Competencia de los tribunales españoles para decretar medidas de divorcio aunque el demandado resida en Francia (AAP Barcelona 2 junio 2020)

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 2 de junio de 2020 admite un recurso de apelación contra una decisión del juzgado en procedimiento de modificación de medidas de divorcio que inadmitió la demanda ejecutiva por la falta de competencia territorial, al residir el demandado en la ciudad de Bezières (Francia). La Audiencia razona del siguiente modo:

«(…) La resolución objeto del recurso no ha admitido la demanda ejecutiva en aplicación del art. 27.2º del Reglamento (CE) 4/2009, sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de obligaciones alimenticias, de 18 diciembre que establece como elemento de conexión, a efectos de jurisdicción competente, el domicilio del demandado. La representación de la actora argumenta en su recurso que el art. 5 del referido instrumento internacional establece la importante excepción del hecho trascendente de la comparecencia del demandado en el proceso principal declarativo en el que se fijaron los alimentos, por cuanto supondría, en definitiva, el sometimiento a la jurisdicción española y la aceptación voluntaria de la competencia del tribunal, también para la fase de ejecución. El argumento de la parte recurrente no es determinante respecto al proceso de ejecución, que tiene sustantividad propia, por cuanto el art. 5 del reglamento citado que se invoca se refiere a la competencia territorial relativa a la acción principal declarativa del proceso de alimentos, no al tribunal competente para la ejecución de la sentencia en un Estado Miembro (EM) de la UE diferente al del EM que la dictó. No obstante lo anterior, no deja de ser relevantes, respecto a determinados efectos, que la parte ejecutada aceptó motu proprio la jurisdicción española tanto en el proceso de divorcio que finalizó por la sentencia de 24 febrero 2006, como en el posterior, de modificación de medidas que finalizó por sentencia de 25 mayo 2015, ambos de fecha posterior a que el mismo trasladase su residencia a Francia. El hecho de que haya aceptado tal competencia en el proceso en el que se enjuició la discrepancia y dictó la sentencia que se ejecuta, se extiende al proceso ejecutivo, pero únicamente en cuanto a los actos de ejecución (embargo de bienes, retención de haberes o inscripción en los registros públicos) que han de ser realizados en territorio español, pero respecto a los actos ejecutivos que han de realizarse en otro EM el proceso ejecutivo tiene otros condicionantes de singular relevancia, que requieren de la cooperación judicial internacional. Esto es así por cuanto en el ámbito de los sistemas judiciales europeos es frecuente que la fase de ejecución está encomendada a órganos jurisdiccionales diferentes, e incluso a instituciones procesales ad hoc. También en España se está implantando la modalidad de organismos jurisdiccionales especializados en la ejecución de las sentencias. Mas la razón de fondo que justifica la atribución exclusiva de la competencia para los concretos actos de jurisdicción que se han de realizar en el extranjero (en otro EM), no es otra que la preservación de la soberanía nacional en el ámbito de la ejecución, que impide que un órgano judicial de un determinado Estado pueda realizar actuaciones coactivas en el territorio de otros Estados. En base a tal principio, los juzgados españoles no pueden ordenar actos de ejecución singular respecto de bienes o derechos que radiquen en el extranjero y, concretamente en el caso de autos, respecto de una persona que reside en Francia, ni tampoco puede dirigir a organismos o registros de otro país mandamientos y órdenes de carácter coercitivo. Precisamente por esta razón el Reglamento comunitario dedica el Capítulo IV a la regulación de los actos de ejecución que han de desarrollarse en un EM distinto del que decretó la ejecución de una sentencia dictada en un proceso declarativo de alimentos. En la concepción actual del espacio europeo de justicia y seguridad, el mecanismo instalado es el derivado en los principios de confianza y colaboración. En base a los mismos, las personas residentes en un EM pueden ejecutar en el otro de forma directa las sentencias dictadas, mediante los mecanismos establecidos en el convenio que, para el caso de las obligaciones alimenticias, son dos: a) la formulación de la solicitud ejecutoria ante el tribunal del Estado en el que se pretenda ejecutar (en este caso es Francia), adjuntando a la misma las certificaciones de la sentencia con la declaración del carácter ejecutorio de la misma, y el formulario previsto en el art. 28 del referido reglamento (modificado por el Reglamento (UE) 228/2015, de 17 febrero 2015; y b) mediante la colaboración entre Autoridades Centrales, tal como se regula en los arts. 49 y sucesivos del referido reglamento».

«(…) Respecto a los casos en los que el demandado resida en el extranjero se ha de señalar que el tribunal español sentenciador no pierde su competencia funcional para acordar la ejecución, máxime si hay bienes o derechos en España. En cualquier caso y aun cuando todos los bienes radicasen en el extranjero, habida cuenta de la conexión intrínseca que existe entre el despacho de la ejecución y el proceso principal del que dimana, tal como prevé el art.o 582 de la LEC, lo correcto es notificar la resolución en primer lugar mediante la persona del procurador que le representó en el mismo, o bien en el domicilio que consta en el título ejecutivo, o en cualquier lugar en el que se encuentre el demandado. Es de advertir que no existe prohibición alguna para que también tal acto procesal pueda ser realizado por correo certificado postal internacional dirigido a la persona obligada al cumplimiento de la obligación de pago, tal como prevé, y es práctica admitida y eficaz, el art. 21 Ley 29/2015, de cooperación judicial internacional, y el art. 15 del Reglamento (CE) nº 1393/2007, de 18 diciembre 2008, sobre notificaciones y traslados de documentos entre EEMM de la UE. Todo ello sin perjuicio de que, si no se recibiese en un plazo prudencial el acuse de recibo, si el despacho postal fuese rehusado, o si el procurador apoderado en el proceso principal rechazase la notificación por insuficiencia de sus poderes, se tengan por concluidas sin resultado positivo las diligencias de notificación previas a la adopción de medidas coercitivas a realizar en el extranjero, y se advierta a la parte ejecutante de que dispone de las otras vías previstas en los instrumentos procesales comunitarios. Respecto a las actuaciones coercitivas que entren dentro del ámbito competencial derivado de la soberanía de otro EM, se ha de seguir el cauce previsto en el Reglamento comunitario (sin perjuicio de la adopción de las medidas ejecutivas o cautelares sobre bienes y derechos del deudor radicados en España, para el aseguramiento del buen fin de la ejecución). En consecuencia, este tribunal coincide parcialmente con la magistrada de primera instancia, por cuanto la realización de una parte de los actos ejecutivos pertenece al ámbito competencial de los tribunales del Estado de residencia del demandado en el que se han de realizar los actos coercitivos -tales como inscripciones en los registros públicos de bienes de otro país, retenciones de fondos o embargos de depósitos radicados en empresas o entidades financieras extranjeras-. Este es el verdadero y racional sentido de la norma de atribución competencial internacional, en tanto que implique la adopción de tales medidas que entran dentro de la esfera soberana de cada país. Ahora bien, lo que es indudable es que la primera fase del procedimiento de ejecución, es decir, la concreción de la deuda y la facilitación de los testimonios y certificaciones de firmeza de la sentencia que se ejecuta, que se necesitan para que se pueda formular la pretensión ante los tribunales competentes de otro país, es competencia del tribunal que dictó la el título ejecutivo. En el caso que nos ocupa, por las razones dichas, para no causar indefensión a la parte actora, también por razones de economía procesal y en aplicación del principio iura novit curia, se debe admitir la solicitud de ejecución y despachar la misma en cuanto a la correspondencia entre lo que se solicita y el título ejecutivo, así como la concreción de la deuda alimenticia que ha de ser objeto de la actividad ejecutoria; y como ya hemos dicho, se debe intentar la notificación de la resolución al procurador que ostentó la representación del deudor en el proceso principal e intentar también el emplazamiento del demandado por vía postal internacional; sin perjuicio de que, a la vista de su resultado, se obre en consecuencia, pero nunca se debe inadmitir a limine la pretensión ejecutiva, sino que debe admitirse y, seguidamente, declarar la incompetencia para los actos ejecutivos que deben realizarse en otro país, entregando los certificados previstos en los Reglamentos comunitarios 4/2009 y 228/2015 y advirtiendo a la parte de las vías adecuadas para el ejercicio de su derecho a que se ejecute la sentencia firme dictada, bien formulándola directamente ante el tribunal extranjero competente o por la vía de cooperación entre Autoridades Centrales».

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