La Unión Internacional de Abogados (UIA) ha adoptado una ambiciosa Declaración sobre la Prevención y Resolución de Disputas y el Papel de la Profesión Jurídica, reafirmando el compromiso global de la abogacía con el acceso a la justicia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. El texto fue aprobado por la Asamblea General de la organización en el marco de su 69.º Congreso y propone una evolución profunda del papel de los abogados en un contexto de transformación social, jurídica y tecnológica.

Una declaración adoptada en un contexto global de cambio

La Union Internationale des Avocats (UIA), organización internacional que agrupa a colegios de abogados, asociaciones profesionales y juristas de todo el mundo, adoptó el pasado 29 de octubre de 2025, en Guadalajara, una Declaración de alcance global centrada en la prevención y resolución de disputas (Dispute Prevention and Resolution – DPR) y en la redefinición del papel de la profesión jurídica en las sociedades contemporáneas.

La Declaración parte de una constatación clara: los sistemas de justicia se enfrentan a una presión creciente derivada de la complejidad de las relaciones sociales y económicas, el aumento de la litigiosidad, la limitación de recursos públicos y las nuevas expectativas de los ciudadanos. En este contexto, la UIA subraya que anticipar el futuro no es una opción, sino una necesidad, y que la abogacía debe situarse en el centro de esta evolución.

El compromiso de la UIA con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales

El texto recuerda el carácter universal de la UIA y su misión histórica de promover y defender el Estado de Derecho, entendido como un principio de gobernanza en el que todas las personas e instituciones, públicas y privadas, están sometidas a leyes públicas, aplicadas de manera igualitaria y adjudicadas de forma independiente.

La Declaración vincula este compromiso con la defensa de los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de género, así como con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En particular, destaca la conexión entre el acceso a la justicia y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas y el fortalecimiento de instituciones eficaces y responsables.

Desde esta perspectiva, la UIA afirma que la justicia no puede concebirse exclusivamente como acceso a los tribunales, sino como un sistema plural que ofrezca respuestas adecuadas, proporcionadas y eficaces a los problemas, disputas y conflictos que surgen en la sociedad.

La evolución de las necesidades de los clientes y delpapell de los abogados

Uno de los ejes centrales de la Declaración es el reconocimiento de que las necesidades e intereses de los clientes han evolucionado. Los ciudadanos y las empresas demandan hoy soluciones que no solo sean jurídicamente correctas, sino también rápidas, comprensibles, económicamente proporcionales y orientadas a la preservación de relaciones personales y comerciales.

En este escenario, la UIA subraya que los abogados desempeñan un papel esencial como garantes del sistema de justicia y de la democracia, actuando como intermediarios entre los justiciables y los tribunales. Sin embargo, este papel debe ampliarse para incluir funciones de prevención de conflictos, diseño de estrategias de resolución temprana y acompañamiento de las partes en procesos consensuales.

La Declaración afirma que los abogados tienen la responsabilidad de implementar la mejor estrategia posible para defender los intereses de sus clientes, lo que incluye valorar activamente el recurso a mecanismos de prevención y resolución de disputas cuando estos resulten más adecuados que la vía contenciosa.

Prevención y resolución de disputas como pilar de una justicia sostenible

El documento adopta el concepto de Dispute Prevention and Resolution (DPR) para referirse al conjunto de procesos destinados a prevenir o resolver conflictos, incluyendo, entre otros, la negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos existentes o futuros.

La UIA destaca que estos procesos han demostrado numerosas ventajas: permiten a las partes expresarse y ser escuchadas, fomentan la comunicación y la confianza, reducen costes y tiempos, y ofrecen soluciones adaptadas a los intereses reales de los implicados. Salvo cuando la ley o el juez lo impongan, la Declaración enfatiza que estos procesos deben basarse en el consentimiento mutuo de las partes.

Especial atención se presta a la mediación civil y comercial, cada vez más utilizada a nivel nacional e internacional, como instrumento eficaz para alcanzar soluciones satisfactorias sin necesidad de recurrir al litigio.

Integración de los procesos DPR en los sistemas judiciales

La Declaración reconoce que los procesos de prevención y resolución de disputas están cada vez más integrados en los procedimientos judiciales, administrativos y penales, y que en muchos ordenamientos constituyen ya un requisito procedimental o una opción promovida activamente por los poderes públicos.

La UIA sostiene que el recurso a los tribunales debe realizarse de manera responsable y que la limitación del uso innecesario de la vía judicial refuerza el valor social de la justicia. La integración de los procesos DPR en los sistemas judiciales contribuye, además, a mejorar la experiencia de los justiciables, liberar recursos judiciales y permitir que los jueces se concentren en los casos más complejos.

Desde esta óptica, la Declaración considera que la justicia participativa y consensual favorece una justicia sostenible, en la que las partes se convierten en protagonistas responsables de la resolución de sus propios conflictos.

Acceso a la justicia y ayudas públicas

La UIA subraya que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de toda persona, física o jurídica, y que este acceso debe garantizarse también mediante sistemas de asistencia jurídica gratuita, especialmente para los colectivos más vulnerables.

El documento destaca que muchos procesos DPR son gratuitos o de coste moderado y que, en determinados países, pueden articularse con sistemas de ayuda legal. Asimismo, recuerda que la utilización de estos procesos no supone una restricción del acceso a la justicia, ya que los plazos de prescripción y caducidad se suspenden o interrumpen durante su tramitación.

Un deber ético de la abogacía

Uno de los mensajes más relevantes de la Declaración es la afirmación de que los abogados tienen un deber ético de informar a sus clientes sobre la existencia y las características de los procesos de prevención y resolución de disputas, así como de sugerir su utilización cuando resulte oportuno.

La UIA reconoce que no todos los casos son adecuados para estos procesos, del mismo modo que el litigio judicial no es siempre la opción más idónea. Sin embargo, insiste en que los abogados deben explicar a sus clientes las ventajas, riesgos, costes y beneficios de cada alternativa, facilitando decisiones informadas y responsables.

Llamamientos a los Estados, a la abogacía y a las instituciones formativas

La Declaración concluye con una serie de llamamientos dirigidos a distintos actores:

• A los Estados y legisladores, para que promuevan activamente los procesos DPR, desarrollen marcos normativos adecuados, refuercen la formación de profesionales neutrales y faciliten la integración de estos mecanismos en los sistemas de justicia.
• A los abogados, para que adapten su mentalidad, desarrollen nuevas competencias y asuman su papel como preventores y resolutores de conflictos.
• A los colegios de abogados, facultades de Derecho e instituciones de formación, para que impulsen programas educativos específicos y fomenten modelos profesionales sostenibles basados en la resolución consensual de disputas.

Asimismo, la UIA se compromete a desarrollar directrices de buenas prácticas, ampliar su oferta formativa y trabajar en favor del reconocimiento internacional de la mediación y la conciliación, incluyendo la promoción de un Día Mundial de la Conciliación y la Mediación.