Una cosa es aceptar que el abanderamiento de un buque determine un estatus jurídico especial y otra distinta que los buques que se encuentran en aguas españolas son territorio del país de abanderamiento (SJ Soc. Palma de Mallorca 28 junio 2018)

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El Juzgado de lo Social de Palma de Mallorca nº 4 de 28 de mayo de 2018 desestima una solicitud de incompetencia de la jurisdicción española interpuesta por la fundación Stitching ADP con respaldo en que las partes habían firmaron un acuerdo de condiciones de extinción de la relación profesional entre ambas. De acuerdo con el Juez, “en el procedimiento laboral, conforme al art. 14 LRJS las cuestiones de competencia se sustanciarán y decidirán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo lo dispuesto en las siguientes reglas:”1ª Las declinatorias se propondrán como excepciones y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos.” Conforme al art 85.1º LJS el demandado puede alegar la falta de jurisdicción o de competencia del juzgado o tribunal en el acto de juicio, en el trámite de contestación a la demanda y de manera verbal, mediante el planteamiento de la correspondiente excepción (falta de jurisdicción por razón de la materia, incompetencia objetiva o territorial…) (…)-Para determinar la competencia de los tribunales españoles, cuando como en el caso presente, concurre un elemento de extranjería, lo primero que se debe hacer es determinar de los diferentes regímenes jurídicos aplicables, cuál debemos aplicar. Y tratándose de una empresa con domicilio social en un Estado miembro, ninguna duda cabe que el régimen competencial vendrá determinado por dos normas, o bien, a través del Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil o bien, en aplicación de la LOPJ (…). Cuando la prestación de servicios se desarrolle o deba ser cumplida en el territorio de al menos un Estado miembro, el foro general del domicilio del demandado se completa con otros foros facultativos y alternativos, a virtud de los cuales el trabajador puede demandar al empresario no sólo ante los tribunales del Estado donde tenga su domicilio, o posea una agencia, sucursal o establecimiento, sino también ante cualquiera de los que se mencionan a continuación, según las circunstancias del caso: 1. El tribunal del lugar en que o desde el que desempeña habitualmente su trabajo . 2. Con carácter subsidiario, cuando no se pueda determinar ese lugar, el tribunal del lugar donde se produjo su contratación . 3. El tribunal del último lugar en que se haya desarrollado la prestación de los servicios. La finalidad perseguida con la fijación de estos foros es garantizar al trabajador, como parte contratante más débil, una protección adecuada, por considerarse que ésta está mejor garantizada si los litigios seguidos a su instancia son competencia de los tribunales del lugar donde cumple sus obligaciones respecto de la empresa en los que se puede defender como menores gastos (TJCE 13-7-93, Mulox, asunto C-125/92 y TJCE 9-1-97, Rutten asunto C-383/95; TJUE 20- 5-10, asunto Bilas C-111/09 ). A esta ventaja se añaden otras como la proximidad del juez al litigio, la facilidad y disponibilidad probatoria y el conocimiento por el órgano jurisdiccional de la ley sustantiva aplicable cuando es la del Estado del lugar de prestación de servicios.  -Conforme al art 21.2.a del Reglamento UE 1215/2012, la primera opción que tiene el trabajador que desarrolla su actividad al menos en un Estado miembro es acudir a los tribunales de aquél donde desempeña habitualmente su trabajo. A tales efectos se entiende por lugar de trabajo habitual aquel en el cual o desde el cual el trabajador cumple de hecho lo esencial de sus obligaciones para con la empresa o, dicho en otros términos, aquél en el que se sitúa el centro de gravedad de su relación contractual. Se entiende que es en ese lugar donde el trabajador puede accionar contra su empleador con menores gastos y que son los tribunales de ese Estado los que están mejor situados y tienen, por tanto, mayor aptitud para resolver adecuadamente el litigio (TJCE 13-7-93, Mulox, asunto C-125/92; 9-1-97, Rutten, asunto C-383/95 y 27-2-02, Weber asunto C-37/00). (…) En el supuesto de autos, el demandante es un ciudadano de la Unión Europea (nacionalidad Británica), y vino prestando servicios para la empresa Stitching ADP, fundación holandesa, domiciliada en Ámsterdam (Holanda) como marinero del  (…), que navega bajo pabellón Holandés (…). La demandada sostiene que conforme a la normativa internacional la normativa internacional, los buques se someten a la jurisdicción del pabellón del barco, y dado que el barco donde prestaba servicios el actor tiene pabellón holandés, los Tribunales competentes para conocer del asunto son los Tribunales holandeses. Al respecto, debe advertirse que el puerto de Palma de Mallorca es territorio español y todos los buques que se encuentra en el mismo se encuentran en territorio español. Una cosa es aceptar que el abanderamiento de un buque determine un estatus jurídico especial y otra distinta que los buques que se encuentran en aguas españolas son territorio del país de abanderamiento”.

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