Tras un amplio proceso de consulta pública, revisión técnica y análisis comparativo, Inglaterra y Gales han dado un paso decisivo en la modernización de su marco legal en materia de arbitraje. La promulgación de la Ley de Arbitraje de 2025 (AA 2025) representa un hito relevante en la evolución del derecho arbitral británico, consolidando a Londres como una de las sedes más influyentes y confiables a nivel internacional.
El proceso de reforma se inició formalmente en 2021, cuando el Ministerio de Justicia encargó a la Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales la revisión sistemática de la anterior Ley de Arbitraje de 1996 (AA 1996). Aunque esta norma había sido ampliamente reconocida por su funcionalidad, comenzaba a mostrar ciertos límites ante los cambios en el ecosistema global del arbitraje y los avances legislativos en otras jurisdicciones competidoras.
La Comisión Jurídica publicó su informe final en septiembre de 2023, recomendando una serie de ajustes puntuales, más que una revisión estructural. Sin embargo, el proyecto de ley no pudo ser aprobado antes de la disolución del Parlamento, en la fase final de la legislatura. Fue tras las elecciones generales del 4 de julio de 2024 que el tema volvió a la agenda pública, cuando el Discurso del Rey del 17 de julio de 2024, durante la Apertura del Parlamento, anunció la reintroducción del Proyecto de Ley, que finalmente recibió sanción real el 24 de febrero de 2025.
La AA 2025 no supone una ruptura con el régimen anterior, sino una actualización estratégica y técnicamente precisa, concebida bajo una lógica de continuidad institucional y perfeccionamiento normativo. La nueva ley mantiene los pilares fundamentales del arbitraje británico —la autonomía de la voluntad de las partes y la mínima intervención judicial—, pero introduce mejoras clave para optimizar su claridad, eficiencia y adaptabilidad a las nuevas demandas del comercio internacional.
Entre las principales novedades se destacan:
- Una regla por defecto que establece que la ley de la sede regirá el convenio arbitral, salvo pacto expreso en contrario.
- La codificación del deber de revelación de los árbitros sobre posibles conflictos de interés.
- El fortalecimiento de la inmunidad de los árbitros en casos de renuncia o solicitud de destitución.
- La introducción del laudo sumario, para resolver de forma rápida reclamaciones manifiestamente infundadas y evitar dilaciones procesales.
- El reconocimiento de la figura del árbitro de emergencia, cuyas decisiones pasan ahora a ser ejecutables judicialmente.
- Una racionalización del control judicial sobre la jurisdicción de los tribunales arbitrales.
- La ampliación de poderes de los tribunales para dictar medidas cautelares, incluso frente a terceros no firmantes del convenio arbitral.
Estas reformas responden no solo a una necesidad técnica, sino también a una estrategia de país. Con más de 5.000 procedimientos arbitrales gestionados anualmente y un impacto económico estimado de más de 2.500 millones de libras esterlinas, el arbitraje es una actividad clave para el dinamismo jurídico y económico del Reino Unido.
La AA 2025 refuerza así la posición de Inglaterra y Gales como jurisdicciones líderes, ofreciendo a los operadores jurídicos y económicos un entorno normativo predecible, eficiente y alineado con las mejores prácticas internacionales. En palabras de muchos expertos, se trata de un ejercicio de gobernanza jurídica madura, que combina la fidelidad al common law con una clara voluntad de adaptación al cambiante entorno global del arbitraje.
Este paso legislativo posiciona al Reino Unido no solo como actor histórico, sino también como referente de futuro en la justicia arbitral internacional
