Acreditación de la de edad de un extranjero, a los efectos de determinar el el cese de las funciones de tutela y el cierre del expediente de desamparo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 20 de noviembre de 2017 estima un recurso de apelación contra una sentencia que desestimó la oposición formulada contra una resolución de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia que acordó el cese de las funciones de tutela y el cierre del expediente de desamparo por mayoría de edad de un natural de Ghana. Para la Audiencia “La correcta interpretación de los artículos de la Ley y Reglamento de Extranjería permite mantener que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte legalmente expedido por el país de origen cuya validez no ha sido cuestionada ni ha sido invalidado por ningún organismo competente. Se hace necesario, por tanto, realizar un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad, lo que no se ha hecho (…). En nuestro caso Teodosio disponía de un pasaporte y de un certificado médico expedidos en su país de origen, que establecían la fecha de su nacimiento y acreditaban su minoría de edad. No se trata, por tanto, de un menor indocumentado cuya minoría pudiera ponerse en duda a los efectos de la normativa citada, cuanto menos sin impugnar la autenticidad de los documentos que acreditaban esta minoría de edad y cuya validez no ha sido cuestionada ni ha sido invalidado por ningún organismo competente, máxime cuando según el Protocolo General para la determinación de la edad (…), en sus conclusiones decía que la edad mínima más probable era de dieciocho años, ‘pero existe un margen de error no estimable en este caso, al no disponer de estudios poblacionales de referencia’, con lo cual debemos estimar la oposición por aquél formulada reconociéndose que al tiempo de la resolución era menor de edad y en situación de desamparo”.

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