El Parlamento da su visto bueno a una Directiva que permitirá a grupos de consumidores aunar fuerzas para emprender acciones colectivas en la UE

El Parlamento dió su visto el 24 de noviembre de 2020 a nuevas normas que permitirán a grupos de consumidores aunar fuerzas para emprender acciones colectivas en la UE. Dichas normas introducen un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembros que garantiza a los consumidores una buena protección frente a los daños masivos, pero también salvaguardias adecuadas para evitar acciones legales abusivas.

El proyecto de Directiva relativa a las acciones de representación, presentada en abril de 2018 por la Comisión Europea, fue acordado por los negociadores del PE y los ministros de la UE en junio de 2020. Este proyecto, que forma parte del nuevo acuerdo para los consumidores, responde a varios escándalos recientes relacionados con violaciones de los derechos de los consumidores por parte de empresas multinacionales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden iniciar acciones colectivas ante los tribunales, pero a partir de ahora será posible en todos los países de la Unión.

Todos los Estados miembros deben establecer al menos un mecanismo procesal efectivo que permita a las entidades habilitadas (como organizaciones de consumidores u organismos públicos) presentar demandas ante los tribunales para obtener medidas de requerimiento (cesación o prohibición) o de reparación (indemnización). Las nuevas normas pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior poniendo fin a las prácticas ilegales y facilitando el acceso de los consumidores a la justicia.

Más derechos para los consumidores y protección para los comerciantes

Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales.

Para poder interponer acciones transfronterizas ante los tribunales, las entidades habilitadas tendrán que cumplir los mismos criterios en toda la Unión Europea. Deberán ser capaces de demostrar una cierta estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional.

La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de «quien pierde, paga», por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.

Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.

Podrán entablarse acciones colectivas contra comerciantes que presuntamente hayan infringido la legislación de la Unión sobre la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones, entre otros ámbitos.

Por último, la Directiva también contempla las infracciones que hayan cesado antes de que se interponga o concluya la acción de representación, ya que podría seguir siendo necesario prohibir la práctica para evitar su repetición.

La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A continuación, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. Las nuevas normas se aplicarán a las acciones de representación interpuestas a partir de la fecha de aplicación de la norma.

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