Acción de una organización internacional basada en la inmunidad de ejecución por la que se solicita el levantamiento de un embargo preventivo y la prohibición de instar de nuevo su práctica (STJ 1ª 3 septiembre 2020, as. C-186/19)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2020 (asunto C 186/19: Supreme Site Services y otros) declara que el art. 1, ap. 1, del Reglamento Bruselas debe interpretarse en el sentido de que una demanda de medidas provisionales, presentada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el marco de la cual una organización internacional invoca su inmunidad de ejecución para obtener tanto el levantamiento de un embargo preventivo, ejecutado en un Estado miembro diferente del Estado del foro, como la prohibición de instar nuevamente ese tipo de embargo por los mismos hechos, e interpuesta en paralelo a un procedimiento sobre el fondo que tiene por objeto un crédito resultante del supuesto impago de carburante suministrado para atender las necesidades de una operación de mantenimiento de la paz desarrollada por esta organización, está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil», siempre que esta demanda no se presente en virtud de prerrogativas de poder público, en el sentido del Derecho de la Unión, extremo que incumbe apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

SHAPE es una organización internacional establecida en Mons (Bélgica) en virtud del Protocolo de París. En Brunssum (Países Bajos) se estableció un Cuartel General Regional, a saber, el Allied Joint Force Command Brunssum (Mando de la Fuerza Conjunta Aliada de Brunssum; en lo sucesivo, «JFCB»), subordinado a SHAPE. Mediante resolución de 20 de diciembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó la creación de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (en lo sucesivo, «ISAF», por sus siglas en inglés) para reforzar la seguridad en Afganistán. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asumió, a partir del 11 de agosto de 2003, el mando estratégico, la dirección y la coordinación de la ISAF. Como resulta de los documentos que obran en los autos del Tribunal de Justicia, las sociedades Supreme suministraron, en virtud de dos «acuerdos generales de realización de pedido» (Basic Ordering Agreements; en lo sucesivo, «acuerdos BOA») firmados respectivamente los días 1 de febrero de 2006 y 15 de marzo de 2007, carburante a SHAPE para atender las necesidades de la ISAF en Afganistán. Los acuerdos BOA llegaron a su vencimiento el 30 de noviembre de 2014. En noviembre de 2013 y con el fin de garantizar el pago de todos los gastos derivados de dichos acuerdos, el JFCB y las sociedades Supreme firmaron un contrato de depósito en garantía, en el marco del cual estas sociedades también quedan designadas como «proveedor».

A raíz de las auditorías financieras llevadas a cabo por el JFCB respecto de las sociedades Supreme, estas últimas rembolsaron, en relación con el año 2013, cerca de 122 millones de dólares estadounidenses (USD) (112 millones de euros, aproximadamente) a la OTAN en concepto de pagos en exceso. El importe rembolsado fue transferido a un depósito en garantía abierto, en virtud de las disposiciones del contrato de depósito en garantía, en el banco BNP Paribas, en Bruselas (Bélgica). El 1 de diciembre de 2015, las sociedades Supreme reclamaron judicialmente a SHAPE y al JFCB ante el rechtbank Limburg (Tribunal de Primera Instancia de Limburgo, Países Bajos) el pago de una cantidad que debía retirarse de los fondos depositados en ese depósito en garantía (en lo sucesivo, «procedimiento sobre el fondo»). Las sociedades Supreme justificaron esta pretensión alegando que habían suministrado carburante a SHAPE en virtud de los acuerdos BOA para atender las necesidades de la misión de la ISAF en Afganistán y que SHAPE y el JFCB no habían cumplido las obligaciones de pago que les incumbían. SHAPE y el JFCB propusieron una excepción de incompetencia del rechtbank Limburg (Tribunal de Primera Instancia de Limburgo), invocando la inmunidad de jurisdicción. Mediante resolución de 8 de febrero de 2017, ese Tribunal se declaró competente para conocer de las pretensiones de las sociedades Supreme. El 4 de mayo de 2017, SHAPE interpuso recurso de apelación contra esa resolución. Como se precisó en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2019, el gerechtshof ‘s‑Hertogenbosch (Tribunal de Apelación de Bolduque, Países Bajos) anuló la resolución del rechtbank Limburg (Tribunal de Primera Instancia de Limburgo) y se declaró incompetente para conocer del litigio en atención a la inmunidad de jurisdicción de la que, a su juicio, disfrutan SHAPE y el JFCB. Esta sentencia fue recurrida ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos).

Paralelamente a este procedimiento sobre el fondo, se iniciaron otros procedimientos ante el rechtbank Limburg (Tribunal de Primera Instancia de Limburgo), que estimó las pretensiones de SHAPE. Esta resolución fue confirmada el 27 de junio de 2017 por el gerechtshof ‘s‑Hertogenbosch (Tribunal de Apelación de Bolduque), el cual basó su competencia para conocer de las pretensiones del SHAPE en el art. 35 del Reglamento n.º 1215/2012 y en el art. 705 del Código de Enjuiciamiento Civil, con arreglo al cual, si el juez neerlandés ha acordado la práctica de un embargo, es competente para anularlo. El 21 de agosto de 2017, las sociedades Supreme recurrieron en casación esta última resolución ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos). En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales:

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el art. 1, ap. 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que encaja en el concepto de «materia civil y mercantil», en el sentido de esta disposición, una demanda de medidas provisionales, presentada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el marco de la cual una organización internacional invoca su inmunidad de ejecución para obtener tanto el levantamiento de un embargo preventivo, ejecutado en un Estado miembro diferente del Estado del foro, como la prohibición de instar nuevamente ese tipo de embargo por los mismos hechos, e interpuesta en paralelo a un procedimiento sobre el fondo que tiene por objeto un crédito resultante del supuesto impago de carburante suministrado para atender las necesidades de una operación de mantenimiento de la paz desarrollada por esta organización. A ello el Tribunal de Justicia responde que el privilegio de la inmunidad invocado por una organización internacional en virtud del Derecho internacional no constituye de oficio un obstáculo a la aplicación del Reglamento n.º 1215/2012. Además, el simple hecho de que el juez nacional declare tener competencia internacional, en virtud de las disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012, no menoscaba la protección de la inmunidad invocada, con fundamento en el Derecho internacional, por la organización internacional que es parte de dicho litigio. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que de la documentación que obra en su poder que el objeto del embargo preventivo, cuyo levantamiento se solicitó en la demanda de medidas provisionales en el litigio principal, consistía en garantizar la protección de los derechos de crédito nacidos de una relación jurídica de naturaleza contractual, esto es, los acuerdos BOA celebrados entre SHAPE y Supreme. Estos acuerdos, aunque tengan por objeto el suministro de carburante a SHAPE para atender las necesidades de una operación militar dirigida por la OTAN para el mantenimiento de la paz y la seguridad en Afganistán, son el fundamento de una relación jurídica de Derecho privado entre las partes del litigio principal en el marco de la cual estas han asumido derechos y obligaciones libremente aceptados. Para el Tribunal de Justicia, el uso que haga posteriormente SHAPE del carburante suministrado en ejecución de los acuerdos BOA no puede influir, en la naturaleza de tal relación jurídica. En efecto, la finalidad pública de determinadas actividades no constituye, en sí misma, un elemento suficiente para calificarlas como actividades desempeñadas iure imperii, en la medida en que no correspondan al ejercicio de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

Resulta de lo anterior que, a salvo de las comprobaciones que incumbe realizar al órgano jurisdiccional remitente, no cabe considerar que la relación jurídica existente entre las partes en un litigio como el del asunto principal o el fundamento y las condiciones de la demanda que lo origina ponen de manifiesto el ejercicio de prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho de la Unión, de forma que un litigio de este tipo encaja en el concepto de «materia civil y mercantil», en el sentido del art. 1, ap. 1, del Reglamento n.º 1215/2012 y está comprendido en el ámbito de aplicación de este Reglamento.Por consiguiente el Tribunal de Justicia declara que el art. 1, ap. 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una demanda de medidas provisionales, presentada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el marco de la cual una organización internacional invoca su inmunidad de ejecución para obtener tanto el levantamiento de un embargo preventivo, ejecutado en un Estado miembro diferente del Estado del foro, como la prohibición de instar nuevamente ese tipo de embargo por los mismos hechos, e interpuesta en paralelo a un procedimiento sobre el fondo que tiene por objeto un crédito resultante del supuesto impago de carburante suministrado para atender las necesidades de una operación de mantenimiento de la paz desarrollada por esta organización, está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil», siempre que esta demanda no se presente en virtud de prerrogativas de poder público, en el sentido del Derecho de la Unión, extremo que incumbe apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el art. 24, punto 5, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en este sentido de que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ha ejecutado el embargo preventivo tienen competencia exclusiva en relación con una demanda de medidas provisionales, presentada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el marco de la cual una organización internacional invoca su inmunidad de ejecución para obtener tanto el levantamiento del embargo preventivo, ejecutado en un Estado miembro diferente del Estado del foro, como la prohibición de instar nuevamente ese tipo de embargo por los mismos hechos. Y en su respuestta el Tribunal de Justicia considera que en el presente asunto SHAPE no impugna las medidas adoptadas por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica) en aplicación del Convenio bilateral de 1925 para ejecutar las resoluciones dictadas, respectivamente, el 12 de junio de 2017 por el rechtbank Limburg (Tribunal de Primera Instancia de Limburgo) y el 27 de junio de 2017 por el gerechtshof ‘s‑Hertogenbosch (Tribunal de Apelación de Bolduque), sino que solicita al órgano jurisdiccional remitente que levante el embargo preventivo acordado previamente en el marco de un procedimiento sin carácter contradictorio por el rechtbank Limburg (Tribunal de Primera Instancia de Limburgo) y prohíba que se inste la práctica de nuevos embargos por los mismos hechos. Pues bien, debe señalarse que un procedimiento como el del litigio principal, que no guarda en sí mismo relación con la ejecución de resoluciones en el sentido del art. 24, punto 5, del Reglamento n.º 1215/2012, no está incluido en el ámbito de aplicación de esta disposición y, en consecuencia, no es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ejecutó el embargo preventivo.

Añade el Tribunal de Justicia que la circunstancia de que una organización internacional, como SHAPE, invoque, para fundamentar su demanda de medidas provisionales, la inmunidad de ejecución no impide al juez examinar su competencia internacional con arreglo al Reglamento n.º 1215/2012. Para este Tribunal, la cuestión de si la inmunidad invocada por una organización internacional descarta la competencia del órgano jurisdiccional ante la que se ha presentado dicha demanda para pronunciarse sobre la misma o para adoptar medidas de ejecución contra tal organización se plantea en un momento posterior, una vez que se ha determinado la competencia internacional de ese órgano jurisdiccional. En consecuencia el art. 24, punto 5, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en este sentido de que una demanda de medidas provisionales, presentada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el marco de la cual una organización internacional invoca su inmunidad de ejecución para obtener tanto el levantamiento del embargo preventivo, ejecutado en un Estado miembro diferente del Estado del foro, como la prohibición de instar nuevamente ese tipo de embargo por los mismos hechos, no es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se ha ejecutado el embargo preventivo.

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