El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación al considerar la existencia de una cláusula compromisaria que recoge válidamente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje procedimiento arbitral (STSJ Madrid CP 1ª 16 septiembre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 16 de septiembre de 2020 desestima una acción de anulación contra un laudo dictado por un árbitro único designado por la Corte Española de Arbitraje, con el siguiente razonamiento:

‘(…) La acción de anulación que se ejercita en la demanda que examinamos, se apoya en el motivo contemplado en el apdo. a) del art. 41.1º LA. A) La parte demandante aporta la póliza de seguro (nº 9.079.358/34), de fecha 1 de abril de 2013, suscrita con CESCE, comprensiva tanto de las Condiciones Generales como de las Particulares, apreciándose que todas las hojas aparecen firmadas junto al logotipo de la empresa demandante y su denominación ‘E.E, , S.A., Sucursal en España. En el documento de Condiciones Generales, como art. 10.2º. intitulado ‘Litigios’, se contiene la siguiente cláusula: ‘Ambas partes manifiestan expresa y formalmente su voluntad de aceptar el arbitraje como único procedimiento para dirimir conflictos entre ellas derivados de la presente PÓLIZA. A estos efectos, convienen explícitamente que, con renuncia a ejercitar su derecho ante la Jurisdicción ordinaria, se someterán al arbitraje de Derecho de uno o más árbitros, en el marco de la Corte Española de Arbitraje con sede en Madrid, de conformidad con su reglamento y Estatuto, y con arreglo al procedimiento en ellos establecido. Queda estipulado asimismo que encomendarán a dicha Corte la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral y se obligarán a cumplir tanto las resoluciones interlocutorias como el laudo que finalmente se dicte’».

«(…) Una primera consideración y conclusión, que cabe establecer en relación con la pretensión deducida por la parte demandante, acerca de la cláusula compromisaria y a los efectos de su inexistencia o invalidez (art. 41.1º.a) L A), no puede ser sino la falta de un pronunciamiento judicial, que examinando la citada cláusula, en relación al contrato de seguro que liga a las partes litigantes, declare nula la misma y en consecuencia estableciendo la competencia excluyente de la Jurisdicción ordinaria. Es cierto que el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, declara dicha nulidad, pero, al margen de tratarse de partes litigantes diferentes, en relación al asegurado y no contener dicha resolución una transcripción literal de la cláusula compromisaria incluida en la póliza suscrita y analizada en el procedimiento ante dicho órgano judicial, no podemos examinarla y compararla con la que es objeto de nuestra atención, a los efectos de extrapolar la consecuencia que interesa la parte demandante. La declaración de validez de la cláusula de arbitraje en sendas resoluciones judiciales firmes, y en consecuencia del sometimiento al procedimiento arbitral de las partes litigantes para dirimir las discrepancias surgidas en la aplicación del contrato de seguro, sin duda han de tenerse en cuenta por esta Sala y ello como consecuencia del efecto de cosa juzgada material, que previene el art. 222.4º LEC: ‘Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal.’ A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones: a.- Como señala la STS. de 20 de abril de 2010: ‘…’‘por su propia naturaleza, la apreciación de la ‘cosa juzgada’ es cuestión de orden público procesal como pone de manifiesto, entre otras, la sentencia de esta Sala de 25 abril 2001 (Rec. Casación núm. 819/1996) al decir que ha de estimarse de oficio ‘para evitar resoluciones contradictorias que serían contrarias a la seguridad jurídica, cuestión que es de orden público, en atención a la cual el principio non bis in idem impide volver a plantear la misma cuestión ya debatida entre las mismas partes en anterior proceso y obtener una nueva decisión ( Sentencias de 16 de marzo y de 27 de diciembre de 1993 y de 20 de mayo de 1994, entre otras)’’ Por otra parte, sigue diciendo la citada sentencia: ‘La cosa juzgada en sentido material es un vínculo de naturaleza jurídico-pública que impone a los jueces no juzgar de nuevo lo ya decidido. La función negativa de la cosa juzgada material supone, según la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1990, ‘un efecto preclusivo, traducido en el aforismo no bis in idem, revelado por la existencia de un anterior juicio sobre el mismo objeto, conducente a la no posibilidad de replantear indefinidamente un problema ante los Tribunales de Justicia, reflejando la influencia romana del efecto constitutivo de la litiscontestatio’. Así, la función negativa se traduce en el principio no bis in idem, esto es -según la sentencia de 24 de febrero de 2001-, ‘el que proclama la imposibilidad de juzgar dos veces la misma cuestión.’’ Junto al llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material, la sentencia firme tiene también un efecto positivo o prejudicial, que impide que en un proceso ulterior se resuelva un concreto tema o punto litigioso de manera distinta a como ya quedó decidido en un proceso anterior entre las mismas partes. STS. 25 de mayo de 2010. La anterior doctrina sobre la cosa juzgada es aplicable a los laudos arbitrales y así lo ha aplicado esta Sala en STSJ. de 19 de enero de 2016. La Doctrina jurisprudencial y científica, a la vista del art. 222 L.E.C. señala la necesidad de la concurrencia de los siguientes tres requisitos para la apreciación de la cosa juzgada material: a) que entre el proceso ya resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero exista identidad de sujetos, de litigantes; b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto litigioso; c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el referido a la identidad de la causa de pedir.’ a) Hay coincidencia entre las partes, lo que no se discute. b) El objeto litigioso es común en las distintas demandas, incluida la que es resuelta en el Laudo cuya nulidad se interesa, demandas y se concreta en la reclamación frente a la ahora demandada en el procedimiento arbitral, de una indemnización con base en la póliza de seguros suscrita por ambos mercantiles. c) Y hay, por último, la identidad de la causa de pedir, esto es el título o fundamento de la pretensión que, a través de la demanda, se formula ante la Jurisdicción, bien que referida, por lo que a la resolución del caso, a la cuestión de la validez de la cláusula compromisaria, sobre la que se han pronunciado las resoluciones analizadas. Las resoluciones reseñadas, dictadas por los órganos judiciales de esta capital, resuelven definitivamente la cuestión acerca de la competencia para conocer de los litigios que puedan surgir entre los ahora litigantes y que tengan que ver con la interpretación, aplicación y efectos de la póliza de seguros suscrita entre ambos y aportada con la demanda que da origen al procedimiento en el que nos encontramos, que a su vez trae causa del procedimiento arbitral impugnado, en el sentido de la validez de la cláusula compromisaria y en consecuencia de la exclusión de la Jurisdicción ordinaria. De lo anterior se sigue la existencia de una cláusula compromisaria, que prima facie, recoge válidamente la voluntad de ambas partes litigantes de someterse al procedimiento arbitral”.

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