La proliferación internacional del acceso a Internet ha generado importantes beneficios, pero también considerables desventajas, como aumentar la facilidad con que el comportamiento que se ha producido en un Estado puede causar daño a otro. A ello se une que los Estados otorgan prioridades diferentes a las políticas de protección de la libertad de expresión, por un lado, y por otro lado, a quienes protegen la privacidad, la reputación y el honor de una persona y otros derechos de personalidad. Como consecuencia de ello existen divergencias en cuanto a la legalidad de comportamientos específicos, lo cual es el reflejo de convicciones sociales profundamente arraigadas. Dichas divergencias generan conflictos significativos sobre qué jurisdicciones nacionales deberían ser competentes, la ley nacional debe aplicarse a la solución de la controversia y cómo las decisiones tomadas deben ser reconocidas en otros Estados. Con la aspiración de contribuir a la consolidación de un consenso internacional en estas materias el Institut de Droit International en su sesión de 31 de agosto de 2019 ha aprobado una resolución elaborada por la Octava Comisión a partir del Rapport elaborado por los profesores Erik Jayme et Symeon Symeonides titulada: «Internet and the Infringement of Privacy Issues of Jurisdiction, Applicable Law and Enforcement of Foreign Judgments«.