Sanción por la quiebra de la confidencialidad en un proceso de mediación familiar (SAP Barcelona 12ª 17 septiembre 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 17 de septiembre de 2020  (ponente: Raquel Alastruey Gracia) estima un recurso con una decisión de instancia que desestimó la modificación de medidas instada por el Sr. M., padre de Serafin , apreciando error en la valoración de la prueba, e insistiendo en la necesidad de establecer una guarda del hijo común, compartida con la madre. Entre los razonamientos de la Audiencia se afirma:

“(…) En la alzada se derivó a mediación y se inició ésta, si bien las respectivas defensas no comunicaron puntualmente al tribunal su finalización, como era debido. Con independencia de que el art. 19 de la Ley de Mediación de Catalunya establece la obligación de la persona mediadora de comunicar al Tribunal que hubiera hecho la derivación, si la misma finalizó con o sin acuerdo y ello no ha sucedido en este caso, ese deber también les corresponde a los Abogados pues son los interlocutores de las partes con el Tribunal. Ahora bien, si esa falta es conveniente ponerla de manifiesto a fin de evitar que se produzca de nuevo en otros procedimientos, aunque no merece más sanción que la advertencia que aquí se hace; lo que no puede dejarse pasar es el quebrantamiento de la confidencialidad de la mediación que ha llevado a cabo la Letrada defensora de los intereses de la Sra. Delfina . El art. 7.1º de la ley (autonómica catalana) 15/2009 de mediación en el ámbito del derecho privado, establece que todas las personas que intervienen en el procedimiento de mediación tienen la obligación de no revelar las informaciones que conozcan a consecuencia de esta mediación. Tanto los mediadores como los técnicos que participen en el procedimiento están obligados a la confidencialidad por el secreto profesional. En el mismo sentido, el art. 9 de la ley (estatal) 5/12 de mediación en asuntos civiles y mercantiles establece que el procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. Y establece que la infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento jurídico. Con independencia de que los Abogados hubieran participado activamente o no en el proceso de mediación iniciado entre sus clientes por derivación del Tribunal ese deber de confidencialidad les afecta con mucha mayor intensidad, pues como primeros valedores que deben ser de este método que pretende gestionar de forma cooperativa o en colaboración las diferencias de los clientes con el objetivo de poder alcanzar acuerdos que permitan un mejor futuro posible para sus clientes, deben preservar precisamente la seguridad y la confianza mutua en que todo lo que allí se trate, se alcancen o no acuerdos, no será desvelado al Tribunal. Sólo de este forma se garantiza que las partes acudan a mediación con la tranquilidad y en la confianza de que allí podrán hablar sin temor a que se utilice en su contra lo que se diga, lo que se proponga, lo que se esté dispuesto a ceder y que puedan salirse del estricto marco procesal para replantear la controversia y hacer aportes para llegar a alcanzar alguna de las múltiples soluciones posibles. En el presente caso además se estima que las consecuencias de la infracción son graves pues la Letrada Sra. V.O. no se limita a aportar el acta final de la mediación (que no está sujeta al deber de confidencialidad) sino que expresa por escrito lo que titula como preacuerdos parciales alcanzados, que el Tribunal no le había solicitado ni debía manifestar, para después restarles vigencia y validez jurídica precisamente porque no se alcanzaron, sino que además aporta dos documentos que al parecer se trabajaron en la mediación uno sin firmas, con identificación de las partes y del mediador que alcanzaría a cuestiones de responsabilidad parental y otro firmado en blanco sobre cuestiones de repartos vacacionales, gastos y liquidación de la vivienda. Y ello se hace cuando el Tribunal previamente a la deliberación del caso les requiere para que manifiesten si hubo acuerdos que les llevaran a desistir del recurso o, en otro caso para que actualizaran los datos personales y económicos, al amparo del art. 752 LEC, y no sólo no se aportan estos últimos sino que se relatan los pretendidos acuerdos con la clara intención de influir en la decisión del Tribunal, lo que se estima contrario a la buena fe procesal y sancionable económicamente, a tenor de lo establecido en el art. 247 LEC, por lo que con copia del escrito fechado el 7 de junio de 2020, de los documentos 1,2 y 3 anexados al mismo y de esta resolución se formará pieza separada a los efectos de dar audiencia a la Letrado Sra. M.V.O. y poder determinar la cuantía de la multa a imponer. Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el art. 247.4º LEC procederá también dar traslado de la presente resolución al Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona”.

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