad civil a través de las organizaciones y asociaciones de personas del pueblo gitano, de personas africanas y afrodescendientes, árabes, asiáticas, de migrantes, de refugiados y de apoyo a los derechos humanos en general, y de la lucha contra el racismo y la xenofobia en particular, cuyo esfuerzo debe acompañarse de políticas públicas y en su caso, medidas especiales que favorezcan la participación de todas las personas en la sociedad independientemente de su origen en el parlamento, en el gobierno, en el poder judicial, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ejército, así como el acceso al empleo, la educación, la vivienda y a bienes y servicios. Existen, además, sectores específicos del colectivo migrante en situación de particular vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes que trabajan en el sector agrícola, en el empleo informal, en los asentamientos, que con frecuencia trabajan largas jornadas con salarios bajos, nula protección social y penosas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Y como es el caso igualmente de las personas trabajadoras del hogar, motivo de especial preocupación para el Gobierno, por lo que se ha comprometido, en esta legislatura, a promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El Gobierno tiene presente que las estrategias que el sistema de formación profesional puede ofrecer a estas personas favorece el acceso al empleo de calidad, de vital importancia para el desarrollo de un modelo de vida autónomo y digno, dirigido a su plena inclusión sociolaboral.

Por otra parte, aún quedan importantes desafíos que afrontar, especialmente en un contexto internacional, europeo y nacional de auge de movimientos racistas y xenófobos, basados en ideologías supremacistas, que dirigen sus acciones contra las personas por su origen étnico, nacional, por su religión o sus creencias, o por su condición de migrantes o refugiadas. En este sentido, el Gobierno es consciente de que los sistemas educativos son esenciales para la transmisión de los valores inclusivos. Que los niños y niñas, que están siendo educados hoy, entiendan el principio de la dignidad humana y su axiología de libertad, igualdad, fraternidad, justicia y tolerancia, y sus derivados de respeto y aprecio a la diversidad, de empatía, compromiso solidario, o cómo neutralizar los prejuicios o estereotipos sobre personas y grupos humanos, resultará determinante para definir el mundo que viviremos en unos años, y en este sentido, el Gobierno quiere potenciar la educación en derechos humanos, como ha quedado reflejado en la reciente reforma de la Ley Orgánica de Educación.

La sociedad española es crecientemente diversa y plural, y la diversidad por el origen étnico, nacional o cultural es fuente de enriquecimiento mutuo y un importante activo social, por lo que, el Gobierno de España está fuertemente comprometido con la lucha contra la discriminación racial o étnica.

Todo ello sin perder de vista que la Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que se está celebrando desde 2015 hasta 2024, en el marco del cual los Estados miembros se han comprometido a adoptar medidas eficaces en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. Por eso, el Gobierno impulsará actividades y actuaciones que contribuyan a la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la preservación de su rico patrimonio cultural.

Con esta declaración, el Gobierno pone de relieve que la ejecución de las políticas destinadas a la eliminación de la discriminación racial y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva será una línea prioritaria de actuación, y condena todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad.»

 

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