Con independencia de donde desarrolle su actividad principal el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia tendrá su domicilio estatutario en la sede de su patronato dentro del territorio nacional (SAP Madrid 18ª 11 septiembre 2020)

El presente asunto, abordado por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sala Decimoctava, de 11 de septiembre de 2020,  tiene su origen en demanda contra Don Isidro (Duque del ….) y contra El Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, cuya pretensión esencial era la declaración de que el demandante era miembro de pleno derecho de La Junta de Patronato del Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, que se declare igualmente que eran nulas las decisiones adoptadas por Don Isidro como presidente de La Junta de Patronato del Real Colegio con posterioridad al 13 octubre de 2014, declarando igualmente nulas las reuniones y acuerdos adoptados en las Juntas de Patronato de dicho Real Colegio, condenándose a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Por parte de Don Isidro se personó en los autos, contestó la demanda alegando como primera excepción la de incompetencia de jurisdicción de los tribunales españoles por entender que el actual litigio debería dirimirse ante los tribunales italianos y ello debido a que el Colegio, como es más que conocido, tiene su sede en Bolonia y por lo tanto tratándose de una persona jurídica debía ser demandado en los tribunales del Estado donde tiene su residencia o domicilio de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 párrafo dos del Reglamento 1215/2012 de competencia judicial. La juzgadora de instancia después del tramitar la declinatoria internacional propuesta la resolvió por medio de auto de fecha 16 de diciembre de 2015, desestimatoria de la petición, contra dicha desestimación se dedujo recurso de reposición, que fue desestimado por el juzgado con fecha 22 de febrero de 2016 y aún más con fecha 1 de marzo se solicitó aclaración del referido auto la que fue desestimada por auto del juzgado de fecha 4 de mayo de 2016. Pendiente la tramitación de la declinatoria, por la parte demandada se formula oposición a las pretensiones contenidas en la demanda, por los motivos que constan en su escrito de oposición, en donde esencialmente se defendía que D. C. no podía ostentar la condición de miembro vitalicio, por no haber ninguna disposición ni ningún la norma en los estatutos que así lo estableciera, y que en definitiva su remoción y cese se había producido como consecuencia de una asamblea de ex colegiales, quienes por abrumadora mayoría habían nombrado a otra persona diferente para ostentar el cargo de vocal de patronato en representación de los colegiales.

La Audiencia estima el recurso apelación interpuesto contra la sentencia dictada las presentes actuaciones por la Magistrada Juez del juzgado de Primera instancia número 92 de los de esta capital de fecha 25 de octubre de 2017 con revocación de la meritada resolución declarando la competencia de la jurisdicción española para conocimiento del asunto. Además estima estimar y estimamos la demanda interpuesta declarando que Don Cipriano es miembro de pleno derecho de la Junta de Patronato del Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, en virtud de su nombramiento efectuado el 23 de noviembre de 2002, declarando nulas las decisiones adoptadas por Don Isidro como Presidente de la Junta de Patronato compuesto de fecha 13 octubre 2014, por las que se da por nula la existencia de un sexto miembro de la junta de patronato y declare que son nulas las reuniones y acuerdos adoptados a las juntas de patronato de dicho Real Colegio de 17 de febrero y 16 de marzo de 2015 condenando a los demandados a estar y pasar por tales declaraciones. Entre otras consideraciones legales la Audiencia asevera que:

(…) Pero es que aún sin entrar al fondo del litigio, y sin entrar a examinar la cuestión de la legitimación pasiva causal del Sr. Isidro, lo cierto y verdad es que no puede sostenerse que el Colegio tenga, a los efectos de este litigio su domicilio en el extranjero. Sin duda las dificultades que se han plasmado en la litis comienzan por la propia especialidad del denominado Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, institución que fue creada por virtud de las disposiciones testamentarias del Cardenal Gil de Albornoz en 1364, con la finalidad de que determinados licenciados españoles, en aquel momento castellanos, pudieran realizar estudios en la universidad de Bolonia, finalidad que ha venido desarrollando el referido colegio desde su fundación en 1364 hasta la actualidad. No es el caso en este procedimiento de examinar la naturaleza jurídica del Colegio, en cualquier caso todas las partes son contestes en afirmar que actualmente el Colegio se rige por los denominados estatutos redactados en 1919, que sustituyeron a otros anteriores de 1916, y que al parecer pretendían recoger la voluntad del primitivo fundador de la institución, con ocasión de haberse encontrado determinados documentos o papeles de aquella época que permitían suponer cuál era la real voluntad del fundador del Colegio. La excepción de incompetencia internacional de jurisdicción se hace descansar esencialmente en que el Colegio tiene su sede en Bolonia, como por otra parte resulta conocido y notorio, y que por lo tanto bien sea por aplicación del Reglamento Europeo de Competencia Judicial 1215/2012, como por la propia aplicación del art. 41 Cc, en cualquier caso tratándose en el presente litigio de impugnar determinados acuerdos de los órganos de gobierno de una persona jurídica, la competencia recaería en los tribunales del Estado en donde dicha corporación tuviera su domicilio o residencia, la que en este caso se produciría en la ciudad de Bolonia. Sin embargo, la cuestión desde el punto de vista del domicilio y de la residencia no resulta ni mucho menos tan simple. Como hemos dicho con anterioridad sin duda una de las cuestiones que han dificultado el presente litigio es precisamente la existencia de una institución como la demandada que creada en el año 1364 ha venido siguiendo y manteniendo sus finalidades esenciales hasta nuestros días, en donde evidentemente las circunstancias son completamente diferentes. Desde luego y como se ha dicho antes no es el caso en este procedimiento de abordar en profundidad la naturaleza jurídica del Colegio, y si se trata de una institución religiosa si está sometida al Derecho Canónico u otro tipo de legislación, pero en cualquier caso lo que parece evidente es que de acuerdo con los estatutos de fecha 22 de marzo de 1919, que todas las partes consideran que son los que actualmente rigen la vida colegial, en el artículo primero de dichos estatutos establece que El Real Colegio Mayor o Casa de España que fundó en la ciudad de Bolonia el Cardenal Don Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo es una institución particular española, de la cual son protectores los Reyes de España y el Cardenal Primado y patronos de sangre a perpetuo según expresa voluntad del fundador, los jefes de linaje o casa de Albornoz cuyas funciones y las de las demás personas que se mencionan en las cláusulas fundacionales en lo sucesivo las ejercerá la Junta de Patronato que se creó por Real Decreto de 8 de mayo de 1916. Es cierto que los estatutos no dejan claro cuál es la naturaleza jurídica del Colegio, pero desde luego a través del desarrollo que se hace de los mismos, parece que la naturaleza jurídica más cercana es la de considerarle como una fundación y por lo tanto en defecto o falta de estatutos, parece oportuno y razonable aplicar a dicha institución las normas de la Ley de Fundaciones, pues parece que es la que mejor se acomoda a la naturaleza y fines y a la propia estructura jurídica del Colegio hasta el punto de que ambas partes en varios de sus escritos se refieren al Colegio como la Fundación Albornociana. Se sostiene por la parte que propone la declinatoria y, que en definitiva, ha sido admitido por la juzgadora de instancia, que parece evidente y el propio nombre así lo indica que la sede de la institución o de la fundación se encuentra en Bolonia y que por lo tanto sería los tribunales italianos concretamente los radicados en la ciudad de Bolonia los encargados de proseguir este litigio. Parece que la dicción del art. 41 Cc. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación fijare el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto. Abunda la tesis de que el domicilio de la fundación se encontraría en la ciudad de Bolonia, pues el propio art. 5 de los estatutos establece que el fin de esta institución es proporcionar a estudiantes españoles que reúnan las condiciones que determinará el reglamento los medios necesarios para completar sus estudios en la universidad o escuelas especiales de Bolonia, sin que por ninguna causa pueden darse lecciones dentro del edificio del Colegio y por tanto ello llevaría como consecuencia la vocación de los tribunales italianos para conocer del litigio. Sin embargo, lo cierto y verdad es que tales conclusiones que parecen evidentes, si se tiene en cuenta que como es un hecho conocido y ninguna de las partes lo niega que la sede del colegio se encuentra en Bolonia, no deben ser admitidas. Efectivamente, como hemos dicho con anterioridad no es el caso de abordar la naturaleza jurídica de la institución que, como se dice, es una institución de carácter más que particular teniendo en cuenta que está creada desde 1364 y desde dicha fecha ha venido desarrollando de manera prácticamente ininterrumpida los fines para las que fue erigida por su entonces fundador. También hemos indicado que a falta de mayores precisiones en los estatutos, y lo cierto es que estos tampoco resultan demasiado precisos, parece lógico que siendo que la institución o la persona jurídica que mayores similitudes tiene con el Colegio serían las fundaciones, hasta el punto de que como se ha dicho en varios pasajes unos y otros se refieren al colegio como la Fundación Albornociana, se aplique en defecto de normas estatutarias más precisas los preceptos generales de la Ley de Fundaciones, y así resulta que según los dictados de dicha ley el domicilio legal no se circunscribe a la ciudad de Bolonia donde evidentemente y no hay duda de ello es donde se desarrollan las funciones principales del Instituto sino que serían competentes los juzgados españoles y concretamente los de la ciudad de Madrid. La Ley de Fundaciones establece en su art. 6.1. Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad dentro del territorio nacional. 2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la sede de su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen principalmente sus actividades. Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una actividad principal en el extranjero tendrán su domicilio estatutario en la sede de su Patronato dentro del territorio nacional’. (el subrayado es nuestro) Pues bien en este caso evidentemente con independencia de donde desarrolle su actividad principal el Colegio, que desde luego parece obvio que lo es en Bolonia, sin embargo el mismo tendrá su domicilio estatutario en la sede de su patronato dentro del territorio nacional, y lo cierto es que aunque los estatutos nada dicen sobre cuál sea la sede del patronato, lo cierto y verdad es que todos los reuniones que se han hecho del patronato al menos desde que los estatutos han sido publicados en el año 1916, se han realizado en la ciudad de Madrid, bien en el domicilio de quien fuera presidente del patronato bien en otras lugares, incluso en el propio palacio de la Zarzuela, pero desde luego parece que la idea del legislador es que en ningún caso las fundaciones españolas puedan quedar sometidas a las disposiciones de tribunales extranjeros por la circunstancia de que la sede de sus actividades lo sea en el extranjero, sino que en cualquier caso deberán contar con un domicilio estatutario dentro del territorio nacional con independencia de que con ocasión de la celebración de determinados actos jurídicos pueden ser demandados en tribunales extranjeros, sobre todo si se trata de actos normales relacionados no tanto con la vida interna de la institución o con la toma de decisiones de la misma, sino con conceptos como lugar de la celebración de contratos, contratación de personal etc. en donde desde luego es posible que pueda ser demandada ante los tribunales de Italia”.

(…) A ello hay que añadir que a pesar de lo que pueda decir el art. 14 de los estatutos, lo cierto y verdad es que si se examinan los estatutos de 22 de marzo de 2019 resulta que el art. 3 atribuye a la Junta de Patronato todas las atribuciones que los primitivos estatutos asignaban a cada una de las personas o entidades en ella representadas, y hace una relación de las mismas que desde luego suponen que efectivamente es la Junta de Patronato la que tiene la representación de la misma, pues tiene las más variadas funciones que normalmente y por hacer un símil son las facultades que normalmente tiene establecidas el Consejo de Administración de la sociedad anónima. Por su parte si bien el art. 17 establece que como director de la institución el rector representa al colegio, sin embargo dicha representación no deja de ser una representación normal que pueda tener cualquier miembro de una persona jurídica, pero resulta evidente que la lectura del artículo tres y la lectura del artículo siete, que establece que la institución depende inmediatamente de la Junta de Patronato, evidencian que la Junta es el verdadero órgano que determina la voluntad de la institución, y teniéndose en cuenta que no consta que se haya producido ninguna adaptación estatutaria, lo cierto es que como establece el propio reglamento de fundaciones ‘…’. A mayor abundamiento es que existen verdaderos actos propios del Señor Isidro, o por mejor decir de su delegado, el Señor Benjamín que lo evidencian, y así y con motivo de la denominada asamblea de ex colegiales que determinó la ‘elección’, de un nuevo representante de dichos ex colegiales, a fin de completar los votos y las impugnaciones, por parte del señor Benjamín se compareció ante el notario de Madrid, en fecha 26 de noviembre de 2014, Don. Valerio Pérez de Madrid Carreras, manifestando que en tanto que Presidente de la Junta del Patronato, ostentaba la representación legal del Colegio, si bien es cierto que daban como domicilio la sede en Bolonia de la institución. De ello se deriva que no es el rector quien normalmente tiene atribuida la representación del colegio, sino que la misma, como consta de los estatutos, y como asimismo le consta al demandado, está atribuida a la Junta del Patronato, y concretamente al Presidente de dicha junta, resultando sorprendente que en este procedimiento se haya dejado de representar al Colegio como institución, cuando realmente comparece el Presidente de la Junta, que sería el representante del mismo, no para representar al Colegio, sino simplemente para negar su legitimación pasiva Pero es que, en última instancia, hay que tener en cuenta, como muestra de la especificidad de la institución a la que nos estamos refiriendo, es que buena parte de sus decisiones no se ejecutan por la propia institución o por el Colegio sino que se hacen a través de representantes del Estado. Así el artículo 7 de los estatutos después de decir que la institución depende inmediatamente de la Junta de Patronato, cuyas resoluciones en caso de producir determinados efectos legales o requieran el empleo de la vía diplomática serán comunicadas al Ministerio de Estado para su ejecución, actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores. Igualmente el artículo 8 que establece que el representante de su Majestad en el Reino de Italia, hoy embajador de Italia y el rector del colegio son los delegados de la Junta de Patronato para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al Real Protectorado y el patronato con arreglo a lo dispuesto los estatutos, y el artículo 9 establece que el representante de su Majestad en el Reino de Italia, actualmente el embajador de España en Italia, tiene la alta inspección sobre la disciplina del Colegio y sobre los bienes del mismo. En última instancia resultaría sorprendente que por parte de un tribunal, o por mejor dicho por parte de la sentencia del tribunal extranjero resultase que determinados órganos del Estado español, concretamente el propio Jefe del Estado se viese obligado a dictar un Real Decreto de nombramiento del Rector de la institución, como forma de nombramiento que viene ocurriendo tradicionalmente, y que también se ha producido en el nombramiento del último rector, incluso con informe favorable de la Abogacía del Estado que mantiene la pertinencia del Real Decreto con el refrendo del Ministerio de Asuntos Exteriores, como igualmente sería insólito que se obligase al Ministerio de Asuntos Exteriores a ejecutar determinados acuerdos que se pudiesen tomar por la Junta de Patronato, y que fuesen refrendados por los tribunales italianos, o que se obligase al embajador de España en Italia a realizar determinadas funciones en relación con la institución Albornociana, por todo ello parece que debe mantenerse la competencia de la jurisdicción española y concretamente de los tribunales de Madrid”.

Vid. El Consejo de Estado insta a adecuar a la Constitución los estatutos del Colegio de los Españoles de Bolonia (El País, 9 febrero 2021).

Vid. Aplicación del Reglamento Bruselas I en orden a la autenticación del Real Decreto por el que se nombra Rector del Real Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia (AAN 12 abril 2019)

2 comentarios

  1. Menudo invento se ha sacado aquí la AP y menuda violación del Derecho europeo. Además, veo que el resultado de esta resolución es que ex Ministro franquista Fernando Suárez sería representante vitalicio. Como el Papa.

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