En vista del fracaso del intento de mediación se comunicó a las partes que remitía las actuaciones a un árbitro externo (STSJ CP Cataluña 1ª 13 octubre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de octubre de 2020 (ponente: Jordi Segui Puntas), desestima una demanda de nulidad del laudo arbitral con los siguientes argumentos:

“(…) Debe hacerse notar, en primer lugar, que una hipotética designación del árbitro no ajustada a lo acordado por las partes ha de ser denunciada por medio de la causa letra d) del art. 41.1º LA. En cualquier caso, es indiscutible que las partes ahora en conflicto no solo convinieron la cláusula arbitral contenida en la estipulación tercera del ‘contrato de colaboración’ empresarial de diciembre de 2016, en virtud de la cual acordaban sujetar cualquier controversia relacionada con ese contrato al arbitraje de equidad por un solo árbitro cuya administración se encomendaba al Tribunal Arbitral de Barcelona, sino que tiempo después se adhirieron al ‘código ético de MLS Ágora’ (en el hecho 2º de la demanda se admite que ambos partes estaban inscritas en la asociación Ágora), agrupación de hecho que actúa en el mercado inmobiliario a través de un sistema de contratación múltiple, cuya estipulación 18.1 faculta al propio comité de ética de Ágora para redirigir los conflictos entre sus agrupados a la mediación o a un arbitraje externo, que debe resolver en equidad en atención a lo alegado por las partes. Del documento número 8 de la demanda, complementado por los documentos números 4 y 5 de la demanda y 3 de la contestación, se desprende que en fecha 5 de octubre de 2018 el comité de ética de Ágora MLS, una vez recibidas las alegaciones de una y otra parte acerca de la controversia existente ente Macrofincas y L’E.G., comunicó a ambas partes en conflicto que ‘ hoy he remitido a la abogada Mar Martí, árbitro externo de Ágora MLS, toda la información y documentación que me habéis remitido’, lo que constituye una evidencia de que la designa de la árbitra fue oportunamente notificada a la demandante, con lo que tampoco se incurrió en vulneración alguna del orden público”.

“(…) se alega que en las actuaciones arbitrales ‘no se ha seguido ningún tipo de procedimiento y se incumplen con meridiana claridad los siguientes artículos de la Ley de arbitraje’, citándose a continuación los números 24, 27, 29 y 37. En concreto, la vulneración del art. 24 LA se vincula con la inexistencia de un verdadero ‘ procedimiento de contradicción’,  ya que las partes se habrían limitado a desarrollar ‘una disputa desestructurada sobre un problema’; la infracción de los art. 27 y 29 estaría relacionada con la falta de notificación de la demanda iniciadora del procedimiento arbitral y con la subsiguiente indefensión al desconocer los fundamentos de la pretensión de la adversa; por último, la conculcación del art. 37 derivaría del hecho de que el laudo notificado en noviembre de 2018 adolecía de graves carencias (falta de fecha y firma) (…). Sin más exigencias que las de tratar a las partes con igualdad y dar a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos (art. 24.1º LA), la ley de arbitraje faculta a las partes para convenir libremente el procedimiento al que hayan de ajustar los árbitros sus actuaciones; a falta de acuerdo, los árbitros pueden, con sujeción a lo dispuesto en la ley, dirigir las actuaciones ‘del modo que consideren apropiado’ (art. 25 LA). Sobre la expresada base de libre configuración del procedimiento arbitral, el ap. 18 del código ético de Á. MLS estatuye un ‘sistema de resolución de conflictos’, vinculante por todos sus agrupados, cuyas líneas maestras estriban en que el agrupado que tenga algún conflicto con otro debe intentar de modo preferente solucionarlo de ‘forma privada y confidencial’; agotada esa vía, debe remitir a la gerencia de MLS su reclamación, ‘debidamente fundamentada y de forma concreta, estructurada y documentada (si es posible)’, de la cual MLS da traslado al demandado para que ‘alegue por escrito todo lo que considere oportuno y aporte la prueba documental correspondiente’, con posibilidad incluso de réplica y dúplica, tras lo cual Á. MLS debía remitir toda la documentación ‘al comité de ética o árbitro externo para que resuelva en un plazo máximo de 7 días hábiles’ (…) Los documentos obrantes en las actuaciones (particularmente, los docs. 2 a 5 de la demanda y 3 de la contestación) reflejan que tras una primera reclamación de Macrofincas dirigida directamente a L’E.G. en fecha 6 de septiembre de 2018 en reclamación del 50% de los honorarios correspondientes a la intermediación de una compraventa en Olesa de Montserrat, a la que se opuso de inmediato y motivadamente L’E.G., Macrofincas trasladó su reclamación a Á. MLS, cuya agrupación por medio de Moisés Ruiz, aparte de remitir a las partes enfrentadas un ejemplar del código ético de MLS y de exhortarles a que ‘ habléis y arregléis [la controversia] de forma amistosa’, concedió el siguiente 25 de septiembre un plazo de 7 días hábiles a L’Era ‘ para contestar lo que consideres oportuno’, lo que se tradujo en un escrito de alegaciones del mismo día remitido por uno de los socios de L’E. a MSL Ágora. A partir de ahí, constatada la existencia de la controversia y fijadas las posiciones de cada una de las partes, el representante de Ágora intentó infructuosamente hasta el 1 de octubre de 2018 que las partes enfrentadas se sometieran a una mediación interna o externa; en vista del fracaso de su intento mediador, el día 3 de ese mismo mes comunicó a las partes que remitía las actuaciones al árbitro externo de Ágora MLS, no sin antes ofrecerles la posibilidad de ‘ampliar vuestras alegaciones’ y transcribir de nuevo el texto íntegro del ‘sistema de resolución de conflictos’ regulado en el código ético de MLS. El representante de L’E.G. ó nada objetó a la remisión de las actuaciones al árbitro externo acordada por el gerente de Ágora el siguiente día 4, ni tampoco a la designación como árbitra de la abogada M.M.. Tal forma de proceder se ajustó por completo a la reglamentación convencional aceptada por las partes y revela un respeto escrupuloso tanto del principio de igualdad como del principio de contradicción, dado que las partes pudieron fijar motivadamente sus respectivas posiciones y apoyarlas en la prueba que tuvieron por conveniente. En último término, en el fundamento jurídico primero de esta resolución ya han quedado establecidas las consecuencias legales de la irregular notificación del laudo llevada a cabo en noviembre de 2018. Por todo lo cual debe asimismo rechazarse el motivo segundo de nulidad del laudo”.

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