La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha presidido el 28 de agosto de 2018, la reunión constitutiva de un consejo asesor integrado por juristas cuyo objetivo es proponer al ministerio cuáles son los criterios que deben regir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita la recuperación de la jurisdicción universal de los tribunales españoles. Esta cuestión había sido abordada en el Primer Congreso de Derecho penal internacional: “Problemas actuales de la jurisdicción universal”, celebrado en la Universidad Complutense los días 20 y 21 de marzo de 2017. En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 11 de julio, la ministra Delgado avanzó que la recuperación de la jurisdicción universal es uno de los proyectos prioritarios del departamento en esta nueva etapa porque es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad, un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y nucleares de la delincuencia organizada internacional y, sobre todo, una eficaz herramienta en la defensa de las víctimas de crímenes contra la Humanidad. El consejo asesor está integrado por la ministra como presidenta, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, en calidad de vicepresidente, y los siguientes juristas: José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 1990 y actual juez internacional del Mecanismo Residual para Tribunales Internacionales, Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Groupe d’Action Judiciaire de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Manuel Miguel Vergara Céspedes, profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional, Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH). En la referida reunión celebrada, la ministra Delgado les ha pedido ya un primer informe sobre la materia que permita contribuir con una propuesta cualificada al debate parlamentario abierto en el Congreso, que tramita una proposición de reforma de la LOPJ que en opinión del ministerio debería tener en cuenta la realidad social actual y la más moderna jurisprudencia sobre jurisdicción universal en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España. En materia de jurisdicción universal hay ya muchos avances en el marco del Derecho internacional, pero el ministerio quiere dar un paso más porque este instrumento jurídico, fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, puede ofrecer eficaces resultados en otros campos como la persecución de la criminalidad internacional.