Reacciones de la UE frente a la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 5 de mayo de 2020 sobre el Programa de Compra del Sector Público

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La sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania de 5 de mayo de 2020 consideró que las compras de deuda del BCE en 2015, conocido por sus siglas en inglés PSPP, no ha financiado directamente a los Estados miembros, pero cree que el BCE, con su medida, se ha extralimitado en su mandato y le obliga a revisar las condiciones del programa en tres meses. La decisión fue adoptada por siete votos a favor y uno en contra. La respuesta de las instituciones europeas no se ha hecho esperar.

La sentencia

El órgano judicial aclara que esta la sentencia no afecta a las medidas adoptadas por el banco central y la Comisión Europea en el contexto de la actual crisis de coronavirus. El Tribunal insta al Gobierno Federal de Alemania y al Bundestag que adopten medidas para garantizar que el BCE realice una evaluación de proporcionalidad. A este respecto, considera que el Gobierno Federal y el Bundestag también tienen el deber de continuar monitoreando las decisiones del Eurosistema en las compras de bonos del gobierno bajo el PSPP y utilizar los medios a su disposición para asegurar que se mantenga dentro de su mandato.

La corte constitucional declara que el BCE no ha conseguido con esta medida alcanzar su objetivo de inflación del 2% y que no está teniendo en cuenta sus efectos en la política monetaria, poniendo el acento en que el volumen y la duración del PSPP. Para el tribunal se va más allá del objetivo principal y pone de ejemplo que el programa afecta al sector de la banca comercial al transferir grandes cantidades de bonos gubernamentales de alto riesgo a los balances del Eurosistema, lo que mejora significativamente la situación económica de los bancos relevantes y aumenta su calificación crediticia.

El Constitucional alemán concede «un período transitorio de no más de tres meses» para que el BCE adopte las medidas necesarias para que los objetivos de política monetaria perseguidos por el PSPP no tengan efectos desproporcionados sobre la política económica y fiscal. Y recuerda que el Bundesbank podría verse forzado a dejar de tomar parte del programa de compra.

El Banco Central Europeo CE toma nota del fallo del Tribunal Constitucional Federal alemán y sigue plenamente comprometido con su mandato

El Consejo de Gobierno recibió una exposición preliminar del gobernador del Bundesbank y del departamento jurídico del Banco Central Europeo (BCE). El BCE se limita a tomar nota de la sentencia de de 5 de mayo de 2020 del Tribunal Constitucional Federal de Alemania sobre el Programa de Compra del Sector Público (PSPP).

En un comunicado de 5 de mayo de 2020 el Consejo de Gobierno sigue plenamente comprometido a hacer todo lo necesario dentro de su mandato para garantizar que la inflación se eleve a niveles consistentes con su objetivo a medio plazo y que las medidas de política monetaria adoptadas para alcanzar el objetivo de mantener la estabilidad de precios se transmitan a todas las partes del país. economía y a todas las jurisdicciones de la zona del euro. Recuerda, además, que la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de diciembre de 2018 ( asunto C-493/17: Weiss y otros) declaró que el BCE actuaba dentro de su mandato de estabilidad de precios.

Comunicado de prensa del Tribunal Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2020

La Dirección de Comunicación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recibido numerosas preguntas en relación con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional alemán el 5 de mayo de 2020 referente al programa PSPP [Programa de Compras del Sector Público] del Banco Central Europeo (BCE). Los Servicios de la Institución nunca hacen comentarios sobre las sentencias de un órgano jurisdiccional nacional.

En general, se recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una sentencia dictada con carácter prejudicial por este Tribunal vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal (STJ 14 de diciembre de 2000, Fazenda Pública (C-446/98, ap. 49). Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión. Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar la seguridad jurídica (STJ 22 de octubre de 1987, Foto-Frost (C-314/85, aps. 15 y 17). Al igual que otras autoridades de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión (STJ 4 de julio de 2006, Adeneler y otros (C-212/04, ap. 122). Solo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos. La Institución se abstendrá de cualquier otra comunicación sobre este tema.

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