El BOE 9.4.2025 publica el Real Decreto-ley 4/2025 de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, que se configura como una herramienta estratégica para hacer frente a un desafío económico global que afecta de manera concreta y diferenciada a sectores clave del tejido productivo nacional. Su aplicación aspira a conjugar la acción inmediata con una visión de medio y largo plazo, garantizando apoyo financiero, certidumbre jurídica y un marco institucional que acompañe a las empresas en su proceso de adaptación, reconversión y crecimiento en un entorno internacional cada vez más competitivo y volátil.

El Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, constituye una medida legislativa de carácter extraordinario adoptada por el Gobierno de España en respuesta a la amenaza arancelaria derivada del giro proteccionista en la política comercial de los Estados Unidos. Este contexto exige una actuación urgente ante los potenciales efectos adversos que la subida de aranceles —que en ciertos casos supera el 25 %— puede tener sobre la actividad comercial, la producción y el empleo en distintos sectores de la economía española. En particular, se advierte un impacto desigual en el territorio nacional, siendo especialmente vulnerables aquellas comunidades autónomas cuya estructura económica presenta una elevada dependencia del comercio exterior con el mercado estadounidense. En este sentido, la norma se orienta no solo a mitigar las consecuencias inmediatas del shock arancelario, sino también a sentar las bases para una estrategia de relanzamiento comercial que fortalezca la autonomía estratégica del país.

El texto legal articula el denominado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, que moviliza un volumen total de 14.100 millones de euros. De ellos, 7.400 millones corresponden a nueva financiación, mientras que los restantes 6.700 millones se canalizan a través de instrumentos ya existentes. El objetivo del plan es triple: garantizar liquidez a las empresas afectadas, favorecer su reconversión productiva e impulsar su proyección internacional, especialmente mediante la diversificación de mercados. Entre las principales medidas destaca la creación de una línea de avales por un importe máximo de 5.000 millones de euros, destinados a empresas exportadoras e importadoras con una exposición significativa —directa o indirecta— al mercado estadounidense. Estos avales, otorgados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, buscan asegurar la financiación necesaria para afrontar proyectos de adaptación estructural o solventar tensiones de liquidez provocadas por la caída de ingresos derivados del nuevo escenario arancelario.

En paralelo, se refuerzan los principales instrumentos financieros del Estado orientados a la internacionalización empresarial. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) ve incrementado su límite de operaciones de 500 a 700 millones de euros anuales, con el propósito de apoyar la actividad exportadora e inversora de las empresas españolas. Este incremento responde al carácter estratégico del FIEM como herramienta de política comercial activa. Asimismo, se contempla la financiación de operaciones no reembolsables con cargo a recursos propios del fondo, lo que permitirá sostener proyectos de diversificación especialmente ambiciosos o situados en mercados de alto riesgo.

Otra medida fundamental es la ampliación del límite de cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que pasa de 9.000 a 15.000 millones de euros. Esta cobertura, asumida por cuenta del Estado, permite proteger a las empresas frente a riesgos comerciales, políticos o extraordinarios en sus operaciones de internacionalización, funcionando como un respaldo clave para acceder a financiación privada. De manera complementaria, se dotan 2.000 millones adicionales en coberturas específicas dirigidas a las empresas directamente afectadas por las nuevas barreras comerciales impuestas por Estados Unidos.

Además, el real decreto-ley introduce modificaciones normativas destinadas a reforzar la estabilidad y utilidad del sistema del Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), que protege a las empresas frente a las fluctuaciones de los tipos de interés en operaciones de financiación internacional. Para ello, se habilita un crédito presupuestario ampliable que podrá ser financiado mediante deuda pública, con el fin de compensar las pérdidas acumuladas por este instrumento tras los cambios abruptos en los tipos de interés desde 2022. Esta reforma, además de proporcionar sostenibilidad al sistema, tiene por objeto facilitar el desbloqueo de financiación bancaria a proyectos de diversificación exterior de las empresas afectadas.

El real decreto-ley, en su conjunto, constituye una respuesta articulada y coordinada que busca no solo amortiguar los efectos inmediatos del conflicto arancelario, sino también transformar esta amenaza en una oportunidad para reforzar la capacidad competitiva de la economía española. En ese marco, se pretende no solo proteger el empleo y la actividad económica, sino también incentivar una transformación estructural del modelo de internacionalización empresarial, priorizando la resiliencia frente a crisis externas y la expansión hacia nuevos mercados.