En el momento en el que quien pactó someterse a arbitraje acude a los tribunales la parte demandada debe oponer la declinatoria arbitral y de no hacerlo quedará sometida al escenario procesal judicial (STSJ Madrid 28 febrero 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 28 de febrero de 2020 (ponente: Celso Rodríguez Padrón) declara la  nulidad del laudo arbitral parcial de 12 de julio de 2019, y su aclaratorio de 29 de julio, dictado por el árbitro de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid con las siguientes consideraciones:

«(…) se alcanza como primera conclusión que se ha vulnerado una norma imperativa que puede encauzar la pretensión de nulidad a través del art. 41.1º.f  LA. El art. 11 de esta Ley dispone que ‘1.El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda en las pretensiones que se tramiten por el procedimiento de juicio ordinario, o en los diez primeros días posteriores a la citación para la vista para las que se tramiten por el procedimiento del juicio verbal’. El precepto claramente proclama la prioridad del arbitraje para quien se ha sometido a esta forma de resolución de conflictos por un elemental principio de fidelidad al compromiso contractual adquirido sobre el principio de la autonomía de la voluntad, que es el fundamento del escenario arbitral. De todos modos, de su regulación se aprecia que ello no impide a los tribunales conocer de las controversias que debieran -en principio canalizarse a través del procedimiento arbitral en todo caso, pues este impedimento aparece condicionado. En el momento en el que quien pactó someterse a arbitraje acude a los tribunales en demanda de tutela, la parte demandada puede oponer la excepción declinatoria de jurisdicción, evitando así que se abandone el cauce arbitral comprometido, y viene obligada a hacerlo dentro de los plazos tasados que se contienen en el propio artículo. La consecuencia palmaria a la que conduce esta advertencia reside en que, de no hacerlo, si deja transcurrir esa oportunidad que le brinda la ley, quedará sometida al escenario procesal judicial. En el presente supuesto es claro que si bien el demandante desde el principio se había sometido libre y voluntariamente al arbitraje, luego -de forma unilateral- lo abandonó al acudir al procedimiento de cuenta jurada. Puede considerar la demandada que ello roza con la contrariedad al principio de buena fe. Lo razonable es esperar que cualquiera de las partes que suscriben un convenio arbitral, respeten su compromiso y no lo vulneren alternando el recurso a la jurisdicción con la sujeción al arbitraje en función de ignoradas estrategias. Descansando el arbitraje al fin y al cabo sobre un contrato presidido por la autonomía de la voluntad, no solo es principio general, sino previsión conocida en el art. 1258 Cc, que los contratos obligan no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. En cualquier caso: ello no puede erigirse en obstáculo insalvable a la hora de aplicar unas normas que en su contenido dejan poco margen a la interpretación. Y la sociedad demandada nada opuso -tal como le exige la ley- al abandono del arbitraje y a la elección del procedimiento específico de cuenta jurada».

«(…) Resulta clara por lo tanto la proclamación de este ‘derecho a los tribunales’ que reconoce la Constitución a quienes se consideren titulares de un derecho o interés legítimo de acuerdo con una doctrina tan consolidada que no es preciso reiterar. Este derecho fundamental permanece vigente incluso admitiendo que en los casos de arbitraje se produce una renuncia parcial y transitoria a la jurisdicción, en cuanto sobre materias que resulten arbitrables las partes se someten a la decisión de un tercero no integrante del Poder Judicial. Entre otras, dice la STC 1/2018, de 11 de enero de 2018, que ‘…’. El hoy actor eligió en su día -y así lo formalizó mediante el convenio arbitral- el cauce del arbitraje para dirimir sus controversias con la entidad a la que hoy se enfrenta. Posteriormente decidió dirimir su contienda acudiendo a un órgano judicial a través del procedimiento específico que la Ley encomienda al Letrado de la Administración de Justicia. En nada se debilita esta constatación por el hecho de que la resolución que se dicta en este procedimiento no se trate de una decisión jurisdiccional. Lo determinante es que la sociedad mercantil demandada, no solo no opuso en modo alguno la declinatoria de jurisdicción para hacer valer el compromiso arbitral, sino que siguió los trámites del procedimiento elegido por el actor. Los resultados obtenidos en estos procedimientos, al no resultarle satisfactorios, intentan ahora discutirse fuera de la jurisdicción. Quiebra la razón de la demandada y lo resuelto por el árbitro. El cauce de discusión de lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia en un procedimiento de jura de cuentas aparece claramente delimitado en la Ley de Enjuiciamiento Civil: a través del juicio ordinario posterior.  Ya hemos señalado que por ‘juicio ordinario’ no cabe entender ‘procedimiento arbitral’, y sobre esta contundente diferencia cobra sentido la demanda de anulación y ha de resultar estimada, al discrepar esta Sala de la consideración de irrelevancia que para el árbitro tiene la distinción advertida».

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