Accidente laboral en España de tres trabajadores portuguesas y acción de repetición por la compañía aseguradora (SAP Madrid 10 julio 2019)

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La Sentencia de la Audiencia Provincia de Madrid, Sección Novena, de 10 de julio de 2019 se pronuncia por un supuesto de responsabilidad por un accidente sufrido en España por tres trabajadores portugueses desplazados por la compañía portuguesa Ibericofer para participar en las obras para la construcción de la nueva Terminal del Aeropuerto de Barcelona, contratada con la Unión Temporal de Empresas Edificio Terminal UTE. La entidad actora es la portuguesa Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., que tenía concertado un seguro de accidentes de trabajo con la entidad Ibericofer, el día que tuvo lugar el sinestro, habiendo abonado 80.362,62 €, como consecuencia de ese siniestro, tanto a los trabajadores lesionados, familiares del trabajador fallecido, y gastos de asistencia sanitaria derivados del siniestro. En base a estos hechos la entidad actora Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A., presento demanda  contra las entidades aseguradoras Generali España, S.A. y Mafre, en virtud del derecho de repetición. Generali España alegó la falta de legitimación activa de la entidad actora, al no haber acreditado el derecho portugués, en base al cual le corresponde el derecho de repetición. El Juzgado rechazó la demanda, siendo confirmada su sentencia por la Audiencia Provincial en una extensa decisión en la cual, tras hacer amplias consideraciones en torno a la aplicación del Derecho extranjero: “Dado que en la contestación a la demanda, las entidades apelantes alegaron la falta de legitimación activa de la entidad portuguesa, por no haber acreditado su derecho de repetición, la actora en el acto de la audiencia previa pretendió aportar como prueba más documental, testimonio de la ley portuguesa N° 100/97, al amparo  del art. 265,3 de la ley de enjuiciamiento civil , por entender que dicha documentación era necesaria en base a las alegaciones realizadas por las partes, prueba documental que si bien fue admitida inicialmente, con posterioridad en virtud del recurso interpuesto por las demandadas fue inadmitida. En cuanto a la procedencia de la admisión de dicha prueba en el acto de la audiencia previa, deben darse por reproducidos los argumentos y razonamientos jurídicos que esta sala ya expuso en el auto de 16 de enero de 2019, en base al cual se admitió en esta alzada la prueba documental, testimonio notarial de la ley portuguesa 100/1997, en la medida que como se indica en dicho auto no se trataba de aportar un documento, de los previstos en el art. 265 de la ley de enjuiciamiento civil , sino de probar el Derecho extranjero, prueba que se hizo necesaria, al haberse alegado en la contestación a la demanda que no era aplicable dicha norma, sino la norma anterior a la ley de 2009 que esta derogaba expresamente , y por lo tanto dicha prueba era admisible en base a las alegaciones de las partes. De acuerdo con el art. 426 LEC, en el acto de la audiencia, las partes pueden aportar documentos y dictámenes que se justifiquen en razón de las alegaciones complementarias, rectificaciones, peticiones, adiciones y hechos nuevos a que se refieren los apartados anteriores de ese artículo. Dado las características especiales de la prueba del derecho extranjero, como se recoge en esta resolución judicial, la finalidad de la audiencia previa, en la cual debió admitirse como prueba más documental el testimonio de la ley portuguesa, de acuerdo con los argumentos y razonamientos recogidos en el auto de esta sala de fecha 16 de enero de 2019, debe entenderse que ha quedado acreditada la legitimación activa de la entidad actora para ejercitar la acción de regreso o de reembolso frente a los responsables del accidente, y sus entidades aseguradoras , por las cantidades abonadas como consecuencia de dicho siniestro. Teniendo en cuenta que el art. 85 del Reglamento 883/2004 de la CEE establece que si una persona está disfrutando de prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a hechos acaecidos en otro Estado miembro, los eventuales derechos de la institución deudora frente al tercero a quien incumba la obligación de reparar los daños quedan regulados del modo siguiente: a) cuando, en virtud de la legislación que aplique, la institución deudora se subrogue en los derechos que tenga el beneficiario frente a terceros, tal subrogación será reconocida por todos y cada uno de los Estados miembros. La legitimación activa de la parte actora le viene atribuida como consecuencia de dicha norma comunitaria, puesta en relación con el art. 31.4º de la ley portuguesa 100/97, que reconoce legitimación a la entidad aseguradora que haya abonado la correspondiente indemnización , para el ejercicio de la acción de regreso contra los responsables, acción de regreso o de repetición que también reconoce el art. 127 del Real Decreto legislativo 1/1994 de 30 de junio de por el que se aprobaba el texto refundido de la ley general de seguridad social española. Debe por lo tanto entenderse que de acuerdo con el régimen de prueba del derecho extranjero, en este caso el Derecho portugués, ha quedado acreditada la legitimación de la entidad actora, a fin de reclamar las cantidades abonadas por el accidente laboral, en base a que dicho derecho ha quedado acreditado, no solo por la prueba practicada en primera instancia, sino y de forma muy especial por la prueba documental aportada en esta alzada, que debió ser admitida en el acto de la audiencia previa, como se admitió en esta alzada en el auto de 16 de enero de 2019 . Sobre esta cuestión no se puede desconocer que el art. 11.3º LOPJ establece que “Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el art. 24 CE, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes”. No cabe por lo tanto hacer una interpretación tan rígida y rigurosa de las normas procesales que cercene el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando como ocurren en el presente caso, el hecho de no haber aportado a los autos con la demanda el testimonio de la ley portuguesa vigente fue subsanado, o se pretendió subsanar correctamente en el acto de la audiencia previa, como así lo entendió el auto de esta Sala de 16 de enero de 2019; y cuando en los propios autos existían datos que permitían al órgano judicial saber cuál era la norma aplicable, como así lo entendió la propia sentencia apelada, que a pesar de no admitir la aportación del testimonio notarial de dicha ley en el acto de la audiencia previa, del resto de los elementos y pruebas existentes en el proceso, no tuvo ninguna duda sobre la norma portuguesa aplicable, con el fin de examinar el derecho de la actora a ejercitar la acción de repetición”. Este falló registró un voto particular del magistrado  José María Pereda Laredo en el sentido de  considerar que no concurre la legitimación activa de la parte actora.

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