Los tribunales españoles tienen competencia por ser un procedimiento dirigido a la adopción de medidas urgentes, pese a tener la residencia residencia en Inglaterra (AAP Valencia 10ª 23 julio 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 23 de julio de 2020 confirma la decisión de instancia en procedimiento de medidas de protección (art. 158 Cc) que estimó parcialmente la solicitud que se había formulado por la representación de D. Roberto contra Dª Araceli y modificó de forma provisional la guarda sobre la hija común de ambos litigantes, Blanca , de quince años de edad, que atribuyó al progenitor, condicionada a que la hija fuese escolarizada en un centro que siguiera el sistema educativo británico, debiendo el progenitor hacerse cargo de su coste, con suspensión de la obligación de abonar pensión de alimentos. De acuerdo con la Audiencia:

“(…) Alega la apelante que la competencia para conocer del asunto no correspondía a los tribunales españoles, dado que existe una resolución dictada en fecha 23 de mayo y 11 de julio de 2017 de un Tribunal inglés que reconoció a la Sra. Araceli el derecho de decidir el lugar de residencia de los hijos de los litigantes que tenía a su cargo, Blanca y Balbino , que es el Tribunal de Londres. Y ello por cuanto el domicilio de los hijos y el (que había sido) domicilio familiar estaba situado en Londres. Alega también que el Tribunal de Londres había sido competente para determinar la resoluciones referida y mantenía la competencia para cualquier cambio relacionado con dicha medidas. Y aporta resolución dictada por el Tribunal Central de Familia de Londres de 20 de diciembre de 2019 que ha dictado orden de retorno de la menor Blanca y recuerda que la resolución de 23 de mayo de 2017 por la que la menor Blanca debía vivir con su madre la solicitante Dª Araceli continua en vigor. La apelante invoca lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. El art. 8 de dicho Reglamento dispone que «1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional. 2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los arts. 9, 10 y 11». Ciertamente, como hemos dijo, por ejemplo en auto de 9 de enero de 2019 en rollo 1705/18, en procedimiento de modificación de medidas «… se debe aplicar el Reglamento 2201/2003 de competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, concretamente su art. 8, que atribuye la competencia para conocer de cuestiones relativas a la responsabilidad parental a los órganos judiciales del Estado en el que tenga su residencia habitual el menor en el momento en el que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional», con las excepciones que en el mismo se prevén. En este caso, y en principio, los tribunales de Inglaterra, lugar de residencia de la menor, serían los competentes para resolver sobre la modificación de medidas que pudiera plantearse por el progenitor, si desea recuperar la custodia de la hija y no los tribunales españoles, donde únicamente tiene la residencia el padre, pero no la menor ni la progenitora custodia. Sin embargo, el presente es un procedimiento urgente dirigido a la adopción de medidas conducentes a apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Por ello, se entiende de aplicación lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003, que dispone «Medidas provisionales y cautelares. 1. En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales o cautelares previstas en su propia legislación en relación con personas o bienes presentes en dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo. 1. Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse cuando el órgano jurisdiccional del Estado miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del asunto haya adoptado las medidas que considere apropiadas». Dada la índole del procedimiento, y exclusivamente para resolver sobre la medida cautelar solicitada, puede entenderse que los tribunales españoles tenían competencia para resolver”.

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