El Parlamento está dispuesto a emprender acciones legales en caso de que la Comisión retrase más la aplicación del mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho del presupuesto

En una resolución del Parlamento Europeo adoptada el 25 de marzo de 2021 por 529 votos a favor, 148 en contra y 10 abstenciones, los eurodiputados recuerdan que el hecho de que los Estados miembros no respeten el Estado de Derecho puede afectar la integridad del presupuesto de la UE. Advierten a la Comisión Europea que si no cumple con sus obligaciones bajo el reglamento de condicionalidad legalmente vinculante y no toma todas las medidas apropiadas para defender los intereses y valores financieros de la UE , el Parlamento «considerará que esto constituye una falta de acción» y llevar a la Comisión a los tribunales de conformidad con el artículo 265 TFUE .

Los eurodiputados insisten en que las normas existentes sobre el Estado de Derecho deben aplicarse y «no pueden estar sujetas a la adopción de directrices», una medida que la Comisión está preparando actualmente. Si la Comisión considera que tales directrices son necesarias, la resolución de hoy solicita que estén listas antes del 1 de junio de 2021 y que se consulte al Parlamento antes de su adopción. Los eurodiputados reiteran la importancia de aplicar el mecanismo del Estado de Derecho sin demora, en particular dadas sus posibles implicaciones para el próximo desembolso del fondo de recuperación NextGenerationEU .

La referida resolución votada por los eurodiputados es la conclusión del debate celebrado en la sesión plenaria anterior, donde los eurodiputados recordaron a la Comisión que el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho ya está en vigor desde el 1 de enero de 2021. Casi todos los oradores en ese debate reiteraron que el Reglamento es jurídicamente vinculante, independientemente de la posición adoptada por el Consejo Europeo , que no tiene ningún efecto legal, y a pesar de las acciones legales en curso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no tienen cualquier efecto suspensivo. El mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho es una nueva herramienta diseñada para proteger los fondos de la UE contra el mal uso por parte de los gobiernos de la UE que no han respetado el principio del Estado de Derecho.

¿Qué es el Estado de Derecho?

El Estado de Derecho se recoge en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la UE. Significa que los Gobiernos deben estar sujetos a la ley, que no deben tomar decisiones arbitrarias y que los ciudadanos deben tener el derecho de impugnar sus actos en tribunales independientes.

Asimismo, consagra la lucha contra la corrupción, que favorece injustamente a unos en detrimento de otros. También protege la libertad de los medios de comunicación y asegura que el público esté debidamente informado sobre la acción del Gobierno.

El Estado de Derecho es una preocupación que comparten todos los europeos. Acorde con la encuesta del Eurobarómetro de 2019, al menos el 85% de los ciudadanos de toda la UE considera “esencial” o “importante” cada uno de los diferentes aspectos del Estado de Derecho. Otro sondeo, de octubre de 2020, destaca que el 77% de los europeos respalda la idea de conceder fondos de la UE a los Estados miembros bajo la condición de que el Gobierno del país respete el Estado de Derecho y los principios democráticos.

Mecanismos existentes de la UE que protegen el Estado de Derecho

La Unión Europea ya cuenta con herramientas a su disposición para proteger el Estado de Derecho. Sin ir más lejos, la Comisión publicó el pasado 30 de septiembre el primer informe anual sobre el Estado de Derecho, que supervisa la evolución tanto positiva como negativa del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo ha estado observando a Rumanía y Bulgaria desde que se unieron a la UE en 2007.

Si la Comisión tiene sospechas de que un Estado miembro está violando la ley de la UE, el órgano puede iniciar procedimientos de infracción que pueden dar lugar a sanciones financieras determinadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otro procedimiento, en virtud del art. 7 TUE, permite al Consejo formular recomendaciones o decidir por unanimidad sobre las sanciones contra un Estado miembro, incluida la suspensión de los derechos de membresía.

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