Samuel Townend KC, ex presidente del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, ha instado a acometer reformas estructurales en el sistema de justicia civil, al considerar que los retrasos y los elevados costes están limitando el acceso efectivo a la justicia, en especial para las pequeñas empresas.

Durante una intervención el 21 de enero en un acto organizado por Keating Chambers, Townend reconoció los avances logrados en las últimas décadas gracias a la consolidación de los mecanismos de resolución alternativa de disputas (ADR), pero advirtió de que el sistema sigue congestionado y requiere medidas más ambiciosas para mejorar su funcionamiento.

La mediación, consolidada pero insuficiente

Townend, quien regresó a su práctica a tiempo completo en Keating Chambers a comienzos de 2025 tras ejercer como presidente del Bar Council y que actualmente preside el Foro de Abogados y Defensores de la International Bar Association, destacó que la introducción de las Civil Procedure Rules (CPR) en 1999 impulsó las alternativas al litigio, tendencia reforzada por la revisión de costes de 2013 y por el respaldo progresivo del poder judicial y del Gobierno.

Mencionó, en particular, la sentencia dictada en 2023 en el asunto Churchill v Merthyr Tydfil, que confirmó la facultad judicial para ordenar la mediación, así como la reforma de las CPR en 2024, que codificó expresamente dicha potestad.

Según afirmó, la mediación ha demostrado su eficacia en reclamaciones de escasa cuantía, en conflictos familiares y en casos de negligencia médica. Recordó que el Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) auditó en 2025 una tasa de resolución del 87 %, y sostuvo que la resolución temprana de controversias que habrían terminado en litigio ha generado un ahorro estimado de 8.000 millones de libras anuales para las empresas. A su juicio, la mediación facilitadora ha alcanzado plena madurez y forma parte estable del sistema.

Sin embargo, subrayó que el conjunto del sistema de justicia civil continúa fallando a pequeñas empresas y consumidores. Citó datos de Civil Justice Quarterly que sitúan en 39 semanas la duración media de las reclamaciones de pequeña cuantía y en 60 semanas las correspondientes a las vías rápida, intermedia y multipista. A ello se añaden costes legales que, según cifras del Ministerio de Justicia, representaban en 2020 el 35 % del valor de las reclamaciones.

Propuestas procesales: divulgación y prueba

Entre las reformas sugeridas, Townend propuso adoptar un modelo de divulgación más próximo al arbitraje, en el que las partes revelen únicamente los documentos en los que se apoyan, permitiéndose solicitudes adicionales mediante petición motivada. Consideró que este sistema podría reducir costes y agilizar procedimientos.

También planteó revisar el tratamiento de la prueba testifical, inspirándose en la práctica de los tribunales civiles de Irlanda del Norte, sustituyendo las declaraciones extensas por resúmenes que identifiquen las cuestiones concretas sobre las que los testigos serán interrogados.

De la mediación facilitadora a la mediación evaluativa

Townend defendió asimismo una mayor utilización de la mediación evaluativa, modalidad en la que el mediador analiza de forma más activa los argumentos jurídicos y fácticos de las partes. Reconoció que este enfoque puede suscitar reservas por la posible percepción de pérdida de neutralidad o de control por parte de los abogados, pero sostuvo que, con el consentimiento informado de las partes y en casos adecuados, puede favorecer soluciones más rápidas y realistas.

A su juicio, este modelo obliga a las partes a valorar con mayor rigor las fortalezas y debilidades de su posición, especialmente en disputas con un componente técnico o jurídico significativo, aproximando el resultado al que previsiblemente se obtendría en un juicio, aunque sin los costes y la carga emocional asociados.

En la misma línea, se mostró partidario de revitalizar la evaluación neutral temprana (Early Neutral Evaluation, ENE), incorporada a las CPR en 2015. Esta herramienta permite a un juez o tercero independiente ofrecer una orientación preliminar sobre el probable desenlace del litigio. Según Townend, su valor reside en clarificar las cuestiones jurídicas y fácticas y en identificar riesgos antes de que se generen costes sustanciales.

Un contexto de impulso a la mediación

Las declaraciones se enmarcan en un entorno de apoyo creciente a la mediación tanto en el Reino Unido como en el ámbito internacional. Iniciativas como la Convención de Singapur sobre Mediación y los trabajos de estandarización impulsados por la CNUDMI reflejan esta tendencia. En 2024, el Tribunal Superior advirtió que la negativa injustificada a recurrir a ADR podría acarrear sanciones económicas, y el jefe de la justicia civil en Inglaterra y Gales describió la mediación como un elemento esencial del panorama de resolución de disputas.

Una encuesta publicada en octubre por Ashurst apunta a que el recurso a estos mecanismos continuará aumentando en los próximos años.

En este escenario, Townend concluyó que el fortalecimiento y la diversificación de los ADR, junto con ajustes procesales orientados a la eficiencia, constituyen elementos centrales para garantizar que la justicia civil responda de manera efectiva a las necesidades de empresas y particulares.