Acción de cesación de prácticas comerciales desleales ejercitada por una autoridad pública para la protección de los intereses de los consumidores (STJ 16 julio 2020)

233

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 16 de julio de 2020 (asunto C 73/19: Movic y otros) declara que el art. 1, ap. 1, del Reglamento Bruselas I, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de “materia civil y mercantil”, que figura en dicho precepto, una acción ejercitada por las autoridades de un Estado miembro contra profesionales establecidos en otro Estado miembro, mediante la cual dichas autoridades solicitan, con carácter principal, que se declare la existencia de infracciones consistentes en prácticas comerciales desleales supuestamente ilegales y que se ordene su cesación, así como, con carácter accesorio, que se ordenen medidas de publicidad y se imponga una multa coercitiva.

El 2 de diciembre de 2016, las autoridades belgas citaron ante el Presidente del rechtbank van koophandel Antwerpen-afdeling Antwerpen (Tribunal de lo Mercantil, Sección de Amberes, Amberes, Bélgica), en procedimiento de medidas cautelares, a Movic, Events Belgium y Leisure Tickets & Activities International, solicitando como pretensión principal la declaración de que esas empresas revendían en Bélgica, por medio de sitios de Internet gestionados por ellas, entradas para acceder a espectáculos a un precio superior al precio inicial, actividad que infringe lo dispuesto en la Ley de 30 de julio de 2013 y el CDE, y, en segundo lugar, que se ordenase la cesación de esas prácticas comerciales. Con carácter accesorio, las autoridades belgas solicitaron que se ordenaran medidas de publicidad de la resolución pronunciada, a costa de dichas sociedades, que se impusiera una multa coercitiva de 10.000 euros por cada infracción comprobada desde la notificación de esa resolución y que se declarase que las futuras infracciones podrían acreditarse mediante simple acta redactada por un funcionario de la Dirección general de inspección económica que hubiese prestado juramento, de conformidad con el CDE. Las tres sociedades en cuestión plantearon una excepción de incompetencia internacional de los tribunales belgas, afirmando que las autoridades belgas habían actuado en ejercicio del poder público, razón por la cual sus acciones no estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1215/2012. Mediante resolución de 25 de octubre de 2017, el Presidente del rechtbank van koophandel Antwerpen-afdeling Antwerpen (Tribunal de lo Mercantil, Sección de Amberes, Amberes) declaró que no tenía competencia internacional para conocer de las acciones ejercitadas en el litigio principal. A este respecto, señaló que el Reglamento nº 1215/2012 no era aplicable al caso de autos, debido a que dichas acciones no podían considerarse incluidas en la materia “civil y mercantil”, a efectos de dicho Reglamento.Las autoridades belgas interpusieron recurso de apelación contra esta resolución ante el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia acerca de la determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer de las acciones ejercitadas por las autoridades de un Estado miembro contra sociedades establecidas en otro Estado miembro, mediante las que se pretende que, tras declarar su existencia, se ordene la cesación de prácticas comerciales supuestamente ilícitas de dichas sociedades dirigidas a consumidores residentes en el primer Estado miembro.

En la presente decisión el Tribunal de Justicia considera que una acción ejercitada por una autoridad pública queda excluida del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil únicamente porque dicha autoridad haya hecho uso de medios de prueba obtenidos gracias a sus prerrogativas debilitaría la eficacia práctica de los medios de ejecución de las normas de protección de los consumidores reconocidos por el legislador de la Unión. Para el Tribunal de Justicia, a diferencia del sistema en que la propia autoridad administrativa declara cuáles son las consecuencias que deben derivarse de una infracción, en circunstancias como las que son objeto del litigio principal, la autoridad pública es responsable de defender los intereses de los consumidores ante los tribunales. Solo si, por razón del uso que ha hecho de ciertas pruebas, una autoridad pública no se encuentra específicamente en la misma posición que una persona de Derecho privado en el contexto de un litigio análogo, podrá considerarse que dicha autoridad ha hecho uso, en el caso concreto, de las prerrogativas del poder público. Debe aclararse que el mero hecho de reunir y recopilar imputaciones o pruebas, como lo podría hacer un colectivo de profesionales o de consumidores, no puede equivaler al ejercicio de tales prerrogativas. Añade el Tribunal de Justicia que una acción ejercitada por las autoridades de un Estado miembro contra comerciantes establecidos en otro Estado miembro mediante la que dichas autoridades solicitan, con carácter principal, que se declare la existencia de infracciones consistentes en prácticas comerciales desleales presuntamente ilícitas y que se ordene su cesación está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil» a efectos del art. 1, ap. 1, del Reglamento nº 1215/2012.

En cuanto a las pretensiones accesorias en los litigios principales, señala el Tribunal de Justicia que aquellas por las que se solicita que se ordenen medidas de publicidad y se imponga una multa coercitiva se refieren a medidas habituales en los procedimientos civiles para garantizar la ejecución de la futura resolución judicial. Por el contrario, en lo que respecta a la pretensión formulada ante el tribunal remitente por las autoridades belgas, de atribución de competencia para acreditar la existencia de futuras infracciones mediante simple acta redactada por un funcionario de la Dirección General de inspección económica que haya prestado juramento entiende el Tribunal de Justicia que no puede considerarse que tal pretensión esté comprendida en el concepto de “materia civil y mercantil”, ya que dicha pretensión se refiere de hecho a poderes exorbitantes con respecto a las normas de Derecho común aplicables en las relaciones entre particulares. Sin embargo, el sistema general del Reglamento nº 1215/2012 no impone que se vincule necesariamente el resultado de una pretensión accesoria al de la pretensión principal, de tal modo que la competencia internacional de un tribunal de un Estado miembro para conocer de una pretensión principal puede estar basada en ese Reglamento sin que ello deba ser necesariamente el caso también por lo que se refiere a las pretensiones accesorias a la principal, y viceversa.

Deja un comentario