Inadmisibilidad manifiesta de un recurso de casación ante el TJ por figurar en la demanda en versión papel la impresión de una firma electrónica autentificada (STJ 28 mayo 2020)

La Sentencia del Tribunal de Justicia , Sala Octava, de 28 de mayo de 2020 (asunto: C-309/19 P: Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Comisión), declara que con independencia del hecho de que los abogados de la recurrente posean certificados nacionales que les permiten utilizar firmas electrónicas cualificadas, dado que el original de la demanda está en soporte papel y no en soporte electrónico, no cabe considerar que los datos relativos a esas firmas, aunque incluyan los términos “firmado digitalmente”, tengan carácter electrónico, sino que deben considerarse meras menciones impresas, al igual que cualquier otro elemento impreso de la demanda.

Mediante su motivo único de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al estimar, en el auto recurrido, que se habían incumplido los requisitos establecidos en el art. 73 de su Reglamento de Procedimiento, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia. Sostiene, en esencia, que este error de Derecho se basa en la desnaturalización de los hechos por el Tribunal General, al haber considerado erróneamente que la demanda contenía firmas escaneadas, siendo así que, en realidad, tales firmas son firmas electrónicas cualificadas, que deben asimilarse a las firmas manuscritas en el sentido de dicho artículo.

En la presente decisión el Tribunal de Justicia declara que, conforme al art. 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al art. 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de tales hechos y elementos de prueba no constituye pues, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Recuerda el Tribunal de Justicia que una desnaturalización de este tipo debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, y que incumbe al recurrente indicar de manera precisa los elementos que, en su opinión, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado a este a dicha desnaturalización. En el caso de autos, cabe constatar que la última página del original de la demanda contiene, en relación con cada uno de los dos abogados firmantes, una firma de apariencia manuscrita acompañada de una mención impresa “firmado digitalmente por [nombre del abogado]”, así como de un código de identificación vinculado al nombre de cada abogado firmante y de la fecha y hora en que se hizo uso de las firmas electrónicas cualificadas. Por otra parte, las páginas 25 y 26 de ese mismo original contienen también una firma de apariencia manuscrita de cada uno de los abogados de la recurrente.

Entiende el Tribunal de Justicia que por lo que respecta, en primer lugar, a las firmas de apariencia manuscrita que figuran en las páginas 25 y 26 y en la última página de la demanda, de un examen físico del original de la demanda se desprende que se trata de imágenes escaneadas de firmas manuscritas, extremo que la recurrente no discute. Y, por lo que respecta, en segundo lugar, a las supuestas firmas electrónicas cualificadas que figuran en la última página de la demanda, procede señalar, con independencia del hecho de que los abogados de la recurrente posean certificados nacionales que les permiten utilizar tales firmas, que, dado que el original de la demanda está en soporte papel y no en soporte electrónico, no cabe considerar que los datos relativos a esas firmas, aunque incluyan los términos “firmado digitalmente”, tengan carácter electrónico, sino que deben considerarse meras menciones impresas, al igual que cualquier otro elemento impreso de la demanda. En tercer lugar, considera el Tribunal de Justicia que el original en soporte papel de la demanda no contiene firmas electrónicas cualificadas, sino que, en el mejor de los casos, no es más que la impresión en papel de un documento electrónico que contiene la firma electrónica cualificada de cada abogado de la recurrente.

Considera el Tribunal de Justicia que no puede reprocharse al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos al considerar, en el apartado 6 del auto recurrido, que la demanda no incluía firmas manuscritas de los representantes de la recurrente, sino únicamente firmas escaneadas.

Puesto que todas las firmas que figuran en el original en soporte papel de la demanda deben calificarse de firmas escaneadas, procede desestimar la alegación de la recurrente basada en un error de Derecho en el que supuestamente incurrió el Tribunal General como consecuencia de una desnaturalización de los hechos.

Añade el Tribunal de Justicia, por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación de la recurrente según la cual los abogados de esta se atuvieron, a efectos de la presentación de la demanda, a las instrucciones que les había dado por teléfono la Secretaría del Tribunal, basta con señalar que la recurrente no alega que la Secretaría diera instrucciones a sus abogados para que enviaran, en triple ejemplar, un original en papel que contuviera únicamente firmas escaneadas y la impresión de firmas electrónicas cualificadas y que, al obrar de ese modo, los indujera a error.

En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de que la exigencia de la firma manuscrita, tras la entrada en vigor de una nueva versión del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, fue derogada a partir del 1 de diciembre de 2018, es decir, solo dos días después de la expiración del plazo de interposición del recurso, basta con señalar que la recurrente no discute que la versión aplicable del Reglamento de Procedimiento era efectivamente la anterior a la versión de 1 de diciembre de 2018.

Por último, en la medida en que la recurrente invoca el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, procede declarar que, además de que el presente litigio no se inscribe en un marco penal, la inadmisibilidad de la demanda pronunciada por el Tribunal General en el auto recurrido no constituye una «sanción» impuesta a la recurrente, sino que es la mera consecuencia de la inobservancia, por parte de la recurrente, de una norma procesal contenida en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

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