EL TSJ de Valencia desestima una acción de anulación de un laudo arbitral basada en la vulneración del orden público (STSJ Valencia 29 julio 2019)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 29 julio 2019 desestima una acción de anulación con un importante razonamiento:

«El rechazo de la acción de anulación ejercitada por la representación procesal de Dª. B., se sustenta en un doble orden de cuestiones que se corresponden con la naturaleza de esta acción y la inviabilidad del motivo relativo al orden público. 1. Comenzando por la primera cuestión, ha de recordarse que el art. 40 de la LA regula una acción autónoma, de carácter garantizador, excepcional y típico, que se dirige a atacar la eficacia de cosa juzgada de la decisión arbitral y que el legislador sujeta a supuestos de grave contravención del ordenamiento jurídico. Ese carácter excepcional y típico se observa en la propia descripción de los motivos previstos para su válido ejercicio. Por un lado, su enumeración es una relación tasada que, recluida en seis letras, imposibilita el acceso a este instrumento por cuestiones-infracciones diferentes a las allí dispuestas. Por otra parte, el contenido acordado responde a parámetros medidos que confinan el sistema de tutela judicial en márgenes muy estrechos. Tan así es que, no obstante la amplitud de alguno de los defectos enunciados y del funcionamiento del último -el orden público- como norma de cierre, la actuación de los tribunales se reduce a supervisar que el procedimiento arbitral -desde su inicio hasta su fin- se realizó conforme a las garantías básicas e indispensables que informan el mismo. Por ello dispone el art. 41.1º de la Ley de Arbitraje que «…». El recordatorio era necesario pues, siendo así, la acción de anulación ejercitada por la representación procesal de Dª. B. carece de posibilidades de aceptación. Nótese que, si bien se fundamenta en una de las causas previstas en su ley reguladora, el orden público, el enunciado del demandante no deja de ser meramente formal al eludir, como se verá a continuación, uno de los elementos claves: no cabe el reexamen del fondo de la decisión arbitral y menos aún la resolución ex novo de la controversia suscitada en arbitraje. La única excepción, la contravención del sistema político-jurídico constitucional, que evidentemente no se ha producido. 2. En segundo lugar y en menor medida, la desestimación de la demanda tiene igualmente que ver con el significado y desarrollo de la letra f) utilizada por el demandante como cauce sustentador de la anulación solicitada. Debe recordarse que el orden público nos acerca a una figura confusa y de difícil concreción, máxime cuando se superpone a muchos de los títulos reflejados en el art. 41.1º de la Ley de Arbitraje, particularmente a los contenidos en las dos primeras letras del mencionado precepto y relativos a la invalidez del convenio arbitral y a las infracciones procesales generadoras de indefensión. Consecuentemente, la primera aproximación a esta causal, «que el laudo sea contrario al orden público», solo puede tener carácter negativo y para desechar cualquier contravención que pudiera estar contenida en alguna de los restantes apartados. El ulterior entendimiento, sin embargo, es de índole positiva y por definición mucho más compleja integrándose, según jurisprudencia consolidada, por un conjunto de valores que se consideran  intangibles en tanto en cuanto fundamento de la sociedad soberana en un momento y una realidad histórica determinada. Ni que decir tiene que esos valores en la actualidad gozan de naturaleza constitucional y se identifican a partir de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución Española en los términos del art. 53.1º de la Norma Fundamental ( STC 54/1989, de 23 de febrero). Téngase en cuenta entonces que para la viabilidad de este motivo, resulta imprescindible tanto la invocación del derecho vulnerado como la alegación de la concreta o concretas actuaciones u omisiones que dieron lugar a su quebranto; y ello sin perjuicio de la posibilidad de apreciación de oficio que se contempla en el art. 41.2º de la Ley de Arbitraje. Ocurre, sin embargo, que el análisis de las dos alegaciones planteadas a u amparo no permite verificar el cumplimiento de tales requerimientos».

«Desestimación. 1. Se impone, antes de entrar en las concretas razones por las que debe rechazarse la demanda, una llamada de atención sobre dos cuestiones de las que inevitablemente se ha de partir: (i) que el árbitro no entra en el fondo del asunto al haber apreciado la caducidad de la acción; (ii) que el árbitro tiene facultades para decidir sobre las excepciones cuya estimación le impediría entrar a conocer de la controversia propiamente dicha (art. 22 LA). Partiendo de lo anterior, ha de adelantarse -o insistirse- que los motivos invocados para dar apoyo a la anulación solicitada guardan relación con el «objeto litigioso» planteado en el arbitraje y que, como acaba de señalarse, no ha sido resuelto. 2. Comenzando por la primera alegación, pudiera pensarse que el demandante cumple formalmente con aquellos requerimientos que se asocian a la impetración del orden público: cita el art. 24 CE, señala a la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental vulnerado y acota las actuaciones que dieron lugar a su infracción al no haberse practicado pruebas propuestas por la parte y admitidas. Ahora bien, al margen de que erró el demandante en el cauce anulatorio elegido, no se olvide que la letra d) del art. 41 de la LA recoge específicamente que el procedimiento no se ha ajustado al acuerdo de las partes o, en su defecto, a lo dispuesto en la propia Ley de Arbitraje, no puede desconocerse: ·Que las críticas vertidas sobre el quebranto del art. 24  CE tienen en el arbitraje un alcance cuestionable por referirse a la jurisdicción. ·Que, en todo caso, el derecho a la tutela judicial efectiva no tiene entre sus contenidos el de obtener una resolución favorable a sus pretensiones. Se satisface, en doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, con una resolución de fondo debidamente motivada y ello, naturalmente, si concurren los presupuestos procesales legalmente establecidos. ·Que el derecho a la prueba recogido en el art. 29 LA menciona expresamente la pertinencia. ·Que potestad de los árbitros es decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración (art. 25 LA). Por consiguiente,recayendo las críticas del demandante sobre prueba no practicada en relación con los hechos objeto del arbitraje y pronunciándose el laudo sobre la excepción de caducidad y no sobre la controversia de fondo, es claro que ni el procedimiento arbitral se ha apartado del acuerdo de las partes o de lo dispuesto en la ley reguladora del arbitraje ni, mucho menos, el orden público se ha visto lesionado. 3. Respecto a la alegación segunda poco más hay que decir. El orden público no se extiende a infracciones de legalidad ordinaria. Y desde luego la acción de anulación no es un medio de impugnación en sentido estricto que tienda a corregir el error en que hubiera podido incurrir el árbitro que dictare la resolución. Por ello tampoco cabe acoger la nulidad del laudo arbitral solicitada a través de esta vía. La pretensión del demandante -insistimos, más próxima a un recurso que a una acción independiente- se basa en la inaplicación de una norma material por el árbitro, inaplicación por lo demás debida ante la apreciación de la excepción de caducidad de la acción y la consiguiente falta de pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Recuérdese entonces que entre las facultades de los árbitros se encuentra, precisamente, resolver las excepciones que impiden contestar la controversia de fondo suscitada (art. 22 LA). Y que el ámbito de conocimiento de esta Sala viene delimitado por el carácter excepcional de la acción de anulación y el principio de intervención mínima de los órganos judiciales en el arbitraje (arts. 7 y 41 LA). En estas condiciones -e imposibilidad de infracción de «la literalidad del decreto valenciano Legislativo 2/2015, de 15 de mayo» al margen-, el orden público no se ha visto vulnerado. La demanda, por tanto, se desestima teniendo en cuenta además que de las actuaciones que obran en autos se colige sin excesiva dificultad la válida emisión del laudo arbitral».