La jornada se desarrolló bajo el tema “Opciones del Servicio Público de la Justicia más allá de la vía judicial” y se estructuró en una serie de conferencias y una mesa redonda, todas ellas centradas en los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y su encaje en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La sesión matinal comenzó con la ponencia del profesor José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho Internacional Privado y Director del Servicio de Mediación de CIMA, quien abordó las opciones del servicio público de justicia más allá de la vía judicial. A continuación, Ana Criado Inchauspé, Presidenta y fundadora de la Asociación Madrileña de Mediadores y mediadora, expuso el alineamiento de la Ley con las directrices de la Unión Europea en la incentivación de los MASC. Posteriormente, Fernando Martín Diz, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, analizó los cambios orgánicos y procedimentales generales y en el procedimiento contencioso-administrativo derivados de la nueva normativa.
Finalmente, Anabel García Hernando, Abogada colaborativa, mediadora familiar y referente en Derecho colaborativo, presentó un marco general sobre el Derecho colaborativo en el contexto de la Ley.
Por la tarde, se celebró una mesa redonda titulada “Ámbito de aplicación de los medios adecuados de solución de conflictos tras la Ley Orgánica 1/2025”, moderada por el Embajador Javier Jiménez Ugarte, Embajador de España. Los participantes fueron: Rafael Mateu de Ros Cerezo, Abogado del Estado (exc.) y Socio Fundador de Ramón y Cajal Abogados; José Fernando Merino Merchán, Letrado de las Cortes Generales y del Consejo de Estado, Profesor Titular de Derecho Constitucional URJC y árbitro; Adolfo Díaz Ambrona, Secretario General de la Cámara de Comercio de España y de la Corte Española de Arbitraje; José María Ayala de la Torre, Abogado del Estado (exc.), Director de Ayala de la Torre y árbitro de CIMA; y Diego Alonso Massa, Abogado, editor y fundador de iarbnews.
Durante la mesa redonda, los ponentes debatieron sobre el modelo moderno propuesto por la Ley Orgánica 1/2025, que concibe la justicia como un servicio público plural, eficiente y sostenible, orientado a ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades sociales, un enfoque multipuerta integrador de mecanismos como mediación, conciliación, negociación directa, oferta vinculante y opinión de expertos, incorporados como auténticos instrumentos del servicio público de justicia y sus relaciones con el poder judicial.
Los intervinientes coincidieron en que esta dualidad genera tensiones estructurales, ya que se mantiene la exclusividad jurisdiccional para los tribunales en conflictos que involucran entidades públicas, preservando el monopolio estatal, pero se establece el requisito de procedibilidad en ciertos casos, obligando a intentar un MASC antes de acudir a los tribunales, marcando un cambio cultural hacia el diálogo y el acuerdo. Se fomenta el uso de MASC en relaciones privadas, pero se excluyen expresamente de conflictos con entidades públicas, lo que revela una contradicción con la modernización de la justicia. La introducción de la obligación de intentar un MASC en determinados casos plantea, según algunos miembros de la mesa, un desafío al principio clásico de libre acceso a la jurisdicción, generando tensiones entre eficiencia y garantía de derechos. Finalmente, los participantes coincidieron en que la Ley Orgánica 1/2025 encarna una tensión estructural entre dos concepciones de la justicia: una tradicional, centrada en la autoridad del Estado, y otra moderna, enfocada en la participación ciudadana, la sostenibilidad y la eficiencia, coexistiendo a veces de forma complementaria, y en otras ocasiones de forma conflictiva.
La directora del curso, Ana Fernández Pérez, cerró la jornada con unas palabras de agradecimiento a los ponentes y asistentes, destacando la necesidad de seguir impulsando la formación y la investigación en materia de arbitraje, mediación y otros medios adecuados de resolución de conflictos, esenciales para una justicia más eficiente y adaptada a la realidad social. Subrayó que este curso constituye una plataforma para el análisis crítico y el diálogo abierto sobre el futuro del sistema de justicia, reafirmando el compromiso de la Universidad de Alcalá y de CIMA con el avance de estos métodos.
